YPF firmó en la mañana de este martes —junto con otras seis grandes petroleras del país— los documentos finales que garantizan el acceso a un financiamiento por más de US$ 2000 millones para construir la principal obra de infraestructura que tiene en carpeta Vaca Muerta. Se trata de un oleoducto de unos 440 kilómetros que conectará los yacimientos no convencionales de Neuquén con las costas de Río Negro y prevé también la instalación de una nueva terminal marítima de exportación de crudo en Punta Colorada hacia el Atlántico. Ese megaproyecto de ingeniería fue bautizado con el nombre de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y su propiedad se la reparten -además de YPF- Pluspetrol, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa, Chevron, Shell, Tecpetrol (que se sumó en junio al consorcio) y Gas y Petróleo (GyP), la empresa provincial de Neuquén.

Para poner en perspectiva lo anunciado hoy por la petrolera que preside Horacio Marín, que está a cargo de la gerencia técnico-financiera de la sociedad VMOS SA hasta finales de 2026 (plazo en que se finalizará la construcción de la obra), basta decir que no existe en la historia argentina —al menos no en el sector energético— un antecedente que dé cuenta de crédito tipo ‘project finance’ por un monto similar al involucrado en este proyecto.

“Hay que remontarse al financiamiento que consiguió Barrick a mediados de ’90 para construir Veladero (la principal mina de oro activa en el país), que fue por un monto bastante inferior”, explicó a EconoJournal un experto en estructuración financiera.

Pocos antecedentes

En el pasado cercano, los últimos projects finance que se suscribieron en la Argentina datan de 2018-2019, cuando algunas generadoras consiguieron financiamiento competitivo para construir parques eólicos bajo el paraguas del RenovAr, el programa lanzado durante la gestión de Cambiemos para impulsar el desarrollo de las energías renovables. Desde ese entonces, el acceso a ese clase de contratos financieros —los más buscados por las grandes empresas porque no impactan sobre los balances privados de cada empresa, sino a un proyecto en particular— estuvo vedado para el país por sus recurrentes inconsistencias macroeconómicas.

Más allá del espaldarazo que representa la viabilización del VMOS para el proyecto de exportación de hidrocarburos desde Vaca Muerta, el momento en que YPF logró cerrar este financiamiento constituye un hecho político en sí mismo.

La petrolera que conduce Marín —que esta semana se involucró personalmente en el closing de la operación con los bancos— logró destrabar la firma con un conjunto de entidades internacionales de primer nivel apenas una semana después de que Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York, fallara contra la Argentina y ordenara al Estado nacional transferir las acciones que posee en YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte de pago por la expropiación de la petrolera concretada en 2012.

La inmunidad de YPF

Esa sentencia —en la práctica, un dictamen de cumplimiento imposible porque colisiona contra legislación local que prohíbe la transferencia de esos títulos— tuvo un fuerte impacto mediático y provocó enfoques catastróficos por el presunto efecto nocivo que generaría contra el país. Sólo siete días después hay que, de mínima, repensar ese enfoque porque bancos internacionales de la talla del Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander optaron por mantener su decisión de otorgar a un consorcio liderado por YPF el project finance más importante de las últimas décadas.

¿Cómo se explica ese aparente contrasentido? Con su accionar, las entidades bancarias dejaron traslucir su confianza en que YPF se mantendrá inmune más allá de los avatares que pueda generar el reclamo multimillonario contra el Estado argentino que impulsa Burford Capital. En esa clave, la capacidad de daño de Preska —leída al calor del crédito que YPF anunció oficialmente hoy— quedó relativizada.