El Gobierno peruano da por sentado que Naturgy va a presentar un arbitraje contra el país, que abandonó en diciembre tras resolver una concesión de distribución de gas natural en tres regiones sureñas en las que ha invertido unos 100 millones de euros sin obtener ningún beneficio. Ambas partes pactaron el traspaso de dicha concesión, pero se reservaron el derecho a solventar sus diferencias -la española considera que ha habido incumplimiento por parte del Estado sudamericano- acudiendo a una corte de arbitraje.
«El arbitraje continuará, tal como lo ha solicitado Naturgy; ellos tienen sus puntos de vista, pero nosotros, como Estado, creemos firmemente que las condiciones en las que participó son las que ellos conocían», dijo a finales de año el viceministro de Hidrocarburos de Perú, Víctor Murillo, en un acto telemático organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Murillo añadió que el país ha sido muy respetuoso con Naturgy y que lo seguirá siendo en las conversaciones que deben mantener ambas partes con relación a la resolución del contrato de la concesión de distribución de gas natural en las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua, que Naturgy obtuvo en 2013 y se truncó con la paralización del Gasoducto Sur Peruano en 2017.
Tras el freno a esta gigantesca infraestructura -su presupuesto era de 6.500 millones de euros- por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la empresa presidida por Francisco Reynés tuvo que alimentar sus redes de gas con camiones cisterna, sufriendo una inesperada competencia y cosechando pérdidas: cuatro millones en 2018 y otros dos en 2019.
La filial de Naturgy en Perú declaró la quiebra en mayo y en septiembre inició los trámites para presentar un arbitraje internacional por «el incumplimiento del Estado peruano» de las condiciones de la concesión, en cuyas infraestructuras ha invertido 107 millones de dólares, unos 87 millones de euros al tipo de cambio actual.
Traspaso pacífico de la concesión
En diciembre Naturgy anunció un acuerdo con el Gobierno para traspasar la concesión y sus 12.000 clientes a la pública Petro-Perú a partir de mediados de mes, y abandonar el territorio; sus cuentas hasta septiembre ya recogen pérdidas de 12 millones por la interrupción de las operaciones.
Sin embargo, tanto la empresa -que no hace declaraciones a elEconomista sobre el asunto- como el Estado peruano se reservaron el derecho a dirimir sus diferencias ante la Justicia internacional, algo que el Gobierno de transición de Francisco Sagasti da por hecho.
Naturgy tiene previsto abandonar los países en los que tiene una presencia marginal y centrarse en aquellos con monedas y economías fuertes, dentro de la OCDE, tal y como manifestó tras desprenderse de su negocio de distribución en Chile.
