La crisis política que estalló en el gobierno por la disputa entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el principal asesor en materia de energía del Instituto Patria, dejó en evidencia la falta de consenso que existe dentro del Ejecutivo acerca de cómo gestionar los subsidios que recibe el sector. En Economía consideran que la política actual de asignación de subsidios a las tarifas de gas y electricidad termina beneficiando, en términos relativos, más a los segmentos de mayores ingresos que a los usuarios de menor poder adquisitivo.

La posición del ministerio está explicitada en la tesis de maestría de Leandro Salinardi, un asesor de Guzmán en el Ministerio de Economía que desde abril se desempeña como jefe de la sección económica de la embajada argentina en Italia, con base en Roma.

Salinardi presentó en 2016 un estudio titulado «Incidencia de los Subsidios a los Servicios Públicos en
Argentina: el sistema vigente en 2015 y posibles escenarios de reforma», que se puede descargar directamente desde la web de la Universidad de La Plata, la misma casa de estudios en la que se formó el ministro de Economía. Salinardi analizó en el trabajo cómo impactaron los subsidios implementados durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 —que llegaron a representar más de cinco puntos del PBI— en los distintos deciles poblacionales de la sociedad, medidos en función de su nivel socioeconómico.

En esa clave, el asesor de Guzmán no duda en afirmar que la ejecución de subsidios energéticos durante las administraciones kirchneristas terminó siendo «pro-rico«, es decir, beneficiaron más a sectores medio altos y altos.

“No existen dudas, desde una perspectiva distributiva, que los subsidios pueden ser una poderosa herramienta para proteger a los sectores más vulnerables de una población. Sin embargo, en Argentina se ha presentado un importante problema de focalización, debido a que gran parte de las transferencias corrientes han sido absorbidas por las clases superiores y los consumidores no residenciales”, advierte el documento.

Problemas de focalización

Salinardi explica que un subsidio es ‘pro-rico’ si se concentra en la parte más alta de la distribución del ingreso, mientras que es «pro-pobre» si lo hace en los quintiles más pobres de la misma. Utilizando la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, el asesor del ministro sostuvo que, entre 2003 y 2015, la  evolución hacia el alza de los costos de generación eléctrica y de gas natural, junto con la decisión política de mantener inalterada la tarifa eléctrica al consumo residencial (en la región metropolitana de Buenos Aires, «provocó un sistemático desfasaje entre el precio que pagan las distribuidoras por la energía (precio de la demanda) y el costo de generación, que no es otra cosa que el costo promedio horario mensual de la energía que declaran los generadores de energía calculado por CAMMESA, colocando al subsidio a la electricidad del lado pro-rico«.

El desbalance fue más evidente en el caso del gas natural, dado que el servicio de gas por redes tiene una menor cobertura (por lo que los sectores populares se ven obligados a consumir garrafas de GLP). Tal como detalla la tesis, “se cuantifica el consumo por hogar en metros cúbicos y una vez obtenidas las cantidades, se procede a calcular el subsidio por hogar utilizando los cuadros tarifarios por región. De allí se deduce que los subsidios al gas de red son pro-ricos: es decir que no se concentran las transferencias en los quintiles más bajos de la distribución del ingreso, sino que lo hacen de manera pro-rica a lo largo de la misma”.

Un problema mayor

Si bien existe el mismo problema de focalización que rige para los subsidios a la electricidad, Salinardi insiste en que “se observa que el sesgo pro-rico es mayor en el estudio del gas de red. Esto se vincula con el hecho de que el gas de red no tiene el mismo grado de cobertura o acceso que la electricidad, a raíz de la existencia de hogares vulnerables más sesgados a proveerse del servicio vía gas envasado (garrafas)”.

A raíz de eso, el asesor de Guzmán propone un cambio en los esquemas de subsidios, en algunos casos replicando medidas tomadas por el gobierno nacional a partir del 2016 y en otros ensayando algunas reformas similares a las que se adoptaron en otros países del mundo. «Para alcanzar una mejora en la focalización de este tipo de políticas públicas, es críticamente importante utilizar los criterios apropiados o proxis necesarias para llegar a los grupos más vulnerables, y considerar los desafíos que acarrea su implementación», concluye el trabajo. En la práctica, implicaría avanzar con un esquema de segmentación de tarifas que continúa postergado por falta de voluntad y cohesión política dentro del gobierno.