La puesta en marcha del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que el Gobierno oficializó este viernes a través del Decreto 943/2025 establece un esquema que, de acuerdo a las consideraciones técnicas y nuevos parámetros, significará un aumento para hogares de bajos ingresos que superará un 20% a lo largo de 2026.
De acuerdo a un análisis de la consultora especializada Economía y Energía, con el nuevo esquema vigente desde hoy, se proyecta que las tarifas medias de gas natural se ubiquen un 23% por encima de los valores de 2025, pero el impacto será mayor para los hogares de bajos ingresos, quienes enfrentarán incrementos superiores a la media debido a una mayor cobertura sobre el precio del gas en el PIST.
En el sector eléctrico, el ajuste se explica por el nuevo bloque anual subsidiado de 2.850 kWh que representa una reducción del 32% para los antiguos usuarios de Nivel 2 de ingresos bajos, mientras que para el Nivel 3 de ingresos medios la caída es del 5%, de acuerdo a la consultora que dirige el economista de la energía Nicolás Arceo.
Esta asimetría en los nuevos límites de consumo base, sumada a la convergencia de regímenes, provocará que los usuarios de ingresos más bajos —aquellos que no superan una Canasta Básica Total (CBT)- afronten los mayores aumentos del sistema, estimados en un 20% promedio para el año que comienza, impulsados centralmente por la pérdida de cobertura en sus volúmenes de consumo habitual.
El nuevo esquema deja sin efecto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) vigente desde 2022, por lo que desmantela el esquema de niveles según los ingresos de cada usuario que se identificaban como N1 (altos), N2 (bajos) y N3 (medios). La norma busca corregir lo que el Gobierno entiende es una «inequidad horizontal» y consolidar un ajuste fiscal que ya redujo el peso de los subsidios del 1,42% del PIB en 2023 al 0,60% proyectado para 2025. A la vez, concluye el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, iniciado en 2024.
Un nuevo criterio de segmentación
El FSE establece solo dos categorías, la de hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica. Los usuarios beneficiarios recibirán una bonificación sobre el valor de la energía, pero los que no califican abonarán el costo pleno del servicio. El criterio principal de elegibilidad se fija en ingresos del hogar menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, junto con supuestos de vulnerabilidad específicos.
La medida se adopta luego de haber finalizado el período de Consulta Pública, desarrollada durante 15 días hábiles y finalizada el pasado 19 de diciembre. La consulta es parte del cierre de la Emergencia Pública en materia tarifaria y como parte del proceso de sinceramiento de los costos reales de la energía, con el objetivo de focalizar la ayuda del Estado en los hogares vulnerables y terminar con la multiplicidad de regímenes superpuestos. El esquema unifica los beneficios para los consumos residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado del petróleo (GLP).
El Decreto crea el registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al RASE, y allí las personas que ya estaban inscriptas no deberán volver a anotarse, sino que sus datos serán migrados automáticamente, pero podrán actualizar información de su Declaración Jurada y consultar su situación a través de la opción Trámites de Mi Argentina.
En electricidad, los hogares que califican contarán con una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses templados. En gas por redes se mantienen los bloques de consumo vigentes, y el 50% de subsidio se concentrará entre abril y septiembre, los meses de mayor consumo, mientras que no se contempla bonificación en los períodos de baja demanda.
De forma extraordinaria, y sólo durante 2026, se establece una bonificación adicional de hasta 25% en enero para los beneficiarios de electricidad, gas natural y propano por redes, que irá disminuyendo gradualmente hasta desaparecer en diciembre de ese año. El Gobierno resaltó que el nuevo régimen integra también a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar (garrafas), que pasarán contar con reglas homogéneas.
Estos últimos usuarios contarán con un plazo de seis meses para inscribirse en el SEF, garantizando durante ese período la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración al nuevo esquema. Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja y los usuarios quedarán incluidos en el régimen general de subsidios energéticos focalizados.
El diagnóstico fiscal de un costo histórico
El decreto se apoya en informes técnicos de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético para justificar la urgencia del cambio. Alli se menciona que, en los últimos 21 años, el Estado nacional aportó más de US$ 104.000 millones para cubrir la brecha entre el costo de generación y la tarifa pagada por los usuarios, y que en 2023, el subsidio al precio mayorista alcanzó los US$ 4.800 millones.
El Ejecutivo afirma que el esquema del Decreto 332/22 que dispuso la segmentación por niveles de ingresos resultó ser un mecanismo «complejo y poco transparente». Según la norma, la coexistencia de la segmentación con la Tarifa Social y el Régimen de Zona Fría generó situaciones donde hogares con idéntica capacidad económica recibían beneficios dispares. La redeterminación de subsidios se presenta como un paso necesario para que los precios reflejen los costos reales de la energía, promoviendo el ahorro y la inversión en infraestructura.
El nuevo registro SEF si bien se constituye sobre la base del antiguo RASE, pasa a tener una lógica de control mucho más estricta con un único universo de beneficiarios, y el criterio de elegibilidad para acceder al subsidio del Estado se endurece, ya que sólo podrán acceder aquellos hogares cuyos ingresos netos no superen tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un «Hogar 2» según el INDEC.
La Secretaría de Energía no se limitará a la declaración jurada, sino que se establece el uso de indicadores de exteriorización patrimonial como bienes de lujo, autos de menos de 10 años, embarcaciones, datos cruzados con bases de datos como el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), para atender solicitudes de quienes declarando bajos ingresos, posean activos que demuestren capacidad de pago.
La norma introduce límites físicos al beneficio. En el caso de la electricidad se identifica la estacionalidad marcada, para lo cual se fijan dos bloques diferenciados para incentivar el ahorro en los meses de mayor presión sobre el sistema. En ese esquema se decidió bloques de 300 kWh/mes para los picos de demanda de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y de 150 kWh/mes para el valle de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.
Cualquier consumo por encima de estos límites se pagará a precio estacional pleno, lo que podría representar saltos significativos en las facturas de hogares electrodependientes o sin gas natural. En tanto para el gas natural y propano por redes, el Gobierno introduce el Precio Anual Uniforme (PAU). El objetivo es evitar que en invierno la factura se vuelva impagable debido a la combinación de mayor consumo y mayor precio del fluido, y se mantienen los volúmenes base de las resoluciones 686/22 y 91/24 segmentados por zona geográfica.
