EconoJournal informó el jueves pasado sobre una polémica generada en torno a las últimas adjudicaciones del programa RenovAr. El nuevo listado de proyectos seleccionados en la Fase 2 de la Ronda 2, difundido el miércoles 20 de diciembre, incluyó cuatro emprendimientos de energía eólica que consiguieron contratos al ofertar US$ 40,27 por megawatt por hora generado (MWh).  Ese valor fue establecido de forma directa por el Ministerio de Energía y surgió como resultante del promedio de las ofertas recibidas en la Fase 1 de la misma ronda. La elección de esa metodología generó un debate puertas adentro de la industria eléctrica, con diferentes posturas.

Para graficar la situación, el artículo citó el caso de la empresa Energética Argentina (EA) que el 29 de noviembre se adjudicó un contrato en la Fase 1 de la Ronda 2 al presentar el proyecto Energética I para generar 79,8 Mw a US$ 37,30 por MWh en García del Río, un paraje rural de la localidad de Tornquist, cerca de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. En esa compulsa, EA dejó atrás, entre otras, a la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) que había ofertado una potencia de 100 Mw a US$ 41,90 por Mwh con su proyecto El Mataco y otros 100 Mw a US$ 41,89 con el parque eólico San Jorge, ambos ubicados también en la localidad de Tornquist. Esos proyectos, que habían sido calificados pero no adjudicados, tuvieron una nueva chance en la Fase 2 de la Ronda 2. Así fue como PCR obtuvo contratos para sus dos proyectos al ofertar US$ 40,27 por MWh (el precio fijado por el Ministerio). Se trata de proyectos ubicados en terrenos lindantes al de Energética Argentina (uno de cada lado). El artículo apuntó, primero, a informar sobre esa situación que es calificada por varios referentes del sector como “paradójica”, dado que la empresa que ofertó el mejor precio en la Fase 1 terminó obteniendo un contrato por una remuneración menor que quienes perdieron en esa adjudicación y buscaron revancha en la Fase 2. EconoJournal se limitó a transmitir esa situación particular que generó un debate en el seno de la industria de energías renovables, entendiendo –como editorial- que la visibilización de cuestiones “opinables” y “discutibles” de la agenda de un gobierno contribuye a la optimización y fortalecimiento de sus políticas y programas. Desde EconoJournal, como medio que pretende especializarse en asuntos del área energética, estamos convencidos de la necesidad de facilitar el intercambio democrático de opiniones.

La subsecretaría de Energías Renovables que conduce Sebastián Kind cuestionó el artículo, en un comunicado sin firma, por “poner en duda la transparencia y legitimidad del proceso de selección y las decisiones adoptadas en la Ronda 2 del Programa RenovAr, llevado adelante por este Ministerio, así como mancillar el buen nombre y honor de sus funcionarios”. Luego agrega que “todo el proceso y las adjudicaciones decididas se cumplieron con estricto respeto del marco normativo vigente y del Pliego de Bases y Condiciones”. Sin embargo, este medio consultó a cinco fuentes que indicaron que quienes se presentaron a la Fase 1 no estaban al tanto, al menos oficialmente, de que si no eran seleccionados iban a tener una segunda oportunidad en la que podrían ganar ofertando el precio promedio de la Fase 1. Esa novedad –coincidieron- fue comunicada públicamente por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el 29 de noviembre cuando se informaron en conferencia de prensa los resultados de la Fase 1 de la Ronda 2.

En su aclaración, la subsecretaría de Energías renovables afirma que “el objetivo de la Fase 2 fue ampliar la potencia adjudicada obteniendo una reducción de los precios ofertados, en beneficio de todos los usuarios del sistema eléctrico”.

Los periodistas firmantes del artículo en cuestión se comunicaron con una fuente oficial del Ministerio de Energía el jueves 21 de diciembre a las 10 de la mañana. Volvieron a hacerlo telefónicamente pasado el mediodía. Por pedido expreso de esa fuente oficial, la información obtenida en esa consulta fue consignada en el artículo de la siguiente manera: “Fuentes cercanas al gobierno explicaron a EconoJournal que el objetivo de la Fase 2 fue que las empresas que no habían logrado ganar en la fase previa pudieran mejorar los precios de su última oferta y remarcaron que ese objetivo se logró llegando a adjudicar 22 proyectos por 634,3 Mw de potencia proyectada”. “Al ser consultados sobre por qué se adjudicó a quien igualara el precio promedio de la Fase 1 y no el precio mínimo, respondieron que exigir el precio mínimo hubiese sido injusto porque no todos disponen de la misma tecnología ni están ubicados en la misma zona”, se destacó en el artículo, dejando en claro la postura oficial.

La subsecretaria afirma que “no deja de llamar la atención que la nota se preocupe por los intereses económicos de una empresa en particular, que aceptó las reglas y compitió en igualdad de condiciones con otras 57 de su misma tecnología”. El artículo simplemente advirtió que la situación que enfrentó esa empresa fue interpretada en la industria eléctrica como “inequitativa” e “injusta”. Al mismo tiempo, se citó la posición del gobierno que niega el cuestionamiento. De eso se trata el periodismo: de reflejar las diferentes visiones y lecturas que genera un asunto público. La información está a la vista de todos aquellos que quieran corroborarla.

La subsecretaría también atribuye “falta de conocimiento” a los autores de la nota simplemente por dejar consignado que la firma de contratos a un plazo de 20 años es algo cuestionado por analistas privados y expertos del sector, que consideran que la disruptiva reducción de costos de la tecnología está generando un debate regional en torno a cuál debería ser el plazo de adjudicación de un contrato de compra-venta de energía renovable. En la región existen casos disímiles en torno a la temporalidad de esos contratos, por lo que la adjetivación sobre los autores que realiza la subsecretaría se presenta, al menos, como apresurada.

En síntesis, la “aclaración” no desmiente la información presentada en la nota, que refleja las diferentes posturas que existen sobre el hecho. Cabría preguntarse, entonces, si el objetivo del comunicado difundido por la subsecretaría –que por su tono lamentablemente recuerda a retóricas ofensivas del pasado- no es únicamente intimidar a quienes informan sobre cuestiones específicas de claro interés para la agenda energética.