Por Eduardo Lifschitz *
El lunes leí perplejo, aunque confieso que no del todo sorprendido, la resolución 751/2019, firmada por el actual secretario de Energía, que patea los ajustes tarifarios correspondientes a los componentes de distribución, transporte, y gas inciertamente hasta febrero de 2020.
Utilizo el adjetivo “inciertamente” simplemente porque si ponemos en contexto el costo político que el actual gobierno nacional y el Enargas no están dispuestos a asumir al tener que convocar a una audiencia pública el próximo diciembre, y si a ello se le suma los cien días de relevamiento y congelamiento tarifario expuesto en el capítulo de Energía del documento emitido en octubre 2019, por el Partido Justicialista denominada “Aportes de Equipos Técnicos de la Unidad”, finalmente concluimos que difícilmente habrá ajustes tarifarias de distribución y transporte de gas durante el primer semestre de 2020.
Recordemos que según se prevé en las Reglas Básicas del Marco Regulatorio de la ley 24.076 complementada en la última Revisión Tarifaria Integral, los ajustes tarifarios periódicos bimestrales se definieron para que los mismos se efectivicen regularmente en abril y octubre de cada año, y que por decisión del actual gobierno vía la resolución 521/2019 y ahora el 751/2019 se anuló el último ajuste de octubre llevándolo primero a enero, y ahora a febrero 2020.
Como contrapartida a este nuevo incumplimiento por parte del Estado nacional de ajustar en tiempo y en forma las tarifas, y con el fin del preservar el equilibrio económico/financiero de los contratos de las empresas licenciatarias de Distribución y Transporte, se les permitirá a las mismas disminuir las inversiones obligatorias definidas en la Revisión Tarifaria Integral 2017.
No escapa de nuestro análisis el tremendo esfuerzo que los ciudadanos, y en particular los clientes del servicio de distribución de gas, hacen todos los días al pagar sus facturas, pero es justamente por ellos y en particular para aquellos que aún no disponen de redes de gas natural, y deben pagar alternativas de mucho más caras y menos confiables como es el caso del GLP, que resulta fundamental que las empresas de distribución y transporte continuamente re-inviertan, mejorando así la calidad atención, la seguridad y confiabilidad del suministro, mientras expandan sus redes a áreas aún no servidas.
Recuerdo que en el Coloquio de IDEA del año pasado un participante en mi mesa a sabiendas de que yo trabajaba en Metrogas se animó a hacerme una simple pregunta: ¿en qué se diferencian ustedes las distribuidoras del servicio de gas que ofrecía Gas del Estado?
Mi respuesta fue obvia: a nosotras las distribuidoras nos moviliza la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, el cuidado al medio ambiente, la seguridad de las personas, lograr un suministro seguro y confiable, pero como contrapartida debemos contar con tarifas que permitan una rentabilidad justa y razonable que a su vez permitiera desarrollar un plan continuo de inversiones y mejora de procesos.
Hoy, a un año de esta respuesta, si entendemos que estaremos volviendo a periodos de falta de inversión y de baja en la calidad de atención del servicio como fueron las que se dieron en los años 2001 al 2016, entonces francamente mi respuesta sería: “Si no invertimos constantemente entonces no habría diferencia con una empresa de distribución administrada por el Estado, ya que solo estaríamos en condiciones de brindar un servicio básico y seguro, como lo hicieron la gran mayoría de las empresas de servicios públicos durante el período 2001 al 2016”
Por último debo reconocer que el actual gobierno de Cambiemos, en materia energética y en particular en servicios públicos, ha sido muy exitoso en volver a recuperar tanto la confianza, el auto abastecimiento energético, como también la mejora en la calidad de los servicios frente al cliente, que habíamos perdido luego de años de desinversión.
Pero lamentablemente y a partir de fines del año pasado, en medio de parche sobre parche, el gobierno perdió el rumbo y ha desistido en la búsqueda de lo correcto y del bien común, a sabiendas que ello pudiera aparentar un conveniente para lo político, y simplemente se limita a patear la pelota para adelante.
Con todo el corazón deseo que el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre pueda entender la relevancia que existe entre el delicado equilibrio de lograr que las empresas de servicios públicos obtengan a través de las tarifas una rentabilidad justa y razonable, para finalmente volcar esta rentabilidad al círculo virtuoso que alimenta la re-inversión continua y la mejora en la calidad de atención que el cliente se merece.
* Ex Director General Metrogas S.A.
