Enargas realizó este jueves una audiencia pública para evaluar la prórroga por 20 años de las concesiones de Naturgy Ban, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas de Cuyo. Llamativamente no participó ningún representante de la sociedad civil. Solo expusieron ejecutivos de las empresas y de la asociación que las nuclea en un encuentro que duró apenas una hora y media.
Una decisión de enorme trascendencia política que les garantiza la continuidad al frente de un negocio regulado de carácter monopólico a una serie de grandes grupos empresarios hasta diciembre de 2047 no ameritó ni siquiera una declaración crítica para que conste en actas por parte de organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales, movimientos sociales, defensorías del pueblo, sindicatos, cooperativas, organizaciones profesionales, universidades y/o centros de investigación. Tampoco dijeron presente en la audiencia ni legisladores ni representantes de los distintos gobiernos provinciales y municipales.
Esta situación evidencia la despolitización creciente de un espacio de participación que, si bien nunca tuvo carácter vinculante y fue más bien protocolar, al menos servía para canalizar críticas y tratar de incidir en la esfera pública.
Las prórrogas
La ley 24.076 que regula la actividad de transporte y distribución del gas natural como servicio público nacional, preveía desde su sanción en 1992 la posibilidad de extender las licencias de los distintos concesionarios por una década, una vez que se cumplieran los 35 años de concesión. El gobierno de Milei extendió ese plazo a 20 años a través de la Ley de Bases aprobada el año pasado.
La propia ley de gas contempla en su artículo 6 la exigencia de convocar a audiencia pública antes de decidir la renovación de una licencia de concesión. La audiencia para tratar las extensiones de las concesiones de Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN) se realizó en octubre del año pasado y no participó ningún representante de la sociedad civil, aunque las transportadoras no tienen relación directa con el usuario final. Una vez cumplimentado ese paso formal, Enargas oficializó la extensión de la concesión de TGS, controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, el pasado jueves 24 de julio. La próxima beneficiada será la compañía controlada por el Grupo Techint.
El 20 de mayo de este año fue el turno de la audiencia pública para tratar la extensión de las concesiones de las distribuidoras Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana. Allí hubo quince inscriptos, entre los cuáles estuvieron Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), y María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Este jueves fue el turno de Naturgy Ban, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Pampeana, pero solo expusieron 3 personas: Juan Enrique Salum en representación de Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, ambas propiedad de Ecogas Inversiones, empresa controlada por Central Puerto; Marcela Claudia Córdoba, de Naturgy Ban, subsidiaria por la española Naturgy; y Daniel Martini, directivo de la Asociación de Distribuidores de Gas.
Las sillas vacías
El objetivo de la audiencia pública es desde el punto de vista formal que la autoridad responsable de tomar una decisión regulatoria acceda a las distintas opiniones existentes sobre el tema, a través del contacto directo con los interesados. Todos aquellos que pudiesen verse afectados por una decisión gubernamental o tuviesen un interés particular en ella expresan en ese ámbito su punto de vista, aunque la audiencia sea de carácter no vinculante. Si bien las empresas participan de esos encuentros, el objetivo central es que lo hagan los representantes de la sociedad civil que no suelen tener la capacidad de lobby para presionar a los funcionarios de manera cotidiana. Por lo tanto, sorprende que no haya participado nadie.
“Las veces que he participado en representación de Deuco nunca se tuvo en cuenta ninguna de las consideraciones que hice. La audiencia solo se utiliza como un trámite administrativo por parte de la secretaría de energía para evitar acciones judiciales”, aseguró a EconoJournal Pedro Bussetti, titular de Deuco, al ser consultado sobre el motivo de su ausencia. En la misma línea se expresó Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores. “ADDUC resolvió no participar porque estaba todo arreglado”, aseguró. También se quejan porque solo le asignan diez minutos a cada expositor de las entidades de usuarios y porque quieren que las audiencias no solo sean por zoom sino también presenciales. Además, afirman que el gobierno actual no presenta el informe final de las audiencias antes de resolver sobre el tema tratado en cada uno de esos encuentros.
La mayoría de los problemas que señalan son entendibles, pero vienen desde hace años. Las audiencias públicas fueron una instancia meramente protocolar y no vinculante desde sus inicios y el escaso tiempo que se les asigna a los representantes de los usuarios tiene al menos diez años. Por lo tanto, no se le puede atribuir a esas causas la falta de interés actual para participar de las audiencias porque hace pocos años los problemas eran los mismos y las asociaciones participaban. Evidentemente, muchas entidades de consumidores y usuarios atraviesan una profunda crisis y se fueron convirtiendo en sellos de goma que no representan a nadie. No es un problema que afecte a todas las entidades, pero está claro que hay muchas más asociaciones de usuarios que personas que le ponen el cuerpo cotidianamente a la resolución de los problemas concretos que afectan a esos usuarios.
A ese hecho, se le suma el desinterés de los partidos políticos de la oposición que parecieran haberse desentendido de la agenda energética. Durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, los aumentos de tarifas fueron duramente cuestionados por el kirchnerismo. Ese tema fue uno de los principales caballitos de batalla para tratar de horadar la gestión oficial, no solo a través de las declaraciones de los principales dirigentes de ese espacio político sino también impulsando diversas acciones de modo indirecto a través de asociaciones de consumidores o think tank financiados por esa misma oposición política. En ese contexto, las audiencias públicas eran un espacio más donde dar la disputa, al menos desde el plano discursivo para intentar incidir en la esfera pública, pero eso ya no ocurre, lo que evidencia la falta de una expresión política capaz de canalizar muchos de los problemas cotidianos que enfrenta la ciudadanía.
La audiencia más convocante
La audiencia pública que generó más expectativa fue la realizada en la Usina del Arte entre el 16 y 18 de septiembre de 2016. El gobierno de Mauricio Macri había descartado inicialmente convocar a audiencia porque quería aplicar los nuevos cuadros tarifarios del gas natural cuanto antes y esa instancia iba a demorar el cumplimiento de su objetivo. Para justificar el accionar oficial, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que la audiencia sí se había hecho, pero en 2005.
El argumento fue que el ajuste aplicado no era consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino de una “adecuación transitoria” que continuaba con una negociación contractual inconclusa iniciada durante el gobierno de Néstor Kirchner. A partir de una presentación realizada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la Corte Suprema desestimó el argumento oficial, anuló aquellos aumentos y obligó al gobierno a convocar a audiencia, la cual se extendió a lo largo de tres días porque se inscribieron 373 oradores.
Desde aquel entonces los sucesivos gobiernos no volvieron a cometer el mismo error y antes de aplicar un aumento de tarifas convocaron a la respectiva audiencia.
Espacio para dirimir internas
Durante el gobierno de Alberto Fernández las audiencias públicas fueron uno de los tantos espacios donde se evidenciaron los conflictos internos que tenía ese gobierno. El caso más recordado es el de la audiencia pública del 16 de marzo de 2021. El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, venía impulsando una suba de tarifas para mantener a raya los subsidios.
Se suponía que la audiencia era para validar el aumento, pero el entonces interventor del Enargas, Federico Bernal, hombre designado por pedido de Cristina Fernández de Kirchner, realizó en la apertura del evento una clara reivindicación del acceso a la energía como un derecho social y, por lo tanto, del Estado como encargado de garantizar ese derecho, cueste lo que cueste. Para fundamentar su posición se retrotrajo hasta el Código de Hammurabi, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.
Entre los expositores del encuentro estuvo la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien se manifestó en contra de cualquier tipo de aumento y calificó a los neokeynesianos, corriente en la que se referencia Guzmán, como la “versión más edulcorada” del ideario monetario neoliberal.
