La Legislatura de Chubut podría tratar la semana próxima un proyecto de Ley impulsado por diversos gremios y por la oposición para que se declare la “Emergencia educativa, de salud y de seguridad”, y se procuren recursos adicionales incrementando impuestos y tasas a empresas petroleras, metalúrgicas, pesqueras, y también a propietarios de grandes extensiones de tierras. Hasta el momento, la administración provincial, que encabeza el gobernador Mariano Arcioni, no se pronunció al respecto. Desde la industria petrolera cuestionan la iniciativa.

Fuentes del sector petrolero remarcaron a EconoJournal el aporte que ya realizan a las cuentas públicas de la provincia, se interrogaron acerca del destino de tales recursos y aseguraron que sus planes de inversión se definen, entre otros aspectos, “a partir de los marcos regulatorios de las provincias donde operan y su impacto en el costo total de cada proyecto”.

La rentabilidad de los proyectos, añadieron,  también está asociada al precio del crudo, a los costos operativos y al marco regulatorio  (impuestos, regalías), y  la cuenca del golfo San Jorge es una cuenca madura por lo que hacer inversiones tiene un costo superior comparado con otras cuencas con menos historia.

Asimismo, recordaron que con la mejora del precio del barril de petróleo la industria “volvió a evaluar proyectos que habían dejado de ser sustentables con un precio de barril por debajo de los 60 dólares”, y remarcaron que “la industria necesita mayores incentivos fiscales y un horizonte previsible para materializar nuevas inversiones y sostener la actividad de yacimientos de la cuenca”. Las petroleras más relevantes que operan en la provincia son YPF, PAE, CAPSA y Tecpetrol.

El proyecto

El proyecto consta de siete artículos y establece por el término de 18 meses el Impuesto al Sello a todos los contratos de la actividad, y un Impuesto extraordinario sobre el Multiuso de los territorios petroleros.

Asimismo, la iniciativa que encendió las alarmas empresarias establece por el mismo lapso un canon a la actividad pesquera provincial (dentro de las 12 millas marinas)  y para la pesca artesanal un canon por renovación de permisos.

Por otra parte, el proyecto establece por 18 meses un Impuesto Inmobiliario Rural a los Latifundios, para extensiones de tierra que superen las 10.000 hectáreas, en un valor 1.000 pesos la hectárea productiva y 2.000 pesos la hectárea ociosa.

También establece un canon de 5,5 por ciento sobre la tonelada de aluminio elaborado a la empresa Aluminio Argentino SAIC (Aluar) y una tasa de 5 por ciento  sobre el valor de los kilowats producidos por mes a cada molino eólico que se encuentre en el territorio provincial.

Finalmente, fija un Impuesto al juego en un valor del 15 por ciento sobre las ganancias netas declaradas.

En lo específico del sector petrolero los industriales del rubro remarcaron que  “la industria necesita estabilidad tributaria para sostener sus planes de inversión”, e hicieron hincapié en que el proyecto contempla un adelanto extraordinario de regalías, y el cómputo de dicho adelanto como pago de regalías futuras, “condicionado a que se alcancen ciertos niveles de producción, lo que implicaría un aumento indirecto de la alícuota de regalías”, lo cual sería Inconstitucional. “La Provincia no puede regular en materia de regalías hidrocarburíferas por ser materia federal salvo por lo expresamente previsto en la Ley 17.319, que faculta a las Provincias, como autoridad concedente, a reducir la alícuota”, se recordó.

Además, los empresarios petroleros aseguran que la Provincia no puede exigir el pago de anticipos o adelantos de regalías, ya que la Ley 17.319 prevé que los pagos son mensuales.

Con relación a una regalía sobre las ventas de energía eólica producida en la Provincia,  se recordó que Chubut adhirió a la Ley 27.191 “Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”, que  prevé que el acceso y uso de las fuentes renovables de energía no estará gravado por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacional, provinciales o municipales, hasta el 31 de diciembre de 2025”.