La decisión de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, de ordenar al Estado argentino transferir las acciones que posee en YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte de pago por la expropiación de la petrolera concretada en 2012, puede generar complicaciones de corto plazo no sólo a los planes de financiamiento de la compañía de mayoría accionaria estatal, sino a también a la industria local embarcada en distintos proyectos de desarrollo. Así se desprende de un relevamiento realizado por este medio entre altos directivos de empresa energéticos.

La mayoría de las principales compañías del sector sondean casi a diario las condiciones de emisión de deuda en el mercado local e internacional en busca de capitales para apalancar inversiones especialmente en Vaca Muerta. Por la incertidumbre que todavía genera la macroeconomía argentina, las ventanas de oportunidad para conseguir crédito competitivo son escuetas. La semana pasada, Pluspetrol, una de las petroleras con planes más ambiciosos en Vaca Muerta, que en principio apuntaba a conseguir unos US$ 75 millones, terminó emitiendo un bono por unos US$ 200 millones con una tasa cercana al 8,5% y recibió ofertas por más de US$ 500 millones. Esa realidad auspiciosa, sin embargo, no es el común denominador entre todas las energéticas. Más bien lo contrario: compañías más chicas debieron postergar en las últimas semanas sus planes de financiamiento por el encarecimiento o directamente la ausencia de crédito.

La sentencia de Preska no hace más que complejizar aún más ese escenario. Para muestra basta un botón: VMOS SA —la sociedad que lleva adelante el proyecto Vaca Muerta Sur, la mayor obra de infraestructura hidrocarburífera que está realizando la Argentina, que posee como socios a YPF, PAE, Vista, Pluspetrol, Shell, Pampa, Chevron, Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) y la semana pasada sumó a Tecpetrol como accionista— tenía todo listo para anunciar esta semana la obtención de un préstamo por unos 2.000 millones solventado por un crédito sindicado de un conjunto de bancos Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, hace algunas semanas en Neuquén durante las primeras soldaduras del oleoducto a Punta Colorada.

Mal timing

Los documentos finales de la transacción iban a firmarse el próximo lunes 7 de julio. Sería el primer préstamo de una envergadura similar concretado desde la salida de la Convertibilidad bajo el paraguas de un ‘project finance’, el tipo de financiamiento que suele utilizarse en el mundo para solventar proyectos de infraestructura (porque pone el riesgo crediticio en cabeza de proyectos particulares y a raíz de eso, no consolida directamente en los balances de las empresas), pero que durante décadas fue imposible concretar en el país por la fragilidad de la macroeconomía local.

Al momento de fallo en los EE.UU, le negociación entre las partes contemplaba pagar una tasa SOFR, que ronda el 4,4% anual, más 550 puntos básicos de riesgo país (otro 5,5%), más una comisión que toman los bancos líderes que se paga una parte en cash y otra en porcentaje. La tasa neta total se acercaba al 12% anual en dólares, detallaron a EconoJournal dos fuentes privadas cercanas al proyecto sin contacto entre sí.

La cifra puede parecer elevada si se le compara con colocaciones corporativas recientes de empresas locales, todas por debajo del 10%, pero es conveniente en función de la magnitud del desembolso en un modelo de financiación que no registra antecedentes en la Argentina desde hace varias décadas.

“Siempre supimos que por tratarse de un project finance la tasa de interés rondaría el 10% más fees (comisiones). Es una tasa competitiva. De hecho, inicialmente se buscaban unos US$ 1700 millones y finalmente, como las condiciones eran convenientes, se estaba por cerrar un préstamos por algo más que US$ 2000 millones”, explicó una fuente con conocimiento de las negociaciones.

El interrogante es si el consorcio bancario mantendrá los mismos términos de negociación o pedirá garantías adicionales para concretar el financiamiento del Vaca Muerta Sur, cuya inversión total ronda los US$ 3000 millones. El desembolso es clave para asegurar el avance en tiempo y forma de las obras ya en marcha en la provincia de Río Negro.

Hasta el momento, los primeros trabajos que permitieron superar el 15% de avance de obra se venían financiando con el aporte de capital de los accionistas del VMOS, hasta tanto se pudiera definir la mega operación de financiamiento. A su vez, arecién para el año próximo se pensaba realizar una colocación local en Obligaciones Negociables por unos US$ 400 millones finales para completar el financiamiento.

Efecto Preska

El fallo de Preska tuvo un efecto inmediato el lunes sobre la petrolera al provocar una fuerte caída de sus acciones tanto en Nueva York como en Buenos Aires luego de que se conoció la noticia, aunque al cierre moderó el derrumbe para cerrar en un rojo diario por sobre el 5% respecto del viernes. La expectativa es también ver en qué magnitud la decisión judicial puede afectar a otras petroleras, en particular aquellas que estaban buscando financiamiento en el mercado.

En abril superada la volatilidad inicial tras la salida parcial del cepo, se fueron estabilizando las variables cambiarias y monetarias y ya en mayo y junio hubo signos de recuperación en el financiamiento corporativo, inclusive con algunas emisiones internacionales.

Desde entonces se registraron colocaciones como las que concretaron Pampa Energía (US$ 340 millones con una tasa del 8%), Pluspetrol (US$ 450 millones con una tasa 8,75%) y Vista (500 millones con 8,5%) con el interés de inversores externos. Pero también hubo colocaciones locales recientes como las que operó Oleoductos del Valle a mediados de junio (US$ 85 millones, con una tasa del 7,89%) y la que está cursando Compañía Mega, que tiene como accionista a YPF, que este miércoles 2 de julio tenía previsto salir a buscar hasta US$ 100 millones en el mercado.