Una veintena de legisladores oficialistas, encabezados por Martín Maquieyra, Lorena Villaverde y Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de ley en el Congreso que apunta a prorrogar el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía, que fue creado en 2006 por la Ley 27.191 y culmina el 31 de diciembre este año. La iniciativa propone extender el esquema de promoción hasta diciembre de 2045 con tres considereraciones sustanciales de las que se destaca la eliminación de la opción de compra de energía renovable a través de Cammesa para los grandes usuarios.
La ley 27.191, sancionada a finales del el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y reglamentada en 2015 bajo la gestión de Mauricio Macri, vence este año, por lo cual se esperaba la propuesta del oficialismo para discutir su continuidad. El nuevo texto cuenta con el aval técnico de la Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti y con el consenso con la industria de energías renovables. En esa clave, promueve medidas de largo plazo para garantizar estabilidad y previsibilidad para el sector, e introduce modificaciones para diversificar la matriz energética, adaptar el régimen a la modernización del mercado eléctrico y garantizar la seguridad jurídica.
El diputado Maquieyra explicó que el proyecto busca prorrogar los alcances de una ley que obtuvo resultados concretos. “Tras tres administraciones distintas, se invirtieron 6,5 GW de nueva capacidad instalada, alcanzando un 17,4% de participación de las renovables en la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el primer semestre de 2025. Este marco normativo facilitó la aprobación y ejecución de numerosos proyectos a lo largo del país, movilizando miles de millones de dólares, diversificando la matriz energética, reduciendo emisiones contaminantes y promoviendo el desarrollo tecnológico nacional”, indicó.
En la misma clave, la diputada Villaverde explicó que “la propuesta promueve la diversificación tecnológica y geográfica de los proyectos, incentivando la innovación y la expansión del sector en todo el país. Además, extiende las exenciones impositivas – que vencían este año – hasta el 31 de diciembre de 2045″. «Este proyecto es un paso clave para consolidar una política energética moderna, sostenible y atractiva para las inversiones, que fortalezca la seguridad jurídica y promueva el desarrollo económico en un marco de libertad y apertura”, agregó Villaverde.
Tres artículos clave
En el texto de apenas 5 artículos se propone la sustitución del primer párrafo del Artículo 9° de la ley actual -que modificó la ley 26.190-, por el cual hasta hoy los usuarios con demandas de potencia iguales o mayores a trescientos kilovatios (300 kW) tienen la opción de comprar su energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Esa posibilidad queda vetada en línea con la política que lleva adelante el gobierno de desregular la operatoria en este segmento.
La reformulación de ese párrafo establece que “los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y las Grandes Demandas de las distribuidoras podrán autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes fuentes renovables de generación. La compra podrá efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora que la adquiera en su nombre a un generador, o de un comercializador” , es decir eliminando la opción de Cammesa.
De esta manera, también, se elimina el precio máximo del actual Artículo 9 en el que se indica que “los contratos suscriptos no podrán fijar un precio promedio mayor a U$S 113/MWh o su equivalente en moneda nacional, por cada megavatio-hora comercializado entre las partes”, a lo que se aclaraba que cumplidos dos años desde la entrada en vigencia de la reglamentación se podría modificar el precio máximo si las condiciones de mercado lo justifican, aplicable para los nuevos contratos que se celebren.
El proyecto del oficialismo también sustituye el segundo párrafo del Artículo 12 de la Ley N° 27.191, por el cual se instruia a Cammesa disponer las medidas pertinentes para diversificar la matriz de energías renovables a fin de viabilizar el desarrollo de distintas tecnologías y la diversificación geográfica de los emprendimientos y aprovechar el potencial del país en la materia.
La nueva redacción establece que “la Autoridad de Aplicación instruirá al ente que considere pertinente a diversificar la matriz de energías renovables a fin de viabilizar el desarrollo de distintas tecnologías, la diversificación geográfica de los emprendimientos, la medición inteligente y la gestión de demanda, favoreciendo la implementación de mecanismos y sistemas adecuados y aprovechando el potencial del país.” De esta manera se excluye a Cammesa de ese rol activo y se elimina la referencia a los precios máximos de los contratos de energía, reforzando el concepto de la diversificación de tecnologías y geografía.
¿Qué pasará con el descuento en el pago del cargo por potencia que rige para los renovables?
Uno de los puntos que resta definir hacia adelante es qué pasará con la exención y descuentos por el pago de reserva de potencia que rige para los grandes usuarios que compran energía renovable. La resolución 281/17 estableció que los grande usuarios (GUMA-GUMES) que contrataron energía renovable entre 2017 y 2020 están exentos en un 100% del pago por reserva de potencia en el sistema eléctrico, que hoy ronda los 9 dólares por megawatt por hora (MWh). Aquellos que contrataron entre 2020 y 2025 cuentan con un descuento que oscila entre un 75% y 50%, y los que compren energía renovable entre 2025 y 2030 poseen un descuento del 25%, según lo que establece esa resolución.
Fuentes del mercado eléctrico indican que es un derecho adquirido que tienen las industrias. Pero el interrogante es quién financiará en el futuro ese descuento. El proyecto de Ley presentado el viernes prevé que Cammesa dejará de intermediar en la compra conjunta de energía entre generadores, grandes usuarios y distribuidoras, por lo que no está claro de dónde saldrán los fondos para seguir cubriendo los descuentos en el pago de potencia previstos en la resolución dictada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Un veto a nuevos tributos
Finalmente, el nuevo articulado sustituye el Artículo 17 de la actual ley y establece: “El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4º de la ley 26.190, modificado por la ley 27.191, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalía, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2045”, uno de los puntos principales de preocupación de las empresas.
Según los fundamentos del proyecto, «resulta imprescindible asegurar la continuidad de las condiciones que, en los últimos años, han favorecido el desarrollo de proyectos de inversión de largo plazo y ello permitirá no solo sostener el dinamismo alcanzado, sino también incentivar el desarrollo futuro de nuevos proyectos y reducir a la mínima expresión el impacto de tributos que afecten el costo de un bien con tutela federal como lo es la energía eléctrica”.
