Por Pablo Rueda (*)

Hasta el año 2024, Argentina tiene su demanda prioritaria de gas natural (básicamente residencial y comercial) contractualizada con los productores domésticos de gas natural.  Este régimen de contractualización incluye mecanismos regulatorios que, aunque no perfectos, deberían poder amortiguar nuestras recurrentes devaluaciones sin que ello resulte en un indigerible aumento para los consumidores, ni tampoco una intervención en los precios mayoristas del gas natural que inevitablemente impacte en la oferta disponible de gas natural argentino, como ya sucedió en los congelamientos del 2002-2016 y el 2019-2020.

Justamente este riesgo recurrente de la historia energética argentina es uno de los factores principales de nuestro fracaso en construir un modelo exportador energético sostenible en el largo plazo que nos permita generar nuevos empleos, mejorar nuestra balanza comercial y tener un mayor acceso a divisas.

Habiendo encontrado una solución al primer escollo para un desarrollo pleno de nuestros recursos hidrocarburíferos a escala global, es hora de empezar a trabajar en el futuro. El tiempo urge, muchos ya pronostican que en pocas décadas las energías renovables sustituirán a los hidrocarburos como principal fuente de energía. Además, gracias a las medidas de la presidenta Kirchner desde el 2013, y del presidente Mauricio Macri desde el 2016, Vaca Muerta dejó de ser un recurso potencial, y hoy es, como el campo argentino, un recurso desarrollado y de viabilidad demostrada.

A pesar de que la actual coyuntura de precios difícilmente viabilice en forma inmediata las multimillonarias inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta a escala global, este escenario coyuntural seguramente cambiará en no más de tres años. Es que la demanda global de GNL es producto de tendencias de largo plazo como el aumento sostenido de la demanda energética global, la sustitución del carbón por gas natural y generación por fuentes renovables, y los problemas de producción de gas natural de otros países exportadores de GNL, como Australia y Malasia.

Es por ello que es el momento de iniciar sin pausa la construcción del escenario económico y normativo requerido para el desarrollo de Vaca Muerta a escala global. 

Lo primero a considerar es que, si vamos a desarrollar Vaca Muerta con inversiones privadas a riesgo, tenemos que ajustarnos a las condiciones que requiere esta inversión para ser sustentable en el largo plazo.  

• El primer requerimiento es contar con garantías de estabilidad en el marco macroeconómico asociado a la inversión (particularmente, impuestos a la exportación y régimen cambiario).  Por eso se necesita una ley que otorgue a las inversiones seguridad y estabilidad jurídica en áreas de alta sensibilidad como lo son las regulaciones cambiarias e impositivas; un paraguas que aísle estas inversiones de los recurrentes vaivenes económico-regulatorios de nuestro país. Esta garantía debe ser, además de jurídica, política. Por eso debe ser votada como una política de estado con participación de todos los sectores políticos mayoritarios, incluyendo la oposición.  La jerarquía legal del régimen y la instrumentación de las garantías a través de contratos de inversión con cláusulas de arbitraje en foros neutrales fortalecerán el cumplimiento en el largo plazo de los compromisos del gobierno, viabilizando las inversiones y abaratando su costo. 

• En segundo lugar, hay que modificar el régimen de exportaciones de hidrocarburos tanto en gas natural, como de crudo y sus derivados, a los efectos de regular el otorgamiento de permisos firmes de exportación de mediano y largo plazo.

La disponibilidad de los hidrocarburos localizados en la roca madre de Vaca Muerta para los argentinos no depende de su eventual descubrimiento -ya que sabemos que existen y sobran- sino de las inversiones requeridas para su extracción -que sabemos faltan y mucho menos sobran-, entonces la vieja regla de que debe estar satisfecha la demanda interna para permitir exportar, deja de ser hoy un mecanismo de garantía del abastecimiento doméstico para transformarse en un obstáculo para alcanzar el logro del autoabastecimiento en el largo plazo.

Todo riesgo regulatorio de interrupción de las autorizaciones de exportación reduce la viabilidad de los proyectos de desarrollo asociados a tales exportaciones.  A partir de la revolución de la explotación no convencional de hidrocarburos, en la Argentina, los Estados Unidos y Canadá, sabemos que el recurso existe y que lo que falta son las inversiones para su extracción y desarrollo.

En materia de gas natural no hace falta cambiar la ley sino empezar a aplicarla. El artículo 3° del decreto reglamentario de la Ley 24.076 establece que … “(5) Las autorizaciones que emita el Ministerio de Energía y Minería podrán prever la exportación de excedentes de gas a las cantidades establecidas en las mismas, siempre que estén sujetas a interrupción cuando existan problemas de abastecimiento interno. En este supuesto no será necesario obtener la aprobación de cada operación de exportación excedente en la autorización, debiéndose únicamente presentar ante el Ente, al solo efecto informativo, el respectivo contrato del cual deberá surgir la condición de interrumpibilidad y la ausencia de indemnización en caso de tal interrupción (el resaltado nos pertenece). 

Los debates parlamentarios sobre este punto confirman que el artículo 3 de la Ley 24.076 establece, y así quiso establecer, un régimen de exportación de gas natural que incluye autorizaciones firmes, que el gobierno puede otorgar siempre que la misma no afecte el abastecimiento interno; y que una vez otorgadas, tales autorizaciones no están sujetas a interrupción aun cuando existan problemas en el abastecimiento interno, excepto que se trate de exportación de excedentes que si están sujetas a interrupción de existir problemas en el abastecimiento interno.  

Por eso, en materia de firmeza de las autorizaciones de exportación recomendamos respetar y consolidar el régimen legal vigente, reafirmando el carácter firme de las autorizaciones de exportación de GNL a partir de su otorgamiento aun cuando existan problemas de abastecimiento interno.  Así, en los términos del artículo 3 de la Ley de Gas 24.076, conforme su reglamentación por artículo 3 del Anexo I del Decreto 1.738/92, las exportaciones de GNL tendrían carácter firme por los volúmenes previstos en la respectiva autorización de exportación. 

En materia de crudo sí es necesario un cambio de paradigma, justamente en momentos donde existe un serio riesgo de que nuestras reservas nunca puedan ser monetizadas a raíz de los desafíos que impone la denominada “transición energética” hacia los renovables.  Los permisos de exportación bajo la Resolución 241/2017 desincentivan inversiones en el sector. Este régimen exige obtener un permiso de exportación para cada operación puntual de exportación, el cual solo será otorgado si el mercado interno no requiere ese volumen, incluyendo un “first refusal” en favor del mercado interno. Habrá mayor seguridad energética si se regula el otorgamiento de autorizaciones firmes de exportación de crudo de mediano y largo plazo. El crudo es un commodity global siempre disponible. Además, como dijimos antes, hoy los hidrocarburos sobran en Argentina. Lo que no hay es inversiones para extraerlos.

Obviamente tanto en gas como en crudo es necesario que los tests para el otorgamiento de las autorizaciones firmes sean precedidos por estudios económicos que ponderen los distintos beneficios de las exportaciones en la economía nacional, en materia de comercio exterior, creación de empleo, etc., incluyendo sus impactos negativos, como el posible aumento de los precios internos, industrias desplazadas, impacto en el ambiente, etc.

A partir de la contractualización en el mediano plazo de nuestra demanda interna de gas natural promovida por el Plan Gas 2024, es el momento de empezar a construir las condiciones macroeconómicas y regulatorias que permitan la contractualización en el largo plazo del desarrollo a escala global de Vaca Muerta. Alternativamente, tanto el oficialismo como la oposición pueden seguir acusándose mutuamente de nuestro recurrente emprobrecimiento, y pérdida de competitividad en el mundo de hoy. En democracia, de nosotros depende.

(*) Socio del estudio de abogados Martínez de Hoz & Rueda.