Unos días antes de anunciar el aumento de tarifas eléctricas para hogares, el Ministerio de Energía publicó las nuevas remuneraciones que empezarán a cobrar las empresas generadoras de energía. Por medio de la resolución 19, con fecha del 27 de enero, la cartera que dirige Juan José Aranguren motorizó una importante recomposición para los ingresos de las compañías de ese segmento, que nuclea a usinas térmicas y represas hidroeléctricas ya existentes. Entre las principales empresas del negocio figuran Pampa Energía, Sadesa (el holding de Reca, Miguens, Caputo y Escasany, entre otros), Enel, AES y Albanesi.
En los hechos, los precios publicados en la normativa representan un incremento de, al menos, un 50% para las generadoras. Las subas, que están vigentes desde el 1° de febrero, serán mayores para las empresas que mejoren su eficiencia operativa. En esos casos, los incrementos podrían alcanzar un 80 por ciento. A su vez, por primera vez desde 2001, el valor de la energía se fijó en dólares para evitar que el impacto de la devaluación del peso esmerilice la remuneración de las empresas.
Desde la óptica de los privados, la resolución 19 es un primer paso que avanza hacia una mayor apertura del mercado eléctrico tras 15 años de creciente intervencionismo del Estado en el sector. Aún así, la compra de combustibles –que demandará la mayor parte de los casi de US$ 7500 millones que demandará el sector eléctrico en concepto de subsidios- seguirá siendo monopolizada por Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, que es controlada por el Gobierno.
Se especula que en 2018 las generadoras podrán comprar su propio combustible como cuando sucedió hasta antes de la salida de la Convertibilidad en 2002. La intención de Aranguren es que el año próximo los ingresos de las generadoras sean suficientemente altos para traccionar –sin el apuntalamiento del Gobierno con licitaciones y precios diferenciales- inversiones directamente en cabeza de los privados.
En rigor, la resolución 19 deja sin efecto la resolución 22/2016 de Energía, que determinaba hasta ahora los ítems en base a los cuales se calculaba la remuneración de un generación. En ese sentido, la nueva norma crea una serie de cargos que percibirán las empresas en la medida que cumplan con diferentes compromisos.
Así, por ejemplo, se estableció una remuneración base que cobrarán las empresas que no prevé ningún compromiso particular por parte de las empresas. Para ese ítem, se aprobó un incremento del 20% con relación a los parámetros incluidos en la resolución 22/2016. También se instituyó una remuneración adicional por compromiso de generar energía que pone el acento en premiar a las generadoras que sean más eficientes y entreguen más energía a la red. Y se creó un tercer ítem adicional que remunera con un plus a las empresas que contribuyan a cubrir los picos de demanda de energía en los meses más saturados del sistema.
“En líneas generales, es una resolución que habilita una recomposición sustancial de los ingresos de las generadoras. Es una norma que debería dejar conformes a la mayoría de las empresas”, admitió a EconoJournal un encumbrado directivo del sector, que pidió la reserva de nombre.
De la redacción de la normativa participó José Sanz, histórico presidente de Cammesa, que hoy se desempeña como asesor del secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Sanz fue el hombre fuerte de Cammesa durante la mayor parte de la gestión anterior que respondió a funcionarios del Ministerio de Planificación que encabezaba Julio De Viido. Su situación es similar a la de Luis Beuret, ex secretario de Energía Eléctrica durante la gestión de De Vido, quien también se desempeña como asesor del Ministerio de Energía.
