El Poder Ejecutivo oficializó este lunes un cambio estructural en la gestión de la infraestructura energética al habilitar el régimen de concesión de obra para la ampliación del sistema de transporte de electricidad. Si bien la medida ya era contemplada por la Ley de Bases, requería un decreto reglamentario correspondiente.
La normativa recupera las atribuciones de la Ley 17.520, sancionada en 1967 pero que fue modificada a lo largo de los años, especialmente en los 90, y la Ley 24.095 que dispone el régimen legal del sector de energía eléctrica. La figura de concesión de obra pública, a diferencia de los proyectos que se realizan con partidas presupuestarias del Tesoro nacional, prevé que el financiamiento lo aporten los privados como principal diferencia al modelo vigente en los últimos años.
El Decreto 921/2025 publicado en el Boletín Oficial, «tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo. Una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación», explicó la Secretaría de Energía.
El decreto establece que las obras de ampliación del transporte eléctrico definidas como prioritarias en la Resolución 715 de julio último, se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica.
La medida se da a conocer después de que la semana pasada el Gobierno oficializó la privatización del capital accionario de Transener, una empresa estratégica dentro del sector energético porque monopoliza la operación del sistema de líneas de alta tensión, que permanece en manos del Estado. Por medio de la Resolución 2090 del Ministerio de Economía avanzó con el proceso de venta del 50% de Citilec, la sociedad controlante de Transener, que está en poder de Enarsa.
Cómo se ampliará la red de transporte
Mediante la nueva norma, como parte del proceso de desregulación del mercado eléctrico, se fundamenta que se logrará así el desarrollo de inversiones bajo un esquema que, según los considerandos «otorga garantías a los concesionarios en términos de la remuneración, variación de las condiciones contractuales, el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico-financiera».
La medida se fundamenta en «la necesidad de optimizar los servicios del Estado, el fin de reducir el gasto público y, adicionalmente, posibilitar la inversión privada en obras tales como las ampliaciones del sistema de transmisión de energía eléctrica».
Según el decreto, el sistema de transporte y distribución en la Argentina se encuentra bajo una emergencia declarada originalmente en 2023 y prorrogada hasta el 9 de julio de 2026, por lo cual el Ejecutivo determinó que las ampliaciones del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realicen bajo la modalidad de «libre iniciativa y al propio riesgo de quien la ejecute».
El articulado señala que el concesionario no solo construirá, sino que «llevará a cabo la operación y mantenimiento de las obras de ampliación bajo supervisión de la transportista, a cuyos efectos el concesionario asumirá el rol de Transportista Independiente«. Este esquema busca, según los fundamentos, «alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible».
Desrulación del Mercado Eléctrico
El Gobierno considera este paso como una pieza central para normalizar el sector. En el comunicado oficial que acompaña la medida, la Secretaría de Energía sostiene que la ejecución de obras prioritarias mediante concesión es una «condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación«.
Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X reforzó que el esquema de concesión de obra «permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica«, lo cual permitiría destrabar inversiones que el Ejecutivo califica como largamente postergadas.
El decreto también establece en su articulado un esquema de responsabilidades compartidas entre las carteras económicas. Mientras que el Ministerio de Economía mantendrá su jerarquía como autoridad de aplicación de los contratos de concesión, ejerciendo la supervisión y el control sobre el cumplimiento de los mismos, se delegan en la Secretaría de Energía facultades críticas para la operatividad del plan.
Se especifica, en el caso de la Secretaría, la potestad de aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional para las obras identificadas como prioritarias y organizar la Comisión Evaluadora, calificar a los oferentes y dictar el acto administrativo de adjudicación.
Entre los proyectos específicos que la normativa pone en marcha se destacan el sistema “AMBA I”, la “Línea 500 kV Río Diamante – Charlone – O´Higgins” y la “Línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca”, que fueron oportunamente declaradas como prioritarias entre más de una decenas de proyectos de ampliación.
