La compañía, controlada en un 50% por la británica Rurelec, viene percibiendo un precio incentivo contemplado para aquellas empresas que sumaron generación al sistema, pero ahora le corresponde pasar a cobrar lo que perciben las plantas ya amortizadas. Hizo un reclamo al gobierno, pues sostiene que con los nuevos ingresos no podrá garantizar el funcionamiento de la planta.