En un hecho inédito, la industria del petróleo y del gas de Estados Unidos anunció que respalda la idea de poner precio a las emisiones de carbono en ese país. El anuncio llega luego de una reunión virtual del día lunes entre la administración Biden y algunas de las principales empresas petroleras del país, en lo que fue el primer acercamiento fuerte entre el nuevo gobierno y el sector.

American Petroleum Institute (API), la principal organización que agrupa y representa a las empresas del sector, publicó el jueves un documento de trabajo con las acciones que el gobierno y la industria pueden llevar adelante para “atender los riesgos del cambio climático”. Figura entre ellas poner precio a las emisiones de carbono, una idea históricamente resistida por el sector.

Según el documento, API y sus miembros (entre los que figuran gigantes como ExxonMobil y Chevron) apoyarán una legislación nacional “que ponga precio a las emisiones de carbono en todos los sectores de la economía”. También abogan por la integración con los mercados internacionales de carbono, para que las entidades estadounidenses tengan incentivos para reducir su huella de carbono en todo el mundo, sin entrar en desventajas competitivas y evitando el “carbon leakage” (el traslado de actividades a países con una menor regulación sobre sus emisiones).

El Instituto presenta esta y otras propuestas de cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a celebrarse en noviembre. “Enfrentar el desafío del cambio climático y construir un futuro con bajas emisiones de carbono requerirá una combinación de políticas gubernamentales, iniciativas de la industria e innovación continua”, señaló el presidente del API, Mike Sommers.

Acercamiento

La publicación del documento se produce días después de la reunión virtual que el gobierno mantuvo con los ejecutivos de diez de las principales empresas productoras de hidrocarburos. Como principal representante del gobierno estuvo la asesora nacional de Cambio Climático de la Casa Blanca, Gina McCarthy. El presidente Biden creó ese cargo para coordinar, supervisar y promover todas las políticas vinculadas con la agenda ambiental oficial en el plano federal.

La agenda ambiental ocupa un lugar prioritario para la nueva administración e interactúa con todas las áreas de gobierno, especialmente con la de energía. Biden ya tomó medidas que afectaron al sector, como la suspensión del otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de gas y de petróleo en terrenos federales y la rescisión de los permisos federales del proyecto del gasoducto Keystone XL.

Por otro lado, el sector sigue con atención los movimientos del gobierno en la SEC. Su presidenta interina empuja la idea de que las empresas que cotizan en Wall Street se vean obligadas a brindar a sus accionistas información sobre la sostenibilidad e impacto social de sus actividades. Gary Gensler, el candidato oficial a presidir la comisión que regula la actividad financiera en EE.UU., no cerró la puerta a esa propuesta y dijo que es la comunidad inversora la que demanda que las empresas brinden ese tipo de información.

No obstante, en la reunión del lunes el gobierno buscó limar las asperezas y sumar al sector a su agenda ambiental. McCarthy “dejó en claro que la Administración no está luchando contra el sector del petróleo y el gas, sino por crear puestos de trabajo sindicales, implementar tecnologías de reducción de emisiones, fortalecer la fabricación y alimentar la economía estadounidense”, explica el comunicado oficial sobre el encuentro emitido por la Casa Blanca.

«Estamos comprometidos a trabajar con la Casa Blanca para desarrollar políticas gubernamentales efectivas que ayuden a cumplir las ambiciones del acuerdo de París y respalden un futuro más limpio«, señaló Sommers, otro de los invitados a la reunión con la asesora nacional.

Captura de carbono

En el documento del API la industria se mostró en sintonía con los objetivos de la administración, elaborando propuestas en cinco áreas: aceleración de la tecnología e innovación para reducir emisiones; mitigar emisiones en las operaciones del sector; apoyar una política de precios al carbono; crear combustibles más limpios; y otorgar información más transparente sobre el impacto de sus actividades.

En tecnología e innovación, acelerar el despliegue comercial de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS por sus siglas en inglés) es una de las propuestas centrales. “Estados Unidos es el líder mundial en el despliegue de estas tecnologías. El país tiene operando 12 instalaciones de CCUS de escala comercial, capaces de capturar aproximadamente 25 millones de toneladas métricas de CO2 por año”, explica el API.

Las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono ganan terreno en la agenda del poder ejecutivo y del Congreso. “El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU ha dicho que no se puede llegar a cero emisiones de carbono sin la captura, utilización y almacenamiento. Estamos entusiasmados con eso. Obviamente, estamos ante una tecnología incipiente para capturar las emisiones de CO2, pero tenemos que hacerlo con todo tipo de combustible, si queremos llegar a cero”, dijo la secretaria de Energía, Jennifer Granholm.

El carbono puede ser removido y capturado, para ser almacenado y sellado de forma permanente en pozos de petróleo ya explotados, por ejemplo. Su captura permitiría reducir el impacto ambiental de la generación de electricidad con gas y carbón. También tiene potenciales usos industriales, como su utilización en la recuperación terciaria de petróleo. Pero hasta el momento la subinversión en  tecnologías e infraestructura de CCUS impidió demostrar su potencial económico. La Agencia Internacional de la Energía señala que la inversión anual en CCUS representa menos del 0,5% de la inversión global en energías limpias y tecnologías de eficiencia.

En los últimos días ingresaron al Congreso dos proyectos bipartidarios para su impulso. Uno busca ayudar a desarrollar la infraestructura para transportar el CO2 desde el lugar de captura hasta los sitios en los que será utilizado o almacenado. El otro busca optimizar el pago directo de los créditos fiscales a las instalaciones que ya capturan carbono y a los proyectos en construcción. Por otro lado, el Departamento de Energía anunció a principios de marzo que destinará 24 millones de dólares para la investigación de tecnología que captura las emisiones de carbono directamente del aire.