NEUQUÉN (Corresponsal).- Las autoridades provinciales de Neuquén dirigieron a la secretaria de Energía, Flavia Royón, un documento firmado por el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y por el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro. En el mismo se destaca la necesidad de que “se revoque la instrucción remitida a Enarsa en relación con la generación de energía eléctrica en jurisdicción de las provincias de Río Negro y Neuquén, y de todo acto administrativo que se hubiera dictado en consecuencia de las competencias allí arrogadas; por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y de ilegitimidad”.

Fue durante la primera semana de junio que la secretaria Royón le pidió al titular de Enarsa, Agustín Gerez, que “adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y los contratos relacionados con dichas centrales”. Vale aclarar que los acuerdos de concesión de las represas Alicurá, El Chocón y Planicie Banderita -que están en manos de la norteamericana AES, la italiana Enel y Orazul Energy, respectivamente- vencen el próximo 11 de agosto.

El Gobierno neuquino insiste en que el debate por el manejo de las centrales hidroeléctricas es más amplio que una simple concesión, y apunta a la opción de un control y una renta que incluya a su distrito y a Río Negro. “Se propone la creación de una empresa hidroeléctrica regional tripartita, conformada por el Estado nacional, junto con las provincias. Entre los ejes centrales del proyecto, se deberá contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes”, sostiene la nota.

Además, en el documento se manifiesta que el Gobierno nacional desestimó el trabajo de una comisión ad hoc creada en virtud del acuerdo entre ambas provincias, suscrito en diciembre de 2021, y el rol de las entidades de control como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Organismo Regional de Seguridad de Presas (ORSEP). “Nótese que con la instrucción de la secretaría de Energía de la Nación se vulneran las competencias asignadas a estos entes, razón por la cual la toma de posesión de los aprovechamientos por parte de Enarsa requiere de la firma de un acuerdo que coordine y defina los planes de acción para permitir el posterior control de su cumplimiento por parte de estos organismos”, advierte la carta.

Desde hace años, prosigue el Gobierno de Neuquén, se han promovido mecanismos de concertación para definir el destino de los aprovechamientos hidroeléctricos junto con la provincia de Rio Negro. “Sin embargo, sólo se obtuvieron respuestas evasivas por parte de las autoridades nacionales. Frente a ese proceso, nos sorprende la solución ejecutada por la Secretaría de Energía de la Nación, arrogándose facultades en forma excluyente sobre el futuro de los complejos hidroeléctricos, en clara violación de la buena fe que debió prevalecer en las negociaciones”, cuestiona la nota.

Para las autoridades de la provincia, resulta necesario que no se ceda la administración de las represas a Enarsa, ni siquiera de manera momentánea, ya que en nuestro país “las cuestiones transitorias tienden a transformarse en permanentes”. “En concordancia con esto, desde las provincias se deben actualizar y fijar las nuevas normas de manejo del agua, de cuidados ambientales y de seguridad de presas que van a regir a futuro”, agrega el documento.

El Gobierno provincial planteó también que se debe volver a instrumentar la Tarifa Comahue en Neuquén y Río Negro, “como una herramienta de estricta justicia para con los habitantes de ambas provincias que hoy ven encarecida sus tarifas por el impacto de los costos de transporte y las pérdidas del sistema que se aplica”.

¿Posible judicialización?

La nota consta de un apartado denominado “Reserva de Derecho”, donde se precisa que “la provincia se reserva el derecho de judicializar la cuestión aquí expuesta mediante el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 6º, 11º y 14º y ccs. de la Ley 15336, en tanto otorgan al Poder Ejecutivo Nacional en forma exclusiva el poder concedente; y cualquier acto administrativo del Estado nacional que tenga por finalidad definir el destino de los recursos hídricos en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro sin la participación de las provincias que ostentan su titularidad”.

Actores y reuniones

Durante esta semana, varios actores involucrados pusieron el tema sobre las mesas de diálogo en Buenos Aires.

En ese sentido, los legisladores del Frente de Todos (FdT) neuquino, Tanya Bertoldi y Guillermo Carnaghi, se reunieron con la secretaria Royón y con el diputado nacional rionegrino Pedro Dantas para discutir la situación de las represas.

Un día antes, Royón y el ministro de Economía, Sergio Massa, recibieron por el mismo tema al gobernador electo Rolando Figueroa. Tras el encuentro, la secretaria afirmó que “la voluntad es que las provincias participen en las decisiones y por eso está contemplado un director para cada una”.