Directivos de las empresas que generan electricidad como Pampa Energía, Central Puerto, Enel y AES, entre otras, se reunieron el viernes al medio mediodía como Guillermo Moser, secretario de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, para intentar encaminar una negociación salarial que viene torcida. El del viernes fue el quinto encuentro entre las partes sin una solución a la vista.

El gremio reclama un aumento del 35% entre septiembre y diciembre de este año. Los privados responden que sólo convalidarán ese incremento si el gobierno actualiza primero la remuneración que perciben las generadoras por la operación de lo que en la jerga eléctrica se conoce como ‘centrales viejas‘, es decir, aquellas plantas térmicas e hidroeléctricas que llevan años en actividad y no poseen un contrato con Cammesa.

Frente a la incapacidad de llegar a un acuerdo, Luz y Fuerza empezó la semana que pasó a desplegar un plan de lucha. La medida más concreta es el cese de colaboración del personal durante las horas extras. Fuentes privadas indicaron que la decisión del sindicato no compromete aún la operación técnica de las plantas, pero reconocieron que si la situación no se ordena en los próximos días podría haber problemas en el corto plazo.

Desde el gremio que conduce Moser exigen la revisión de la paritaria para adecuar los salarios de los trabajadores al escenario actual de alta inflación. Las generadoras explican que mayoritariamente cobran una tarifa pesificada que es definida por el Estado a través de Subsecretaría de Energía Eléctrica. La remuneración actual está definida en la Resolución 238/2022, que en abril estableció un aumento del 40% en dos fases para la empresas (un 30% retroactivo a febrero y un 10% adicional en junio).

Sin acuerdo

En los últimos tres años, los ingresos de las empresas eléctricas se deterioraron por la negativa del gobierno de Alberto Fernández a llevar las remuneración en línea con la inflación. Según datos a los que accedió EconoJournal, en comparación con lo que percibían en 2019, las centrales viejas registraron una caída de sus ingresos de alrededor de más del 55% medido en pesos constantes.

De fondo, lo que el episodio deja de manifiesto es la incapacidad del Ejecutivo para destrabar una situación que, desde lo numérico, no se presenta como tan compleja. Las generadoras eléctricas ya habían acordado con Federico Basualdo, ex subsecretario de Energía, una recomposición de sus ingresos del 10% en septiembre y un 15% adicional en diciembre. Con esa mejora del flujo de fondos, acordarían una suba salarial con Luz y Fuerza. Sin embargo, tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y la reestructuración de la Secretaría de Energía, la negociación con los privados quedó virtualmente paralizada.

¿Qué gasto adicional implicaría para el Tesoro recomponer las remuneraciones previstas en la resolución 238 en función de lo acordado de palabra con Basualdo? Fuentes consultadas estiman que la transacción mensual que paga Cammesa a las generadoras se incrementaría en no más de un 2 o 3 por ciento. O sea, un monto costeable.

Los privados explican, además, el congelamiento de la remuneración de las generadoras no sólo empantana una negociación con el gremio del sector, sino que también pone en riesgo la sustentabilidad del parque de generación porque está claro que, si no mejoran sus ingresos, las empresas irán, progresivamente, recortando la inversión en la operación y mantenimiento de las centrales eléctricas comprometiendo la disponibilidad de las plantas térmicas para el verano, el período de mayor consumo eléctrico.