El gobierno decidió que el 1º de marzo se aplique una importante recomposición tarifaria para un universo de más de 6000 industrias, PyMEs y comercios de todo el país. La resolución 131/2021, que se publicará en estas horas en el Boletín Oficial, establece que los grandes usuarios de electricidad que están bajo la órbita de las distribuidoras —se los conoce en la jerga como GUDI’s— recibirán a partir del mes que viene una factura con aumento de hasta un 70%. En promedio, los cuadros tarifarios aumentarán más del 50 por ciento.
En rigor, la norma firmada por el secretario de Energía, Darío Martínez, prevé que el precio estabilizado de la energía (PEE), que en la práctica es el importe de la electricidad que está incluido en los cuadros tarifarios de las distribuidoras, pase de 2910 a 5500 pesos por megawatt por hora (MWh) a partir del 1º de marzo. Es decir, el precio de la electricidad, el principal componente de las facturas que reciben las industrias, se incrementará un 90 por ciento.
La medida apunta a disminuir los subsidios eléctricos en unos $ 35.000 millones durante 2021, tal como publicó hoy El Cronista. Es apenas la mitad de lo que pretende recortar el Ministerio de Economía, que se fijó como meta ahorrar $ 70.000 millones en el presupuesto de Cammesa para no correrse demasiado de los números definidos en el Presupuesto 2021.
La resolución 131 contempla, además, una suba para el cargo destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica que está incluido en las facturas de los grandes usuarios. Ese ítem pasará de 80 a 160 pesos a partir del 1º de febrero (se incrementó en forma retroactiva).
¿Quiénes estarán alcanzados por el aumento?
Un universo de 6200 grandes usuarios de electricidad, entre los que figuran algunas automotrices como Ford, cementeras, fundiciones, empresas metalmecánicas y grandes comercios. Son empresas que reciben la energía de las distribuidoras, a diferencia de otros grandes —GUMA/GUME’s— que compran la electricidad que consumen directamente en el mercado mayorista.
El mercado eléctrico tiene una organización residual heredada de la privatización de los ’90. No es claro, a esta altura, por qué hay industrias que están bajo la órbita de las distribuidoras y por qué otra cubren su demanda con energía que consiguen directamente en el MEM.
Para conocer el impacto inflacionario de la decisión de la Secretaría de Energía habrá que analizar el peso de la energía en la estructura de costos en los distintos rubros alcanzados por la fuerte suba de tarifas. “Hay varios sectores productivos en los que la energía no tiene tanto impacto en la estructura de costos. Pero en otros, la suba de las tarifas eléctricas se trasladará al precio final de los productos manufacturados”, explicó a EconoJournal un economista.
Alternativas descartadas
La Secretaría de Energía exploró, hasta el fin de semana, distintas alternativas para recortar los subsidios al sector eléctrico y evitar que esa cuenta se dispare por la constante depreciación del tipo de cambio y del congelamiento de tarifas desde febrero de 2019.
Un equipo del área a cargo de Santiago Yanotti, subsecretario de Coordinación Institucional, estuvo bosquejando borradores para segmentar los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur en función del nivel socioeconómico de los usuarios. Se llegó, incluso, a barajar la posibilidad de cobrarle una tarifa más elevada al 15% de los usuarios residenciales. Sin embargo, no hubo consenso en la cartera.
El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que llegó al cargo con el respaldo del Instituto Patria, no estaba de acuerdo con esa decisión. Resta saber qué sucederá con las facturas de Edenor y Edesur, las mayores distribuidoras del país, que regulatoriamente están bajo el paraguas de Nación, aunque la intención de Basualdo es que el salto en las tarifas sea inferior a los dos dígitos.
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Seria importante que el Sr. Basualdo del instituto patria, se involucre en el estado de la red y el costo entre generación y el déficit del cobro efectivo por KW y KWh.
Tanta demagogia terminará por destruir la red de distribución.