El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que envío esta semana el gobierno al Congreso prevé la instrumentación de un mecanismo de compensación para las distribuidoras eléctricas que se hayan visto perjudicadas por las leyes de emergencia económica dictadas en los últimos 25 años.

El alcance de la medida —asentada en el artículo 74 del proyecto— habilita un revisionismo que podría requerir de una compleja negociación con las empresas del segmento de distribución. En los hechos, la norma instruye a la Secretaría de Energía a que determine los montos económicos que dejaron de percibir los privados por la decisión del Estado nacional de atrasar o congelar discrecionalmente las tarifas de electricidad desde que se sancionó por primera vez la Ley de Emergencia Económica en 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde, tras la caída de la Convertibilidad.

Lo que tendría que encarar la cartera que dirige María Tettamanti, en caso de que el Presupuesto se apruebe en el Congreso, es dictaminar lo que en la jerga eléctrica se conoce como los activos y pasivos regulatorios de cada distribuidora eléctrica; es decir, cuánto dinero perdieron o dejaron de cobrar las empresas por la decisión arbitral del Estado de no actualizar las tarifas eléctricas, incumpliendo, de ese modo, con las fórmulas de ajuste y actualización fijados en los contratos de concesión.
Sobre este punto, el artículo 74 sostiene que: “El Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, en consulta con las Jurisdicciones provinciales y sus entes reguladores, determinará las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras nacionales, provinciales y municipales con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas, correspondientes a cualquiera de los Ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente pliego de concesión”.

Si bien el texto incluye a las distribuidoras del interior del país, fuentes al tanto de la iniciativa aclararon a EconoJournal que, en verdad, la aplicación del mecanismo de compensación se circunscribirá a Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que siguen bajo la órbita del Estado nacional (el resto está en jurisdicción provincial). Para ingresar dentro del esquema, será condición necesaria que las distribuidoras hayan ingresado dentro del plan de regularización de deudas con Cammesa.

Objetivos

De fondo, a lo que aspira el gobierno es a sanear los balances de las distribuidoras de modo tal de convertirlas en sujetas de crédito que estén en condiciones de conseguir financiamiento bancario y firmar contratos de compra de energía directamente con empresas generadoras como Central Puerto, Pampa, MSU Energy, Genneia, AES, YPF Luz y PCR, entre otras. En la medida que por los desbarajustes tarifarios del pasado, las distribuidoras sigan acarreando deudas millonarias con Cammesa, la compañía mixta —controlada por el Estado— que administra el mercado mayorista (MEM), será imposible que la recontractualización entre agentes privados del sector eléctrico se materialice. Eso es lo que interpretan en el gobierno, que en los próximos meses prevé implementar una serie de reformas tendientes a liberalizar el funcionamiento del mercado eléctrico, restringiendo la intermediación del Estado.

El esquema de compensación incluido en el Presupuesto 2026 —cuya aprobación en el Congreso parece una panacea para el gobierno por la fragilidad política de LLA— prevé que, una vez que se establezca cuáles son los ingresos no percibidos de cada empresa, esos montos podrán imputarse al pago de deudas existentes de las distribuidoras con Cammesa. En ningún escenario está previsto que el proceso arroje que el Estado asuma una nueva deuda con los privados, pero sí que parte de los activos regulatorios en favor de Edenor y Edesur puedan utilizarse para netear o cancelar deudas que esas mismas empresas poseen con Cammesa.

Montos

Las dos distribuidoras apuntan, en rigor, a poder pagar deudas con Cammesa cercanas a los US$ 400 millones que fueron regularizadas este año a través de un régimen de 72 cuotas con una tasa de interés conveniente a las empresas. “Edenor y Edesur fueron perjudicadas en el período 2019-2023 porque el gobierno de Alberto Fernández no actualizó el Valor Agregado de Distribución (VAD) en línea con la inflación y con la nominalidad de la macroeconomía. Por eso, tiene a favor un activo regulatorio, es decir, un ingreso que contractualmente deberían haber cobrado y no lo hicieron. El mecanismo incluido en el Presupuesto contempla que una parte de ese dinero pueda imputarse a la cancelación de las deudas que tienen con Cammesa”, explicó una fuente al tanto del detalle de la norma. “Lo que está claro es que en ningún caso los privados saldrán con una acreencia a favor. El mecanismo está pensado únicamente para compensar una deuda, no para reconocer un monto a cobrar por los privados”, agregó.

Según calculan en el sector privado, los activos regulatorios de Edenor y Edesur desde 2018 hasta fines de 2024 generados por la decisión del Estado de aumentar las tarifas por debajo de lo que marcaba las fórmulas de ajustes definidas en el marco regulatorio superan, en conjunto, los US$ 3000 millones. Por eso, presentaron en los últimos años distintos planteos administrativos al Estado para recuperar al menos una porción de esos fondos. El mecanismo de compensación previsto por el artículo 74 es una alternativa que va en esa línea. La norma deja en claro, sin embargo, que, para poder compensar las deudas existentes con Cammesa, las distribuidoras deberán renunciar definitivamente a cualquier reclamo judicial al respecto.

Fuentes cercanas a las distribuidoras indicaron que la recomposición del VAD autorizada en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que se aprobó en abril de este año no fue lo suficientemente competitiva para que las empresas puedan llevar adelante los planes de inversión que requiere el mejoramiento de la red de distribución del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Argumentan, en esa dirección, que el gobierno desagregó la recomposición del VAD en 30 cuotas mensuales y que además en enero de 2025 redujo a la mitad la tasa de rentabilidad (WACC, por sus siglas en inglés) de las distribuidoras reguladas, que pasó de 10,31% a 6,22% después de impuestos.

«Nuestra tarifa real tiene un atraso. Si bien el Gobierno nos está haciendo ajustes mensuales, que se ordenan por el costo de vida y ayudan en algo, seguimos esperando los términos oportunos para una actualización del VAD”, señalaron desde una de las dos compañías.

Acción de lesividad

En mayo de 2019, durante el último año de la gestión de Mauricio Macri, el Ente Regulador de Electricidad (ENRE) firmó con Edenor y Edesur el «Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales«, por el cual se negociaron los activos y pasivos regulatorios que acumularon las empresas entre 2002 —cuando se pesificaron los contratos— y 2018.

Ese convenio que cerró un capítulo de reclamos cruzados durante tres gobiernos kirchneristas fue, sin embargo, impugnado por el Ministerio de Economía en 2021, durante la gestión de Martín Guzmán, que firmó la resolución 590 que instruyó al área de Legales del Palacio de Hacienda a presentar en la Justicia una acción de lesividad para obtener la nulidad de ese documento. Durante los dos últimos años del gobierno de Alberto Fernández, la causa estuvo arrumbada en Tribunales con escaso movimiento, a punto tal que estuvo cerca de prescribir.

Ya en el gobierno de Javier Milei, sin embargo, los abogados del Estado reactivaron las actuaciones para evitar que expiren los plazos procesales. En los hechos, lo que sucedió es que los abogados del Ministerio de Economía, que responde a Luis ‘Toto’ Caputo, realizaron presentación a la Justicia para mantener ‘vivo‘ el planteo de lesividad. Fuentes al tanto de ese trámite judicial indicaron que lo hicieron para que nadie los acuse de incumplir los deberes del funcionario público.

«Para un abogado no hay nada peor que una causa caduque porque vencieron los plazos de tiempo. La acción de lesividad recién se desestimará una vez que haya una decisión política y concluya la negociación de fondo con las empresas», analizó un ex funcionario del área energética.