Al mismo tiempo que el gobierno avanza con la quita de subsidios energéticos a los hogares, introdujo un artículo en el decreto de extensión del Plan Gas que volvió a incluir como parte de la “demanda prioritaria” a los usuarios categorizados como “Servicio General P3 Grupos I y II”. Esto significa que unas 2000 industrias y comercios de consumo intermedio dejarán de comprar el gas en el mercado mayorista y pasarán a ser abastecidos por las distribuidoras —Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras—, lo que derivará en una reducción del precio que pagan y en un mayor costo fiscal para el Tesoro, que se expresará en un mayor nivel de subsidios.
En mayo de 2005, la Secretaría de Energía les prohibió a las distribuidoras, a través de la resolución 752/2005, realizar contratos de corto, mediano y largo plazo para la compra de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para abastecer a los usuarios del Servicio General ‘G’. A partir de entonces, esos usuarios tuvieron que adquirir el gas en el mercado mayorista con el consiguiente incremento en el precio, pues las tarifas que cobraban las distribuidoras estaban congeladas. Con el paso de los años, esa prohibición se fue flexibilizando, pero las industrias siguieron contratando mayoritariamente el gas en el mercado mayorista.
En esa clave, en el decreto 892/2020, que creó el Plan Gas.Ar, ya se había dispuesto pensar en un esquema de transición para que la demanda de los usuarios comprendidos dentro de las categorías del Servicio General P3 Grupos I y II. Pero como ese régimen de transición nunca se concretó, las industrias siguieron comprando el gas mayoritariamente en el mercado mayorista.
Antecedente
Cuando en la previa del último invierno el precio mayorista se disparó por encima de los US$ 10 por millón de BTU, la Unión Industrial Argentina y representantes de empresas de Córdoba se reunieron con el entonces secretario de Energía, Darío Martínez, para pedirle ayuda y el funcionario le ordenó a Enarsa venderle gas a grandes usuarios y usuarios P3 a US$6,05 por millón de BTU más el costo de transporte en firme. Esa medida, con el consiguiente impacto fiscal, forzó una baja artificial del precio.
«Insólitamente, mientras el país importaba gas natural licuando por encima de los US$ 30 por millón de BTU, el gobierno tomó la decisión de re-vender ese gas a una quinta parte de ese valor. (La estatal) Enarsa, que está a cargo de la compra de LNG, es la absorbió la pérdida», recuerda el gerente comercial de una petrolera.
Ahora el gobierno da un paso más y decide dar marcha atrás con el decreto 752/05 y establece que las industrias P3 —que por lo general son industrias pequeñas, pero que también engloban a varias aceiteras y empresas alimenticias— volverán a comprarle el gas a las distribuidoras.
«Es raro, justo mientras un sector del Frente de Todos cuestiona a los formadores de precios por la inflación de los alimentos, el gobierno implementa un mecanismo que, en los hechos, implicará que las muchas alimenticias reciban el gas subsidiado. Es un contrasentido», reconoció el presidente de una gran industria que compra el gas directamente en el mercado.
Demagogia
La medida, que fue negociada por el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, le permite al gobierno congraciarse no solo con parte de los industriales sino también con los gobernadores que muchas veces hacen lobby en nombre de ellos, aunque no será gratis. Hasta ahora podían llegar a pagar entre US$ 7 y US$ 8 por millón de BTU y ahora pagarán menos de la mitad por los casi 3 millones de metros cúbicos que este segmento del mercado consume diariamente.
«El segmento de los P3 es relativamente marginal, representa un 3% de la demanda total de gas del país, pero tenía una particularidad: eran industrias que, en su gran mayoría, pagaban un precio del gas ‘realista’ que, de alguna manera, seguía los lineamientos de la oferta y la demanda», explicó un consulto. «A partir de ahora, la tarifa que le paguen a la distribuidora pasará a depender más de la política que de los agentes del mercado de gas. Es una decisión demagógica. En todo caso, debería ser optativo, es decir, que exista la posibilidad de comprar el gas en el mercado mayorista o a una distribuidora», agregó.
El problema es que de este modo se sale a subsidiar a las empresas cuando se les está quitando subsidios a millones de hogares. Pese a la promesa oficial, los que están perdiendo los subsidios no solo son los hogares de mayores ingresos sino también sectores medios que por diversas razones no se inscribieron en el registro. Para estos usuarios la suba del gas estará en torno del 100% por la partida de subsidios, mientras que el aumento en electricidad trepará al 200%.