El Ministerio de Energía intimó a cerca de 40 municipios, la mayoría del conurbano bonaerense, a que devuelvan cerca de $ 700 millones transferidos en el marco del programa Más Cerca Eléctrico, lanzado en 2012 para financiar la instalación de luminarias en la vía pública y obras de distribución eléctrica fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires.
Concretamente, la cartera que dirige Juan José Aranguren constató que entre 2013 y fines de 2016 los municipios recibieron partidas presupuestarias que incluían sobreprecios e incluso estaban destinados a obras que nunca se realizaron. “Hay jefes comunales que recibieron esa planta para realizar obras eléctricas y terminaron construyendo un boulevard o asfaltando una calle”, reconoció a EconoJournal el gerente de una contratista. Entre los partidos involucrados figuran Ezeiza, General Sarmiento, Ensenada y General Rodríguez, entre muchos otros.
La incomodidad para el ministro reside en que si bien la oscura operatoria del Más Cerca Eléctrica es una de las tantas herencias que recibió de la anterior administración liderada por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, durante el primer año de su gestión se siguió girando fondos millonarios a los municipios por obras que nunca se concretaron.
Las transferencias se concretaron con el aval de la Subsecretaría de Generación, Transporte y Distribución eléctrica, que encabeza Osvaldo Rolando. Recién a fines del año pasado, un funcionario de segundo nivel del Ministerio alertó al secretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg, responsable del manejo de buena parte de la caja de la cartera energética, sobre el funcionamiento defectuoso del programa. Scheimberg elevó el tema al Aranguren, que tras una rápida auditoría ordenó frenar todos los pagos a los municipios bonaerenses. En estudios posteriores se constató que, en múltiples casos, el Ministerio de Energía pagó por obras eléctricas que nunca se concretaron.
“Por diseño de la gestión De Vido, los municipios eran los únicos encargados de chequear el avance de obra de los proyectos. Es decir, el control del Estado era muy precario”, admitió una fuente gubernamental que pidió la reserva de nombre. Durante la gestión del programa a cargo del coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, la certificación técnica y económica de los proyectos corrió por cuenta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que respondía a Sebastián Blasco.
“La UTN Avellaneda aprobó presupuestos que incluían presupuestos de hace un 70% del costo real de las obras”, señalaron desde otra empresa.
En febrero de 2016 el presidente Mauricio Macri dio de baja la mayoría de los contratos firmados por el kirchnerismo con universidades, entre los que figuraban los de la UTN vinculados al plan Más Cerca Eléctrico. “Varios empresarios denunciaron que el programa incluía sobreprecios que luego se repartían entre los municipios, los contratistas y funcionarios del gobierno nacional”, advirtió el presidente de una empresa eléctrica. Por eso, durante el primer trimestre del año pasado el Ministerio de Energía realizó una nueva licitación que esta vez fue ganada por la regional Buenos Aires de la UTN. Sin embargo, luego la cartera que dirige Aranguren habría vuelto a contratar a la UTN Avellaneda en forma directa.
El programa se encuentra hoy virtualmente suspendido. Desde lo legal el tema está en cabeza de Gabriel Flores, jefe de Gabinete del secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, y del director de Legales del Ministerio, Juan Manuel Carassale. “Ya se cursaron las intimaciones para que los municipios devuelvan el dinero. Pero a priori es difícil que eso suceda”, reconoció otra fuente gubernalmental al tanto del conflicto.
