El gobierno tiene que convocar este mes a las audiencias públicas de gas y electricidad si quiere aplicar a partir de junio los nuevos cuadros tarifarios que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Llevar el aumento de tarifas anual del 20% al 40% para la mayoría de la población no tendrá un impacto significativo en la reducción de los subsidios energéticos, ya disparados por las fuertes subas del GNL y los combustibles líquidos, pero terminará siendo un test clave para saber si el presidente Alberto Fernández finalmente comienza a desmarcarse del cristinismo en el diseño de la política energética.
La promesa oficial
En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, realizada el 1 de marzo, Fernández aseguró, con respecto a la actualización de tarifas, que “nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios”.
A los dos días de ese anuncio la vocera presidencial Gabriela Cerrutti informó que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto la suba será equivalente al 80% del CVS. Eso significa que para los que tienen tarifa social la suba tendrá un techo del 21,36%, pero para el resto trepará al 42,72%, salvo el 10% de mayor poder adquisitivo que deberá afrontar un incremento sustancialmente mayor, pues dejarán de percibir subsidio al consumo energético.
Este esquema quedó ratificado en el “Memorando de políticas económicas y financieras” que se acordó con el FMI también a comienzos de marzo. De hecho, allí dice explícitamente que “antes de que finalice abril convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de actualizar los precios mayoristas de la energía con vigencia a partir del primero de junio de 2022”. Fuentes oficiales ratificaron a EconoJournal que están trabajando para que la audiencia se realice en abril, “o en los primeros días de mayo”. Por lo tanto la convocatoria, debería oficializarse en los próximos días.
Las críticas
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se opuso desde el principio de esta nueva gestión a que las tarifas acompañaran a la inflación, como quería el equipo económico, y terminó imponiendo su voluntad. En los hechos, eso significó que lo que pagan los usuarios por la luz y el gas se ha venido licuando de manera acelerada en términos reales.
El acuerdo con el FMI fue rechazado por este sector del gobierno y ese rechazo incluyó también los aumentos adicionales de tarifas que prevé el memorando. El encargado de decirlo con todas las letras fue el senador Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Fernández de Kichner. En la sesión en la que se aprobó el acuerdo con el FMI no hizo uso de la palabra, pero luego pidió insertar una exposición escrita donde, como informó EconoJournal, la emprendió explícitamente contra la suba adicional de tarifas de luz y gas. Allí dijo que durante la negociación con el FMI el cristinismo le dejó en claro al equipo económico “que no había que aumentar tarifas ni combustibles”.
Incluso remarcó su rechazo a que se avalen los aumentos haciendo referencia a la ley 27.443. “Dicha norma fue dictada en un momento histórico determinado, que buscaba morigerar los efectos perniciosos de los aumentos tarifarios sobre la población. Aquel momento histórico no es este. No resulta posible, en atención a la realidad social que vive la población, actualizar en el 2022/2023 las tarifas de los servicios públicos para los usuarios residenciales en el orden del 42,72% y de los beneficiarios de tarifa social en un 21,36%”, aseguró.
La resistencia
La oposición del cristinismo no se limita al plano discursivo. Algunos de los principales referentes de ese sector dejaron en claro en las últimas semanas que no se irán del gobierno porque son el sector mayoritario de la coalición y adelantaron que van a dar la disputa interna para tratar de forzar un cambio en la política económica.
Ese posicionamiento es clave en el área energética porque el listado de funcionarios que responde a la vicepresidenta incluye al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, al titular del Enargas, Federico Bernal, a la interventora del ENRE, María Soldad Manin, al presidente de IEASA, Agustín Gerez, al gerente general de CAMMESA, Sebastián Bonetto, y al presidente de YPF, Pablo González. También se podría incluir al secretario de Energía Darío Martínez, quien intentó mantener una posición más equidistante con respecto a las partes en conflicto, aunque siempre que lo forzaron a definirse se terminó inclinando para el mismo lado.
Todos los puestos mencionados son claves para llevar adelante la gestión cotidiana del área, una gestión que arrastra dos años de parálisis durante los cuales el cristinismo se opuso a cualquier tipo de recomposición de precios, lo que terminó impactando en el aumento de los subsidios, la suba del déficit de la balanza energética y la falta de dólares para hacer frente a las importaciones crecientes.
Pese a ello, desde ese sector buscan culpar a Guzmán por lo que está ocurriendo. En una nota publicada en Clarín durante el fin de semana le apuntaron al subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el único que responde a Guzmán dentro del organigrama del área. “Falta previsibilidad por parte del área de Planeamiento de la Secretaría de Energía”, aseguraron.
Gerez remarcó en esa nota de Clarín que IEASA todavía no aseguró el gas para el invierno, algo absolutamente inédito, porque la subsecretaría de Planeamiento Energético aún no le ordenó las compras de GNL de junio y julio. “Hay menos flexibilidad para rechazar ofertas cuando se compra con poca capacidad de planificación. Cuando se posee tiempo suficiente, se puede cambiar”, detalla Gerez.
Algo similar hizo Darío Martínez el pasado 15 de marzo cuando le envió una nota a Guzmán donde le reclamó fondos para hacer frente a los crecientes costos de importación y aseguró también que se deslindaba de todo tipo de responsabilidad sino le daban esos recursos.
No hay ninguna duda de que Guzmán también es responsable como ministro de Economía de lo que está ocurriendo en el sector energético, pero todos recuerdan que cuando el funcionario quiso desplazar a Federico Basualdo en abril del año pasado, con el argumento de que no solo no obedecía sus directivas sino que las boicoteaba, el cristinismo plantó bandera y evitó ese desplazamiento, dejando en evidencia la debilidad del ministro.
El mismo Basualdo es el que ahora, a través de los funcionarios que le responden en el ENRE, deberá realizar la audiencia pública de electricidad para impulsar los nuevos aumentos, mientras que Bernal tendrá la responsabilidad de hacer lo propio para el caso del gas. ¿Llevarán adelante las audiencias públicas y actualizarán luego los cuadros tarifarios o buscarán la manera de impedirlo? Todo este entramado deja en claro que lo que ocurra en las próximas semanas será clave para el futuro del gobierno, más allá del impacto limitado que pueda tener el aumento de tarifas en la cuenta de subsidios.
Un comentario
CFK mas el dúo Federicos, cuanto mal nos hacen como nación. El Populismo es irritante cuando las arcas se encuentran vacías. A eso súmele un presidente sumiso y sin rumbo.
Apliquen un consumo de energía escalonado con premios al menor consumo. Tan difícil no es.