Según los requerimientos de ingresos bajo el paraguas de la RQT 2025-2029 que Edenor y Edesur venían negociando con la gestión de Rodríguez Chirillo, el Valor Agregado de Distribución de las empresas eléctricas tendría que aumentar cerca de un 60% en enero de 2025, lo que tendría un impacto en la factura final que pagan los hogares del AMBA del orden del 30%. Economía descartó autorizar incrementos de esa envergadura. El objetivo es moderar la pauta tarifaria para alinearla con el programa inflacionario de 2025. Las compañías gasíferas podrían negociar un menor salto tarifario a cambio de extender por 20 años sus licencias de transporte y distribución.