La Secretaría de Energía tiene prácticamente listo el pliego licitatorio para avanzar con la re-privatización de las cinco represas hidroeléctricas del Comahue, uno de los mayores pulmones energéticos del país. El documento debía publicarse oficialmente la semana pasada, pero se demoró unos días para cerrar una última cuestión, no menor.
Si bien las provincias donde están emplazadas las centrales hidroeléctricas —Neuquén y Río Negro— no participaron activamente de la redacción del pliego ni del diseño del modelo de negocios sobre el que serán re-concesionados los activos, a mediados de abril el Gobierno nacional abrió un espacio de negociación con los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck con la intención de facilitar políticamente el proceso de privatización. En las Legislaturas de ambas provincias existen proyectos de Ley presentados que podrían entorpecer o afectar el concurso público que se pondrá en marcha en las próximas semanas. El más polémico es el que propone gravar el uso del agua con un canon hídrico.
Para despejar el terreno político y desactivar cualquier riesgos regulatorio vinculado a la re-privatización, funcionarios del área energética del gobierno negocian con sus pares de Neuquén y Río Negro un esquema diferencial por medio del cual las provincias podrán cobrar en ‘especie’ las regalías hidroeléctricas que les corresponden, que están fijadas en un 12% del precio de venta de la energía generada en las represas del Comahue. Así lo aseguraron a EconoJournal tres fuentes privadas sin contacto entre sí.
El complejo hidroeléctrico está conformados por Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito (que conforman un tándem), Alicurá y Planicie Banderita. En conjunto, las centrales aportan 4.107 megawatt (MW) de potencia, un 13% del parque de generación total de la Argentina. Las concesiones de las cinco centrales de generación —privatizadas por primera vez en los ’90— expiró en el segundo semestre de 2024.
El marco legal estableció que las represas debían revertirse al Estado nacional, que es el titular de los activos porque fue quien costeó su construcción entre 1965 y 1990 y quien manejará la licitación para re-privatizarlas. Sin embargo, las provincias son las dueñas del recurso hídrico y tienen algunas facultades regulatorias sobre las represas, por lo que es clave que avalen políticamente la iniciativa diseñada por la Casa Rosada.
Planteo lógico
El planteo de las dos gobernaciones es que las provincias se verá perjudicadas por el modelo de negocios elegido por Nación para re-privartizar las centrales hidroeléctricas, que fue adelantado por este medio hace dos semanas y, a groso modo, establecerá un precio mucho más bajo para la energía producida en complejo hidroeléctrico de la Patagonia —cerca de 15 dólares por megawatt por hora (MWh)— en lugar de permitir que la energía se comercialice a precio libre de mercado, que hoy ronda los 60 US$/MWh.
Al fijar de manera discrecional un valor inferior para la energía hidroeléctrica del Comahue, la recaudación de las provincias por regalías también irá a la baja. Por eso, en un primer intento, los gobernadores de Neuquén y Río Negro plantearon al Ministerio de Economía que dirige Luis ‘Toto’ Caputo, que las distribuidoras provinciales —EPEN, Calf, Edhesa y la Cooperativa de Bariloche— estaban dispuestas a comprar toda la energía eléctrica que se consume en las dos provincias —en el pico unos 700 MW— al precio diferencial de 15 dólares que fijó Nación.
El gobierno nacional descartó esa posibilidad por dos motivos: en primer lugar, porque indirectamente hubiese encarecido el costo medio de la generación de electricidad a nivel nacional porque habría obligado a despachar centrales térmicas más onerosas para cubrir la demanda eléctrica que hoy se despacha con energía de las represas, que aportan electricidad para abastecer al bloque base del consumo. Y en segundo lugar, porque desde la óptica de Nación hubiese establecido un antecedente peligroso a futuro, porque después de la negociación con el Comahue vendrá el proceso de privatización de Los Nihuiles con Mendoza y otros activos energéticos en otras provincias.
Regalías en especie
El segundo planteo de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, que mantienen una excelente relación tanto política como personalmente, apuntó a que las provincias puedan cobrar en especie las regalías hidroeléctricas que les corresponden. Es muy probable que finalmente se avance por esa alternativa, aunque con una serie de condicionantes.
Según indicaron las fuentes consultadas, el gobierno de Javier Milei contrapropuso que las provincias puedan cobrar en especie las regalías hidroeléctricas, pero sólo hasta un 30% de la energía eléctrica que les correspondería. Para defender su posición, Nación se apoyó en una regulación dictada durante la administración de Cristina Kirchner que fijó ese tope porcentual en respuesta a un planteo de Jorge Sapag, entonces mandatario de Neuquén, quien frente al congelamiento durante más de una década del precio del gas en boca de pozo (como consecuencia del congelamiento de las tarifas residenciales) pidió cobrar en especie las regalías gasíferas, que van del 12% al 15%.
En esos años, la Argentina importaba gas natural desde Bolivia a un costo cercano a los US$ 8 por millón de BTU y pagaba hasta 15 dólares por el GNL que traía por barco, mientras que a Neuquén le reconocía sólo 90 centavos de dólar por el gas que producía Loma La Lata, por entonces el mayor yacimiento de gas del país. Frente a ese reclamo, la administración kirchnerista sólo habilitó que se pueda cobrar regalías en especie por un 30% del total. El 70% restante debía cobrarse en pesos.
Tarifa Comahue
“Neuquén y Río Negro necesitan llevarse algo de la negociación y es lógico que así sea porque el proceso de reprivatización no cierre si las provincias no lo avalan políticamente (de hecho, Neuquén es titular de un 30% del paquete accionario de El Chocón y también es accionista de Central Puerto, titular de Piedra del Águila). Quizás en lugar de cobrar regalías en especie por un 30% las provincias puedan terminar percibiendo un porcentaje un poco más alto”, explicó un alto directivo del sector eléctrico, bajo reserva de nombre.
“El pedido es muy importante para las provincias porque, de conseguirlo, podrían financiar una ‘Tarifa eléctrica del Comahue’ más baja que en el resto del país. Ese es un planteo que con mayor o menor visibilidad está presente desde hace tiempo en Neuquén”, complementó el gerente general de otra empresa eléctrica.
