Fernando Navajas, economista jefe de FIEL y referente en materia de energía, estimó que la suba de los subsidios energético oscilará este año entre los 3500 y 4200 millones de dólares, dependiendo del resultado de la segmentación tarifaria anunciada por el gobierno. De este modo, queda claro que se avanzará en la dirección opuesta al ahorro que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Navajas calcula ese aumento en un paper reciente, titulado “Los subsidios a la energía en la Argentina 2022”, donde cuestiona con dureza la política tarifaria del gobierno de Alberto Fernández y explora alternativas que deberían encararse luego de 2023 para desandar este camino.

Suba de costos en gas y electricidad

Navajas estima que los costos unitarios del gas van a trepar un 37% y los de la electricidad un 10%.

En el gas la suba va a estar determinada por los efectos de los mayores precios de importación.  El cálculo supone que el LNG importado (que representa el 55% de la oferta importada) se va a multiplicar por 4,5 al pasar de 8,33 dólares por millón de BTU en 2021 a 38 dólares este año, mientras que el gas boliviano (que es el 45% de la oferta) duplicará su precio.

El impacto del LNG puede situarse, según Navajas, en un rango de 3 a 5 mil millones de dólares, que son menores que las más pesimistas que circulan y que elevan la cifra a 7 mil millones. A su vez, a este número le agrega unos mil millones adicionales que costarían las importaciones de Bolivia por la indexación del contrato y la renegociación reciente.

Esto lleva a un aumento ponderado del 250% que a su vez ponderado por el share de las importaciones, estimado en el 15% de la oferta total, termina dando lugar a un aumento del 37%.

En electricidad la suba del 10% se explica porque Navajas estima que el consumo del grupo objetivo que entra en la segmentación es el 10% del consumo residencial, o sea el 4% del consumo total, y que el aumento de precios es del 250% en dólares. No obstante, estas subas estimadas en los subsidios se explican mayormente por el shock de costos unitarios y mucho menos por la sub indexación tarifaria.

La estimación resultante está más sesgada a los subsidios al gas natural que aumentan 2880 millones de dólares y explican dos tercios de la suba total de subsidios en 2022. La suba de los subsidios en electricidad, en cambio, sería de 1375 millones (ver cuadro)

¿Qué pasaría si se decide importar menos gas? “Alternativas a estos supuestos –dice Navajas- es suponer que hay una ausencia de gas importado y que el sector eléctrico debe virar a líquidos. (…)Esta alternativa de virar a líquidos acotaría los subsidios al gas y subiría violentamente los subsidios a la electricidad. El efecto final va a ser de todos modos bastante similar en cuanto al salto”.

Críticas a la política tarifaria oficial

Navajas se concentra luego en la política tarifaria oficial y formula duras críticas a las propuestas de indexación y segmentación que se acordaron con el FMI.

La indexación propuesta prevé que los beneficiarios de la tarifa social, que son aproximadamente el 20% de la demanda, van a tener una sub indexación del 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior, mientras que otro 70% de los hogares van a tener una sub indexación del 80% del CVS, quedando por fuera de este esquema un 10% de los hogares de mayor poder adquisitivo del país a los que directamente se les quitará el subsidio.

Lo que sostiene Navajas es que al ser una sub indexación salarial en un contexto en donde difícilmente el salario en dólares pueda aumentar en la Argentina, esto podría derivar en una caída en dólares del precio que paga el grueso de la demanda, lo cual derivaría en un problema porque los costos o precios que percibe la oferta están determinados mayormente en dólares.

Navajas cuestiona también la política de segmentación “porque se aleja de la práctica aceptada internacionalmente para abordar una reforma de subsidios y porque distorsiona los precios y la competencia”. “Segmentar a los hogares de ingresos medios altos y altos presupone que los precios de la energía no van a ser los correctos y es sospechosa de conducir a subsidios cruzados y ser una maniobra distribucionista con más señalamiento político que otra cosa y que por ello se aparte de un diseño socialmente eficiente y que, esto es esencial, recaude ingresos. Mucho ruido y pocas nueces, en palabras simples”, agrega.

Además, advierte que salir del esquema actual por una vía discriminatoria que castiga a los hogares de mayores ingresos por la vía de subsidios cruzados “es una señal de que la insostenibilidad de un curso de acción de política redistributiva se va a pagar con otra redistribución, lo que favorece el apoyo de votantes que disfrutan la fiesta y no pagan la cuenta a largo plazo. Es crimen sin castigo político, que sesga los incentivos a meterse en ciclos de este tipo una y otra vez”.

Por último, advierte que los efectos sobre el precio unitario promedio que paga la demanda de los aumentos que van a recibir los hogares que perderán los subsidios es toda una incógnita porque no se ha dado a conocer los detalles de la metodología que se usará para seleccionar los mismos y no existen pruebas pilotos al respecto. “El mecanismo acordado con el FMI se ha dicho que apunta a cubrir el 10% de los hogares de mayores ingresos en 10 ciudades del país. Pero no existen trabajos o informes que den cuenta precisa de cómo va a operar”, remarca.

Debido a la falta de información, lo que han hecho varios analistas es hacer estimaciones a mano alzada y pasar a aplicar un determinado aumento porcentual asociado a la eliminación de subsidios a un estimativo del porcentaje de usuarios o de la demanda correspondiente y con ello estimar un aumento en pesos del precio promedio unitario que paga la demanda. Sin embargo, Navajas afirma que “el verdadero ejercicio de evaluación que debería realizarse es a partir de microdatos de encuestas de hogares en esas 10 ciudades, para testear si el mecanismo de segmentación funciona y depurar los errores de inclusión y exclusión que tiene dicho mecanismo, que seguro los tiene”.

“El problema es que esto no puede hacerse si no se conocen con mayor precisión los detalles del mecanismo de segmentación o los lugares en donde se va a aplicar y la secuencia con la que se quiere avanzar. Lo que sí sabemos es que la presentación tiene que haber convencido a los staffs del FMI y Banco Mundial, lo cual hace presumir que tiene mayor solidez que la estrategia presentada en el estudio del ENRE”, concluye. El estudio del ENRE al que hace referencia es aquel que La Cámpora circuló a través de los medios en diciembre realizado por un equipo de FLACSO con el apoyo del CONICET.

A los cuestionamientos técnicos, Navaja le suma la incertidumbre política de una coalición de gobierno fracturada. “Estas dudas no sólo involucran los efectos del mecanismo de segmentación sino el timing y la propia suerte que van a correr las sub indexaciones anunciadas y que deben pasar por audiencias. Un dato no menor es que los entes reguladores de gas y electricidad, que tienen una participación necesaria en esta implementación, no comulgan con la metodología adoptada –de hecho tienen otra- ni tampoco con el propio acuerdo con el FMI”, destaca.

Qué alternativa ofrece

Por último, Navajas esboza otras opciones de política tarifaria para reducir el peso de los subsidios que en la actualidad no se tienen en cuenta por razones políticas. “Frente a este escenario existen tres márgenes de acción, más allá de que sean o no adoptados por el gobierno, que son extender la segmentación a una parte de los hogares de ingresos medios, aumentar la indexación tarifaria y proceder a mover los subsidios a un formato de suma fija nominal con sub indexación a futuro. Algunos de estos ingredientes van a tener que ser parte del menú corrector de la política tarifaria después de 2023, más allá de que se adopte un criterio de  reforma más ambicioso”, concluye,