La norma, que autoriza a no pagar impuestos a las firmas que puedan demostrar una situación de quebranto o pérdida, está pensada para favorecer casi exclusivamente a YPF. El temor de sus competidores es que esa concesión le permita al gobierno utilizar a la petrolera de bandera como herramienta para postergar el aumento de precio de los combustibles más allá de fin de año.
