El gobierno está por lanzar un nuevo plan de estímulo a la producción de gas (Plan Gas 4). El mismo tiempo, el Enargas avanzó con una denuncia al ex ministro de Energía Juan José Aranguren. Según José Martínez de Hoz, uno de los abogados con más experiencia en la industria energética, “el Plan Gas 4 va a ser bien recibido porque se necesita”, pero con la denuncia contra el ex funcionario de Mauricio Macri por parte de las autoridades del ente regulador “le quita credibilidad”.

En una extensa entrevista con Econojournal, el abogado a cargo del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR), que -entre otras cosas- participó en los contratos entre YPF, Total, PAE y Wintershall para desarrollar gas en Vaca Muerta, analizó el nuevo plan que está por lanzar el gobierno en este complejo escenario. El Poder Ejecutivo “debería reconocer con un dictamen legal de la Procuración del Tesoro que convalida la facultad que tiene el Estado para llevar a cabo este plan”, afirma.

“El precio incentivo de 3,5 dólares el millón de BTU va a estar por arriba del precio que se traslada al consumidor. Es decir, si por una parte la denuncia cuestiona lo que hizo el gobierno anterior para absorber esa diferencia, al mismo tiempo, (el gobierno) está lanzando un nuevo plan con un componente muy similar”, describe.

¿Cuál es su visión sobre el nuevo plan estímulo a la producción de gas que está evaluando el gobierno?

Obedece a una proyección racional, que es que si no se hace nada el invierno que viene vamos a estar importando cantidades de gas crecientes por la situación general de la industria provocada por la pandemia internacional y las restricciones que hubo en la actividad económica del país por las medidas de aislamiento social que provocó la caída abrupta de la producción.

Antes, las caídas en la producción eran más leves y por problemas de precios, pero ahora hay un agravante: a diferencia de los años 2002, 2003, 2004, cuando empezó a caer la producción de gas convencional en el país, ahora parte importante del gas es no convencional (sale y tight) y declina más rápido. Si no se reactiva, la caída de la producción de gas va a ser mucho mayor. Si no se generan incentivos para invertir y producir, vamos a llegar a la importación de gas licuado a precio mayor.

¿Ve algún problema en la implementación del programa?

El Plan Gas 4 va a ser bien recibido porque se necesita. El problema que puede haber es de credibilidad. El gobierno se había puesto en marcha para pagar deudas viejas, como la del decreto 1053 por la diferencia de cambio en las distribuidoras. También estaba pagando las deudas que quedaban de la resolución 46. Ahora, a raíz de la denuncia que hizo el presidente del Enargas contra el exministro (Juan José) Aranguren, la Secretaría de Energía decidió discontinuar los pagos que el gobierno debe por la diferencia de cambio del decreto 1053. Si esta decisión está basada en un cuestionamiento legal y judicial, me parece que eso va a crear un problema con el nuevo plan. Va a ser complicado que las compañías decidan firmar acuerdos con un nuevo plan de incentivos cuando el gobierno, por las razones que sea, está cuestionando la legalidad de situaciones equivalentes. No digo iguales, pero sí análogas.

¿Cómo se vincula el nuevo plan de estímulo al gas con la denuncia a Aranguren?

La denuncia es porque el Estado, a través del Ministerio de Energía y el Enargas, absorbió la diferencia entre el costo y el precio del gas que se le paga a los productores y aquella parte del precio que se traslada a la tarifa de los consumidores. Básicamente, se cuestiona la legalidad de la actuación del Ministerio de Energía (en épocas de Juan José Aranguren) y del Enargas porque el Estado absorbió las diferencias (entre el precio que le paga a los productores y lo que se traslada a las distribuidoras). Si el gobierno va a avanzar con un nuevo plan gas, hay un punto en común. Ese precio incentivo que se pagaría, sea 3,5 dólares el millón de BTU o el que sea, va a estar por arriba del precio que se traslada al consumidor. Es decir, por una parte la denuncia cuestiona lo que hizo el gobierno anterior para absorber esa diferencia y, al mismo tiempo, está lanzando un nuevo plan con un componente muy similar, porque en definitiva con el nuevo plan el Estado estaría asumiendo ese costo, va a ser importante que el gobierno tome un criterio común. Va a ser difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo sin meter ruido en un nuevo plan.

¿Qué debería hacer entonces el gobierno?

El gobierno tiene que decidir si quiere darle prioridad a la denuncia que hizo contra el anterior ministro y quiere sostener la ilegalidad de esas competencias, me parece que (el gobierno) puede llegar a tener un problema de credibilidad en sostener el lanzamiento de un nuevo plan gas. Desconozco por qué, pero da la sensación de que hay conductas diferentes tomadas por personas diferentes en el gobierno, que no necesariamente coordinaron una posición común entre ellos. Van a tener que resolver internamente estas diferencias.

¿Qué tendrían que mirar entonces las compañías productoras, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes con la resolución 46 y los planes a la producción de gas anteriores?

Nadie en el gobierno había dudado de las facultades del Estado para implementar un nuevo plan de estímulo al gas. Pero la denuncia del Enargas a Aranguren es un elemento nuevo que mete ruido. Es decir, se podía debatir cuál debería ser el precio estímulo o el tope máximo a la producción, entre otros puntos. Pero nunca nadie había sostenido que el gobierno no tenía la posibilidad de absorber la diferencia entre el precio pagado a los productores y lo que se traslada a las distribuidoras. Por eso creo que es importante que el gobierno resuelva esta diferencia de criterios, que estimo yo que es interna entre diferentes autoridades.

¿Cuánto puede afectar al lanzamiento del nuevo plan la denuncia a Aranguren?

Qué tranquilidad puede tener una compañía si tuviera que tomar la decisión de firmar un contrato que dice que a cambio del plan estímulo tiene que invertir y las razones por las que se cuestiona lo que hizo el anterior gobierno se aplicarían en la actualidad, en donde el gobierno está absorbiendo una diferencia de precio. Hay un tema conceptual. Hoy se cuestiona al anterior ministro. Y qué seguridad tiene una compañía que con un nuevo ministro o secretario de Energía se cuestione la facultad del anterior gobierno de hacerse cargo de la diferencia de precio. No hay que tener muchas luces para darse cuenta que acá hay una potencial inconsistencia.

¿Cuál sería una posible salida a esta situación?

El gobierno debería dictar alguna norma o reconocer de alguna forma con un dictamen legal de la Procuración del Tesoro que convalida la facultad que tiene el Estado para llevar a cabo este plan. La complejidad que tiene es que si saca un dictamen así, está confirmando que en el pasado se actuó bien. El gobierno no puede avanzar con las dos cosas (la denuncia y un nuevo plan gas). Tiene que resolver si quiere un plan de estímulo al gas creíble o quiere un plan con dudas. Hay que ver en concreto cómo es el plan del gobierno cuando lo implemente, pero lo que quiero decir es que no hay un panorama despejado. No estoy diciendo que las compañías avancen con este nuevo plan, sino que si sale así es una medida que genera discusiones desde el primer día. Habrá compañías que estarán dispuestas a tomar el riesgo y otras a llevar adelante una apuesta menor a la que hubieran hecho sin este ruido y otras que directamente decidan no hacerlo.

Implementación del barril criollo

¿Qué análisis le merece la implementación del barril criollo?

El barril criollo trata de repetir experiencias anteriores, donde productores y refinadores acuerdan un precio de crudo mayor al internacional. La diferencia es que los anteriores surgieron con acuerdos, sponsoreados por el gobierno, pero no fueron impuesto por un decreto.  Otra diferencia es que los anteriores acuerdos surgieron con normalidad en la demanda y en la oferta. Los problemas de precios eran porque derivaban de la baja del precio en el mercado internacional, pero no porque hay una sobreoferta de crudo como sucede ahora que, a su vez, deriva de la caída abrupta de la demanda de combustibles. En la práctica, para los productores es muy difícil vender a precio del barril criollo (45 dólares). De hecho, hay muchos que no lo hacen porque es un mercado sobreofertado. Es decir, es difícil colocar la producción a cualquier precio, mucho más a 45 dólares. El menor de los males que enfrenta un productor no integrado hoy es vender (en el mercado local) al mejor precio que puede conseguir.

En este contexto, ¿cómo ve la liquidación de las regalías?

Hay que ver si las provincias reclaman a los productores la liquidación de las regalías como si hubieran vendido el barril de crudo a 45 dólares, a pesar de que vendieron a menos. Esto ya ocurrió en los años 2000 en Neuquén con las retenciones, cuando se les exigió a las compañías liquidar regalías sin contar el impacto que tenía sobre el export parity (paridad de exportación), sin contar el impacto que tenía la retención en el precio local y la provincia pretendió cobrar regalías por un precio mayor que al realmente percibido. Esto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dio la razón a los productores porque señaló que las regalías deben pagarse por el criterio de los percibido. También ocurrió lo mismo con lo que se llamó la Disposición 1 (del año 2008), que también obligaba a los productores a calcular regalías sobre un precio más alto y la Corte volvió a sostener que el criterio era por lo percibido. Ahora es posible que esto vuelva a suceder. Los productores están enfrentados ante una disyuntiva: o cierran pozos, o exportan a un precio aún menor o venden en el mercado local al precio que pueden. El decreto 488 es inidóneo, porque acá el problema es por sobreoferta de crudo, que es diferente a los anteriores problemas de implementación de barril criollo que tuvimos. Creo que se dictó un decreto contra la ley de la gravedad y esas cosas no funcionan.