El gobierno extendió por decreto la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025. De este modo, quedó habilitado para postergar por seis meses la entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral que debía concluir antes de fin de año. La medida ratifica la decisión de ralentizar los aumentos de la luz y el gas con el objetivo de priorizar la baja de la inflación.

El ministro de Economía Luis Caputo ya había anticipado esta posición cuando suspendió la audiencia pública que se iba a realizar el pasado 5 de noviembre para establecer las nuevas tarifas para las empresas de transporte eléctrico y desactivó la convocatoria a punto de realizarse para la audiencia destinada a actualizar el margen de las distribuidoras que operan bajo jurisdicción federal.

Desde ese momento, quedó claro que no se iban a implementar las nuevas tarifas de luz y gas antes del 31 de diciembre tal como estaba previsto en el DNU 55 que declaró la emergencia energética a fines del año pasado, pero aún restaba confirmar esa prórroga, que es lo que se hizo este miércoles a través del DNU 1023 publicado en el Boletín Oficial.  

Qué dice el decreto

El DNU 1023 extiende formalmente en el artículo 1 la emergencia energética en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural hasta el 9 de julio de 2025.

El artículo 3 prorroga la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios que deberán surgir de la revisión integral y el artículo 5 prorroga la intervención de los entes reguladores hasta que se constituya el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad previsto en la Ley Bases.

En los considerandos de la norma, vuelve a poner el foco en la “herencia institucional, económica y social gravísima” que dejó el gobierno anterior como forma de justificar las prórrogas.

Sostiene que la herencia recibida en el sector energético se verificó en la vulnerabilidad y el estado crítico de tres aspectos clave: en el sistema económico recaudatorio; en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro; y en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda.

El gobierno repasa todas las medidas que fue tomando a lo largo del año para superar esta situación y en el listado incluye la actualización de los precios mayoristas de la energía, las adecuaciones transitorias de tarifas en electricidad y gas y la reestructuración del régimen de subsidios.

Sobre el tema puntual de los subsidios, se afirma que el decreto 465/24 fijo un esquema de gradual para ir trasladando a los usuarios los costos reales de la energía. Ese decreto estableció un período de transición hacia subsidios energéticos focalizados que va del 1 de junio al 30 de noviembre, con la posibilidad de prorrogar ese plazo por otros seis meses.

“A pesar de las medidas adoptadas por la Secretaría de Energía, persisten aún las circunstancias que motivaron el dictado del Decreto N° 55/23 relacionadas con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético, por lo que resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural”, dice el decreto en los considerandos.