Empresas generadoras de energía renovable negocian incluir un artículo en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que se tratará en diciembre en sesiones extraordinarias en el Congreso.
La intención es conseguir el paraguas de la ley de leyes para darle una prórroga al régimen de estabilidad jurídica y fiscal de la Ley 27.191, que reguló al sector desde 2015 y vence el 31 de diciembre. La extensión de la prórroga todavía no está definida, ya que la ley de Presupuesto permite un período más prolongado que un año.
En el sector apuntaban a una nueva ley para la generación renovable que había logrado dictamen en septiembre y tenía el consenso de las generadoras renovables, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, y hasta contaba con el aval de los bloques de la oposición. Pero al proyecto, que impulsaba el diputado del PRO, Martín Maquieyra, nunca se discutió en el recinto y se terminará de caer con la nueva composición del Congreso.
Fuentes cercanas a la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (que utiliza las siglas CEA), al tanto de las negociaciones legislativas, confirmaron a EconoJournal que la alternativa que analizan abogados vinculados a generadoras es “ganar tiempo” bajo el paraguas de la Ley de Presupuesto. “En 2026 se podrá discutir otra ley, pero ahora tenemos que darle una prórroga a la estabilidad de la 27.191 porque termina a fin de año”, agregaron.
Las generadoras eólicas y solares no quieren quedar en un limbo normativo y entienden que, con tan poco tiempo, la mejor opción es la inclusión de un artículo específico en el proyecto de Ley de Presupuesto que se debatirá a partir del 10 de diciembre.
Un solo artículo
La idea es presentar un artículo que sólo extienda la seguridad jurídica y fiscal de la Ley 27.191. Según pudo conocer EconoJournal de distintas fuentes, la breve redacción del apartado que analizan abogados de la industria sería la siguiente:
“ARTÍCULO 1: Prórrogase hasta el 31 de diciembre de 2055, inclusive, el plazo establecido en el artículo 17 de la ley 27.191”. La extensión de la prórroga “todavía no está determinada”, aclararon.
El artículo mencionado de la Ley 27.191 establece que “no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Un alto ejecutivo de una generadora renovable comentó a EconoJournal que “queremos evitar que a alguien se le ocurra poner un impuesto al viento o al sol, como se intentó alguna vez, o que se cree una tasa de seguridad e higiene que termina perjudicando a los proyectos renovables”.
El artículo no incluiría los beneficios impositivos de la Ley 27.191, como la devolución anticipada del IVA en pagos de bienes y servicios, amortizaciones aceleradas del Impuesto a las Ganancias, certificados fiscales para componentes nacionales, compensaciones por quebrantos, entre otros. El gobierno tampoco quiere establecer metas como la de alcanzar un 20% de participación de las energías renovables en el consumo de los grandes usuarios, como lo fijó para el 31 de diciembre de 2025 la Ley 27.191.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga estabilidad fiscal, pero sólo para los grandes proyectos renovables, ya que para lograr la adhesión al esquema tienen que tener una inversión mínima de US$ 200 millones. Hasta el momento, los proyectos renovables adheridos al RIGI son el parque solar El Quemado (YPF Luz) y el eólico La Rinconada (PCR y Arcelormittal Acindar). En el sector entienden que, si no se logra un paraguas legal nuevo, el resto de los proyectos quedarán si estabilidad fiscal y jurídica.
Sin tratamiento
El sector de renovables apostaba a un proyecto de ley que impulsó el diputado Martín Maquieyra (PRO) y que apoyaba el área energética del gobierno, y contaba con los votos también de Unión por la Patria, según indicaron distintas fuentes a EconoJournal. La iniciativa había logrado dictamen en comisión en septiembre. El triunfo peronista de las elecciones en la provincia de Buenos Aires congeló la agenda parlamentaria y el triunfo libertario de octubre revitalizó al oficialismo.
Sin embargo, luego de las elecciones legislativas el gobierno de Javier Milei frenó varios proyectos en el Congreso, entre ellos el de Maquieyra, porque entendió que había logrado un apoyo mayor al esperado y estaba en una posición de ventaja para negociar con los gobernadores la agenda de las sesiones extraordinarias, explicó a EconoJournal una fuente del sector. “Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) eligió otros proyectos en base a la negociación con los gobernadores”, subrayaron.
Lo cierto es que el proyecto nunca se trató en el recinto y, con la renovación de 127 bancas del 10 de diciembre, terminará de caerse. La iniciativa de Maquieyra, que además deja su banca el próximo miércoles, apuntaba a 20 años de estabilidad fiscal y jurídica para la generación renovable en el país, ente otros puntos.
