La magnitud de una eventual sentencia en contra en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, que está a cargo de Loretta Preska, determinará el curso de la discusión en torno al futuro de YPF que se materializará en los próximos meses durante la transición de gobierno. Aunque técnicamente la petrolera quedó afuera en marzo pasado del juicio en Nueva York iniciado por Burford Capital, si la indemnización en favor del fondo de inversión supera los US$ 5000 millones tendrá un efecto sistémico que volverá a poner a YPF en el centro de escena. Ya no sólo en términos revisionistas para debatir si la reestatización de la compañía tuvo o no sentido en términos económicos —a los US$ 5000 millones que ya se le pagaron a la española Repsol se le podría sumar un cifra similar o incluso más alta a Burford—, sino de cara al futuro, concretamente para definir de dónde saldrán los fondos para hacer frente a esa compensación.

La responsabilidad formal recaerá sobre la política y estará en cabeza del próximo gobierno, pero es impensable que una erogación de tanto dinero no traiga aparejada una discusión sobre cómo puede aportar YPF en esa cuestión. Desde esa lógica, si algunos representantes de la oposición están empezando a pensar, por ahora de forma incipiente, de qué activos debería desprenderse la compañía para ser más eficiente —en esa lista figuran subsidiarias en el negocio petroquímico y en el de gas natural—, es presumible que esas ideas cobren mayor intensidad si el conflicto legal con Burford genera un pasivo multimillonario.

Lo concreto es que más de cinco fuentes vinculadas al juicio consultadas por este medio pronosticaron un desenlace sombrío para la Argentina. «Un buen escenario es obtener una sentencia en contra de entre 2500 y 3000 millones de dólares. Pero creo que será bastante más alta, no de US$ 16.000 millones como publicaron algunos medios de comunicación, pero sí tal vez de 6000 o 7000 millones«, reconoció un encumbrado ejecutivo de la industria con acceso a la causa que tramita en EE.UU.

Habrá que ver, en ese escenario, si ese planteo ligado a la venta de activos secundarios de YPF no escala hacia un estadio mayor con foco en una reprivatización parcial de parte del 51% de las acciones que tiene el Estado nacional en la empresa. Por ahora, ninguno de los referentes de la oposición avanza sobre esa alternativa, pero un fallo ruinoso en Nueva York podría cambiar de cuajo el contexto.

La modulación y el tono de ese debate dependerán de quiénes estén al frente de YPF para defender el plan de negocios de la compañía, que es estratégica para poner en valor y convertir en exportaciones tangibles los cuantiosos recursos de Vaca Muerta. En esa clave, en junio trascendió que Mauricio Macri había sugerido el nombre de Gabriel Martino, ex titular de la filial local del HSBC y con nula trayectoria en la industria energética, como candidato a asumir la presidencia de YPF en caso de que Patricia Bullrich se imponga en las próximas elecciones. Esa versión, no obstante, perdió fuerza en las últimas semanas.

Dos cuestiones centrales

Este viernes se llevará la tercera y última jornada del juicio la expropiación de YPF iniciado en la Justicia de Nueva York, en el que el Estado argentino ya fue declarado culpable, pero no se cuantificó la indemnización a favor de Burford. La mayoría de las fuentes consultadas por EconoJournal coincide en que el fallo definitivo se dilatará hasta después de las PASO. Podría anunciarse recién en septiembre.

Preska debe precisar dos cuestiones centrales: en primer lugar, qué cotización de la acción de la petrolera se debe tomar para calcular la indemnización. El Estado argentino alega que tendría que aplicarse la cotización del 7 de mayo de 2012, fecha en que se promulgó la Ley de reestatización, que estaba en torno a 16 dólares, mientras que los abogados y expertos de Burford —que pagó unos US$ 15 millones al síndico de España que estaba a cargo de la quiebra de Petersen Energía para adquirir los derechos para litigar contra la Argentina— argumentan que los daños económicos deberían calcularse en base a la cotización del 16 de abril de ese año, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció públicamente la decisión de reexpropiar el 51% del capital accionario de YPF. Ese día la acción superaba los 23 dólares.

La segunda variable a definir es la tasa de interés que se aplicará sobre la indemnización, una cuestión importante si se tiene en cuenta que los hechos transcurriendo hace más de 10 años. Ese porcentaje podría ubicarse entre un 4% y un 5%, en línea con el rendimiento de los bonos soberanos de EE.UU., según explicaron fuentes consultadas por este medio.

Un ex directivo de YPF que conoce bien el caso que transcurre en Nueva York sumó un tercer elemento sobre la mesa: la posibilidad de que, una vez que esté determinado el monto de la indemnización, la jueza acceda a descontar un proporcional por el valor de las acciones de Petersen Energía que terminaron perdiendo los Eskenazi a manos de un pool de bancos y de la propia Repsol por no pagar los créditos otorgados para desembarcar en YPF.

¿Neteo de acciones y daños?

En rigor, los Eskenazi defaultearon esos préstamos cuando cambió la política de distribución de dividendos de la petrolera, que entre 2008 y 2012 estuvo diseñada para permitir un vaciamiento y una internacionalización de la renta generada por YPF en favor de Repsol a fin de que Petersen pueda cancelar sus compromisos financieros, tal como publicó este medio el 3 de abril pasado.

“Budford no se quedó con las acciones de los Petersen. Pese a lo cual, en su fallo de marzo, Preska definió que el reclamo por la OPA (oferta pública de acciones) podía escindirse de la titularidad de esos títulos. Aún así, creo que al fijar la indemnización debería descontarse el importe al que Petersen Energía vendió o le ejecutaron las acciones”, explicó un experto legal que conoce bien las actuaciones. En ese caso, habría que restrear cuál era el valor de las acciones cuando los bancos realizaron el take over sobre el capital accionario que estaba en poder de los Eskenazi.

En este punto, no hay coincidencia entre las fuentes consultadas. Un abogado que sigue el caso desde EE.UU. le resto sentido a esa posibilidad al negar que la defensa argentina —que corre por cuenta de la Procuración que dirige Carlos Zanini, que está en Nueva York siguiendo el juicio— haya planteado la chance de netear de la indemnización el valor de las acciones ejecutadas por los bancos.

Apelación segura

Lo que está asegurado es que, en caso de ser negativo, como se espera, el Estado argentino apelará el fallo de Preska, aunque más no sea para ganar tiempo y que la resolución del conflicto recaiga sobre el próximo gobierno. El derecho a presentar un recurso de apelación no requiere de una aprobación previa de la Justicia norteamericana, como sucede cuando un actor recurre en queja a la Corte Suprema. A raíz de eso, la defensa argentina cree que la resolución final del juicio demandará al menos un año más.

“El derecho a apelar contra la sentencia definitiva, la que resulte de este juicio, que fijará los daños, siempre existió. Lo que en su momento se dijo fue que la sentencia de marzo (que determinó la responsabilidad del Estado argentino) podía ser apelada en esa oportunidad pero sujeto a cáusales excepcionales que la jueza debía valorar. O bien, una vez que se dicte la sentencia de daños, se podría apelar ambos fallos, es decir, la responsabilidad y la cuantificación de la compensación”, explicó otra fuente consultada por este medio.

Habrá que ver cómo juega una apelación sobre YPF porque si el Estado argentino recurre la sentencia de Preska podría abrir una puerta para que, en respuesta, Burford reclame la reinclusión formal de la petrolera dentro del juicio. Lo que sí es seguro es que, para apelar, la Argentina deberá pagar una suma de dinero, aún no precisado, a modo de garantía que surgirá de los montos económicos que se acuerden en la sentencia en Nueva York.