El área energética del gobierno está terminando de definir los lineamientos centrales de un proceso licitatorio que se anunciará en las próximas semanas para construir la línea AMBA I, un conjunto de obras en alta tensión que tienen como objetivo robustecer el sistema de transmisión en Capital y Gran Buenos Aires (GBA). A su vez, mientras Energía define los siguientes pasos de ese proceso, el gobierno realizó este martes la audiencia pública para avanzar en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el segmento de transporte eléctrico que estarán vigentes para el período 2025-2029.
La instancia pública fue presidida por Osvaldo Rolando, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), quien aseguró que “la audiencia constituye un nuevo paso hacia la restauración de un servicio eléctrico de calidad consolidado por inversiones competentes en un contexto adverso y condicionado por la emergencia del sector energético que declaró el gobierno nacional”.
A su vez, el funcionario aseveró que “el gobierno entiende que la recomposición de tarifas y subsidios constituye una condición ineludible para desandar un camino signado por la subestimación de los costos reales del mantenimiento, optimización y ampliación de la red eléctrica nacional, situación que derivó en planes de inversión limitados y una prestación ineficiente absolutamente vulnerable a exigencias extraordinarias”.
Tarifas de transporte eléctrico
Pablo Tarca, director general de Transener -la principal empresa de transporte de energía en alta y media tensión del país- participó de la audiencia y aseguró que del año 2002 al 2024 la demanda creció un 117% mientras que el sistema de transporte creció tan sólo un 54%, lo que llevó a que en la actualidad se encuentre fuertemente saturado.
El ejecutivo de Transener explicó que esta situación “implica mayores costos de mantenimiento por el estrés y las exigencias del equipamiento. Un sistema saturado requiere una tarifa acorde para mantener la disponibilidad de equipos que están en servicio y también las ampliaciones para poder reducir los costos de despacho, abastecer el incremento de la demanda futuro, mantener niveles de seguridad y potenciar los desarrollos productivos”.
Frente a esta situación, Tarca solicitó un ingreso de $249.970 millones anuales, a moneda de diciembre de 2023 para la compañía para poder operar y mantener el 100% de las líneas de alta tensión, estaciones transformadoras y demás sistemas asociados a cargo de Transener.
En ese sentido, detalló que el impacto en la factura final para un usuario catalogado como N1 u agrupado en la categoría R1 y R2 (el 75% de los usuarios residenciales se ubican en dichas categorías) sería de $239 y $855, cuyas tarifas finales se ubican cerca de los $12.000 y $37.000 respectivamente. “La incidencia del incremento en la factura mensual del usuario final correspondiente al transporte sería menos del 2%”, precisó Tarca.
Sistema saturado
El representante de Transener indicó que “el financiamiento del incremento nominal de los gatos corrientes de Transener durante los períodos de emergencia económica implicó limitaciones para el financiamiento de inversiones. Mientras que los costos operativos y los salarios no tuvieron incrementos en términos reales”.
También, advirtió que el 35% de las instalaciones del sistema se encuentran en el fin de su vida útil. “Con los ingresos asignados en los últimos seis años no se han podido realizar el 62% de las inversiones necesarias. La recuperación de las inversiones no realizadas requiere de nueve años de inversiones adicionales a las necesarias durante ese periodo”, puntualizó.
Tarca indicó que los ingresos que la compañía está requiriendo son para la normalización de la tarifa de Transener los que permitirán cubrir los gastos de operación y mantenimiento, inversiones, impuestos y lograr una rentabilidad justa y razonable. También, precisó que la solicitud no contempla las ampliaciones del sistema y solicitó una adecuación por cláusula de ajuste mensual automática.
Frente a la saturación del sistema de transporte, el ministerio de Economía tenía definido avanzar a fines de 2024 con la construcción de AMBA I bajo un esquema de ‘estampillado’ que preveía la creación de un cargo fijo para financiar la construcción de la línea, para que los usuarios financien la construcción de la línea de alta tensión AMBA I, una obra clave que generaría una mejora en todo el sistema.
No obstante, funcionarios del área energética referenciados políticamente en el asesor presidencial Santiago Caputo impugnaron aspectos técnicos de esta iniciativa, por lo que el Ministerio de Economía se vio forzado a reevaluar otros esquemas de financiamiento para concretar la obra a fin de liberar los nodos de transporte que están saturados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el sur del Litoral.
