Schlumberger, la mayor empresa de servicios petroleros del planeta, abrió ayer un retiro voluntario para sus empleados en la Argentina —con la chance de duplicar la indemnización correspondiente por antigüedad, tal como marca el decreto 34/19 firmado en diciembre por el presidente Alberto Fernández— y, al mismo tiempo, puso en marcha un esquema de flexibilización para reducir, de forma consensuada, hasta un 50% de los salarios como moneda de cambios de acortar la jornada laboral.
“Ha habido dos eventos imprevistos que están afectando negativamente la perspectiva de actividad global de Schlumberger: el brote de COVID-19 y la disminución del precio del petróleo que es de público conocimiento. Estos dos eventos han aumentado los efectos de la significativa recesión que nuestro negocio ya enfrentaba. Desde la Gerencia se les ha estado comunicando todas las medidas implementadas en respuesta a la situación COVID-19. Ahora tendremos que tomar medidas adicionales para proteger a nuestra empresa”, inicia el correo electrónico recibido ayer por todos los empleados de Schlumberger, que en EE.UU. ya redujo un 40% su nómina de personal y a los trabajadores que pasaron el recorte les redujo un 25% la remuneración y estableció un régimen de suspensión de una semana por cada mes. Halliburton, la segunda en el ranking, prevé avanzar en esa misma dirección en las próximas horas.
El resto de los grandes proveedores de servicios —San Antonio, DLS, Baker Hughes, Weatherford y Pecom— enfrentan disyuntivas similares. Algunas pagaron en cuotas los salarios de marzo. Están intentado negociar con las petroleras una tarifa especial que les permita transitar la crisis sin perder sus activos. El alcance legal de los contratos entre productoras y proveedores difiere. La redacción de los textos no es la misma. Varía para cada petrolera. Algunos estipulan que, en casos de suspensión de actividades por fuerza mayor (como en esta pandemia), a las empresas de equipos torre (perforación, pulling y workover) no les corresponde remuneración alguna. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de YPF, la mayor petrolera del mercado, que es controlada por el gobierno.
Su relación contractual con los proveedores de equipos —San Antonio Internacional, DLS, Petreven, Nabors y HyP, entre otros— estipula el pago de una tarifa cero en caso de fuerza mayor. Entre esas cinco empresas suman empleados directos por más de 10.000 personas. Otras petroleras contemplan una tarifa especial equivalente al 40% o 50% de lo que venían cobrando hasta ahora. Pese a esas divergencias, se espera que productores y proveedores avancen en una negociación común con los sindicatos en busca de alternativas para defender la continuidad de la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. No será fácil. Las empresas petroleras empezaron a negociar ayer con los gremios la implementación de un programa de contingencia que incluye suspensiones. En el mediodía de hoy, empresas nucleadas en la Ceope, la cámara de servicios petroleros, mantenían una teleconferencia con PyMEs petroleras de Neuquén para compartir un diagnóstico del escenario actual.
