Si bien la macroeconomía argentina muestra señales de mejora, todavía están pendientes la apertura completa del cepo para las compañías y la recomposición del acceso del Tesoro soberano al mercado de capitales. Así lo advirtió el economista jefe de Empiria Consultores, Nicolás Gadano, en un nuevo episodio de Dínamo, la propuesta audiovisual de EconoJournal que conduce Nicolás Gandini. “Por el momento, estamos viendo que las empresas que lideran la inversión en Vaca Muerta tienen una espalda financiera más chica. Se van corporaciones como ExxonMobil, TotalEnergies o Petronas y aparecen firmas muy buenas, pero de menor tamaño, lo que anticipa que el desarrollo se dará a un ritmo más lento”, advirtió el experto.

Este proceso de ‘argentinización’ que se viene verificando en Vaca Muerta, reconoció, es ciertamente inquietante. “Yo preferiría que estén presentes todas las compañías, que haya más disputa por áreas, que la formación se vaya ampliando y que las inversiones se den a mayor velocidad. Pero la verdad es que los compradores de los activos que dejan las multinacionales son grupos locales”, señaló.

De todas maneras, sostuvo, esta etapa será revertida cuando la Argentina cumpla con los hitos pendientes de salida del cepo y regreso al mercado de capitales. “A partir de entonces podrá reconstruirse la confianza de los inversores. Mientras tanto, la disponibilidad de fondos para la inversión tendrá limitaciones”, recalcó.

Política de Estado

El mejor estímulo para las inversiones, opinó Gadano, es que la Argentina simplemente estabilice su macro y cumpla sistemáticamente con las reglas de lo que ha prometido, además de mantener estables las rentas que se lleva al Estado y las regalías de las provincias (que no deberían no aprovechar cualquier circunstancia para cobrar más). De lo contrario, expuso, siempre se estarán prometiendo regímenes especiales, supuestamente cada vez más beneficiosos y dotados de mecanismos de arbitraje. “También es cierto, para quienes se animen a entrar en el mercado ahora, que los activos van a valer mucho más en el futuro”, aseguró.

Más allá de lo que pase con las elecciones de medio término, intervino Fernando Krakowiak, el Gobierno todavía está lejos de acordar puntos centrales de políticas económicas que se conviertan en política de Estado. “Vaca Muerta fue apoyada por distintos gobiernos, pero en otros temas no hay tanto acuerdo y eso no genera mucha confianza en el exterior”, cuestionó el periodista de EconoJournal.

Son notables, contestó Gadano, el consenso y la relativa estabilidad que hay con respecto a las reglas básicas de esta industria. “Desde su expropiación, el modelo de YPF de un 51% de mayoría accionaria estatal y un 49% de participación privada fue respetado por Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Discutir eso ni siquiera está en agenda. Tampoco hay una gran discusión, pese a la precaria relación entre la Nación y las provincias, sobre el dominio de los recursos, la renta y las regalías. En la macroeconomía, en tanto, la idea del equilibrio fiscal está bastante internalizada”, reivindicó.

Menos retenciones

Recientemente se anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de ciertos minerales, entre los que figura el cobre. Según recuerda Flavia Royon, esto era una condición del sector para viabilizar los proyectos en carpeta. “Esto ya se conversaba en mi gestión, simplemente que el contexto era otro: no se habían eliminado las retenciones del campo y no se estaba cerca de producir cobre. Por otro lado, independientemente de este anuncio los proyectos cupríferos que se incorporaran al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no iban a pagar derechos de exportación”, minimizó el impacto la ex secretaria de Energía y ex secretaria de Minería de la Nación.

Más allá de lo establecido en el RIGI, puntualizó, lo que todavía falta resolver es la Ley de Glaciares. “¿Cuántos de los proyectos mineros que aplican al RIGI tienen la vocación decidida de invertir y cuántos responden a la especulación financiera?”, le preguntó Krakowiak. Si hay demora en la aprobación de proyectos, respondió Royon, es justamente porque el Poder Ejecutivo está siendo muy analítico y crítico en ese sentido. “Pero creo que se está viendo una real vocación de inversión. Rio Tinto, por ejemplo, tiene claramente la vocación de invertir”, precisó.

Beneficios sociales

A la hora de hablar de infraestructura y obra pública, afirmó Royon, no hay que caer en generalizaciones. “En el tema minero, no es lo mismo una línea eléctrica de uso exclusivo que una línea conectada con el sistema que también beneficiará a otros usuarios. No es lo mismo construir una ruta minera que una ruta nacional. Y tampoco es lo mismo un gasoducto que un hospital o una escuela. La infraestructura del sector le corresponde al sector, mientras que aquella con impacto social le corresponde al Estado”, distinguió.

Desde su visión, el gran problema con las obras, de todos modos, es que hay que poner la planta antes de que el sector se desarrolle. “Y muchas veces el Estado no la tiene”, manifestó.

De acuerdo con Gadano, debe considerarse que los proyectos surgen mucho antes de que empiecen a producir. “Los proyectos dejan de ser un anuncio o una idea cuando llega la decisión final de inversión; es decir, cuando las empresas firman los contratos y ya no hay marcha atrás. En efecto, la construcción y el desarrollo de estas obras ya se traducen en empleo y beneficios”, resaltó.

Impedimento para el desarrollo

Consultada sobre la Ley de Glaciares, Royon la definió como “una interferencia dentro de las competencias provinciales”. “No obstante, no hay un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en una provincia que no contiene el sistema de glaciares”, aclaró la ex funcionaria pública.

A su entender, la Ley de Glaciares ha hecho mucho daño al sector. “Hay que tener políticas y discursos públicos sostenibles e informados. El gris legal que dejó esa normativa hoy es un impedimento para el desarrollo de la Argentina”, sentenció.

El Gobierno nacional, sugirió, debería apoyarse en las provincias que tienen los recursos y representan la autoridad de aplicación. “El escenario ideal sería rever la ley en el Congreso. Esa discusión llevará tiempo. Mientras tanto es posible aclarar los puntos inciertos mediante un decreto reglamentario, acordado con las provincias, que permita que los proyectos avancen”, completó.