Las pequeñas y medianas empresas industriales que conforman el amplio y diverso segmento de proveedores del sector energético atraviesan un período de contracción en su nivel de actividad, reflejando un escenario de alta capacidad productiva sin utilizar. El relevamiento del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) concluyó que más del 75% de las empresas opera con al menos un 25% de su capacidad ociosa.
“El momento no es malo, pero esperábamos que fuera mejor. Se viene demorando un poco el nivel de actividad proyectado y así hace un año estamos en el mismo punto. Al margen de las dificultades que genera el traspaso de las áreas convencionales de YPF a los nuevos actores, el precio del crudo tampoco está acompañando y las obras de infraestructura para evacuación en el no convencional también se demoran, con lo cual eso conlleva que la actividad no despegue del todo”, afirmó Leonardo Brkusic, director del GAPP.
El sector es vital para la Argentina y genera más de 150.000 empleos directos de alto valor agregado en todo el país, según estimaciones de la industria. El GAPP, que agrupa a 250 PyMEs de 15 provincias, aporta 42.000 puestos de trabajo con tecnología, investigación y desarrollo. La conclusión del reciente informe es que el sector se encuentra en “un escenario de alta capacidad ociosa, menor volumen de negocios, tensiones laborales y dificultades en la actualización contractual».
El 53% de las firmas reportó niveles medios de capacidad ociosa (entre 25% y 50%), y un 24% adicional experimenta ociosidad alta o muy alta (más del 50% o más). Solo el 2% manifestó no tener capacidad productiva sin utilizar. La menor actividad se traduce directamente en tensión laboral. Cerca de la mitad de las empresas industriales reporta inestabilidad: un 16% informó despidos y un 23% debió cancelar o postergar ingresos de nuevo personal.
Sobrellevar la transición
El sector insiste con la necesidad de contar con incentivos que permitan sobrellevar el período de transición hacia la plena actividad. “Hay provincias que aplican políticas de contenido local para la industria minera, para la petrolera. Pero también a nivel nacional hay que tratar de fomentar algo similar de una manera inteligente que no implique un costo obviamente y que no perjudique el proyecto. Hay una batería de distintas medidas que se pueden arbitrar”, aseguró Brkusic.
“El trabajo pyme viene invirtiendo hace muchos años para el desarrollo de Vaca Muerta y a veces algunos cambios de políticas complican el escenario. Primero la demora de los proyectos, segundo los cambios que se dan súbitamente por una dinámica de mercado, pero también hoy por regímenes favorables a la importación de materiales sin el pago de los aranceles que eso genera una dificultad, no genera una competencia mano a mano”, lamentó Brkusic. “Pensando en la equiparación de los costos productivos, y las inversiones que ya se hicieron bajo otras condiciones obligan a reclamar que el concepto de seguridad jurídica sea bueno trasladado a toda la cadena”, enfatizó el directivo.
En ese contexto la perspectiva comercial es para el 49% de los empresarios moderada o cautelosa respecto al mercado para 2025-2026. La principal preocupación reside en la recepción de órdenes de compra, que genera alarma alta o muy alta en el 68% de los encuestados, ante la posibilidad de que las operadoras opten por importar materiales y tecnología de Asia. “Al no haber demanda plena en este momento, esto genera una preocupación, ya que se teme que cuando la actividad arranque lo haga con tecnología china en lugar de tecnología argentina«, agregó.
Brkusic enfatizó que es crucial que el tramo de proveedores llegue en condiciones «saludables» al momento del despegue. “El objetivo es que las empresas lleguen de la mejor manera posible para responder rápidamente en tiempo y forma a lo que los proyectos necesitan porque Vaca Muerta necesita monetizar las inversiones, y la formación tiene que ponerse productiva al ciento por ciento, o en la mayor medida posible, lo más rápido posible. Por eso es que el sector requiere incentivos para apalancar los entramados productivos locales en cercanía para un desarrollo desarrollo integral que fortalezca la tecnología local”.
La menor actividad se traduce en tensión laboral. El informe indica que cerca de la mitad de las empresas se encuentra en ese estado: un 16% informó despidos y un 23% debió cancelar o postergar ingresos de nuevo personal. Apenas el 42% de las empresas ha logrado sostener su plantilla sin despidos pese a las dificultades. Esta situación se agrava por la ausencia de crédito, obligando a las empresas a sostener sus planteles y operaciones con recursos propios.
“Crédito no hay, privado ni público tampoco. Es decir, hay pero a costos inaccesibles, por lo que el financiamiento que siempre es una herramienta pasa a ser un riesgo, con lo cual las las empresas en la medida que pueden se están sosteniendo con recursos propios en un escenario donde hace un año donde no está el nivel de actividad que se preveía”, agregó.
