El Gobierno finalmente le bajó el pulgar a uno de los planteos más disruptivos en la Ley Bases que habían puesto sobre la mesa las provincias petroleras, que pretendían que cuando una empresa productora pidiese la conversión de una concesión convencional a otra no convencional, las provincias pudiesen relicitar la primera a un operador diferente para facilitar la continuidad de la inversión en campos maduros. Sin embargo, aunque escuchó la propuesta de la Ofephi, finalmente la Casa Rosada no hizo lugar al pedido de las provincias y mantuvo el statu quo vigente, en línea con lo que defendían los concesionarios privados.
