La audiencia pública convocada para poner en consideración el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino transcurrió durante la primera semana de exposiciones sin incidentes y con un respaldo mayoritario a la iniciativa. En las seis jornadas de modalidad presencial expusieron más de 330 personas y este viernes comenzó la modalidad virtual que tiene 1380 inscriptos. El proyecto de la suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi promete una inversión de US$ 559 millones en su primera etapa e implicaría la vuelta de Mendoza a la minería de primera categoría.
Polémica por el lugar de la audiencia
La audiencia presencial se realizó en el predio que el proyecto minero tiene en la zona de Yalguaraz, departamento de Las Heras, a 2400 metros sobre el nivel del mar, 50 kilómetros al noroeste de la villa de Uspallata, sobre la montaña.
La ubicación fue cuestionada por el Partido Verde que presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Energía solicitando la nulidad de la audiencia. En el escrito, firmado por Mario Vadillo (presidente del Partido Verde), Emanuel Fugazzotto (diputado provincial), Dugar Chappel (senador provincial) y dos concejales, aseguraron que “la elección de un lugar de realización presencial, ubicado en la alta montaña, en condiciones geográficas y climáticas extremas, sin transporte público, sin accesibilidad ni garantías mínimas de seguridad y sanidad (…) vulnera el principio de participación ambiental efectiva consagrado en la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, la Ley Provincial 7722 y el Convenio de Escazú”.
El gobierno rechazó el pedido argumentando que la audiencia debía realizarse en la zona de influencia directa del proyecto. Más allá del argumento formal, lo que se buscó fue tratar de minimizar la posibilidad de cualquier tipo de incidente realizando el evento lejos de la ciudad.
El 26 de octubre de 2010, cuando se hizo una primera audiencia pública para analizar el entonces Proyecto San Jorge, ahora rebautizado PSJ Cobre Mendocino, el lugar elegido fue el Polideportivo Municipal de Uspallata, perteneciente a la Municipalidad de Las Heras, y, si bien hubo custodia policial y solo se dejó ingresar a los acreditados, en la puerta hubo manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa. El Partido Verde finalmente decidió no participar y denunció un «simulacro institucional».
Respaldo mayoritario
Entre los expositores inscriptos en las seis jornadas presenciales hubo un claro apoyo al proyecto minero y ese mismo apoyo se evidenció en la primera jornada de modalidad virtual que se extendió este viernes durante 9 horas y en la que llegó a exponer hasta el participante anotado en el orden 364. Entre los 100 primeros inscriptos para disertar por zoom, EconoJournal contabilizó 37 expositores a favor de PSJ Cobre Mendocino, 4 en contra y 59 ausentes. En este caso, no se puede sostener como un argumento para justificar la ausencia de voces críticas la dificultad de acceso, ya que se conectaron ciudadanos de distintos lugares de Mendoza apenas con un teléfono móvil.
En estos primeros días de audiencia quedó claro que hubo un trabajo destinado a reunir apoyos para la iniciativa minera tanto por parte de la gobernación como de los empresarios. De hecho, en los últimos meses se organizaron 11 talleres informativos y 5 visitas técnicas para los habitantes de la zona.
Cada participante tiene 5 minutos para exponer en la audiencia y a muchos les sobró tiempo porque se limitaron manifestar su respaldo al PSJ Cobre Mendocino como si fuese un plebiscito en el que cada voto cuenta.
Detalles del proyecto
En representación del proyecto expuso Fabián Gregorio, presidente de Minera San Jorge y CEO de PSJ Cobre Mendocino. “Estamos acá para demostrarles de que es posible una minería moderna, responsable, con altos estándares internacionales, con cumplimiento de la legislación nacional y provincial, y capaz de generar desarrollo real”, aseguró. El ejecutivo detalló que hasta el momento el proyecto ya lleva desembolsados US$62 millones en sondajes de exploración y estudios de ingeniería. Sostuvo que el proyecto demandará una inversión inicial de US$559 millones y unos US$15 millones se desembolsarán en los primeros 12 meses. La construcción de la mina demandará 3900 puestos de trabajo y otros 2400 para la etapa de producción de cobre. “Nuestro compromiso es priorizar la contratación local con empleo de calidad que dinamice a toda la región”, declaró Gregorio.
Además, aclaró que la construcción demandará entre 18 y 24 meses y que el objetivo es producir en promedio 40.000 toneladas anuales de cobre fino con una técnica de flotación de sulfuros, proceso hidrometalúrgico que permite separar los minerales metálicos valiosos sin necesidad de usar cianuro ni ácido sulfúrico, dos sustancias prohibidas por la ley provincial 7722.
Cómo sigue el proceso
Una vez concluida la audiencia pública, si la Autoridad Ambiental Minera, compuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, aprueba la Declaración de Impacto Ambiental hay que enviarla a la legislatura en cumplimiento de la ley 7722 para que sea tratada en ambas cámaras. Recién si el Congreso Provincial la aprueba, la empresa puede iniciar sus actividades y luego tendrá la obligación de actualizar el informe de impacto ambiental cada dos años.
