El presidente Javier Milei firmará un decreto que autoriza la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), aunque lo hará por partes, mediante la separación de las actividades y activos de cada una de las unidades de negocio de la compañía pública. Según la norma, a cuyos lineamientos centrales accedió EconoJournal en exclusiva, lo que se busca al avanzar de ese modo es garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que la empresa estatal tiene a su cargo. Lo primero que pondrá a la venta son sus acciones en Citelec, la sociedad controlante de Transener, la empresa que opera la mayor red de alta tensión de energía de la Argentina.

La propia naturaleza de los activos que tiene Enarsa hace difícil avanzar con su privatización en un solo paquete. La empresa creada por ley en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, tiene un portfolio diversificado que incluye, además del 50% de Citelec, el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), las represas de Santa Cruz (que tienen un grado de avance superior al 30%), el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), el 50% de la terminal de GNL de Escobar (el otro 50% es de YPF) y la mayoría accionaria de las centrales térmicas Manuel Belgrano (Campana, Buenos Aires) y José de San Martín (Timbúes, Santa Fe) que se construyeron bajo el programa Foninvemem y sobre las que todavía existe una polémica en torno a cuál es el porcentaje que controla el Estado, lo que impidió que se liquiden esos fideicomisos.

El primer paso

El gobierno decidió comenzar a desenmarañar esa madeja y primero venderá las acciones de Enarsa en Citelec. El decreto autoriza la venta a través de un concurso público nacional e internacional. El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, ya había anticipado en diciembre, durante el Día del Petróleo, la intención oficial de desprenderse de esos papeles.

La capitalización bursátil de Transener es de 871.560 millones de pesos, lo que arroja un valor total de mercado de unos US$ 800 millones. Esa cifra podría crecer si la macroeconomía se estabiliza y el Estado le asegura un mayor ingreso por tarifas a Transener para los próximos cinco años en la Revisión Quinquenal Tarifaria que debe cerrarse antes del 30 de abril.

Fierros

Transener está integrada por casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, adicionando los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (Transba S.A.)

Enarsa tiene el 50% de Citelec y el otro 50% está en poder de Pampa Energía, entre ambos controlan el 51% de la transportista Transener y además Citelec suma un 1,65% adicional en acciones clase B de la firma. Por lo tanto, Enarsa posee cerca de un cuarto de la compañía, lo que le pone un piso de unos US$ 200 millones a ese activo.

Un punto clave para poder acelerar el proceso de venta es que la gestión de Enarsa, que encabeza su presidente Tristán Socas, un directivo que llegó al cargo a fines de 2024 por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo, tenga la firme convicción de vender el activo.

Normativa

El decreto que habilita la venta remarca en uno de sus artículos que el Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” adoptará las medidas necesarias para avanzar con la privatización y aclara que la modalidad y el procedimiento referidos no prevén el otorgamiento de las preferencias a las que refiere el artículo 16 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias.

La ley 23.696 es la de Reforma del Estado que el Congreso Nacional le aprobó a Carlos Menem en agosto de 1989, apenas un mes después de haber asumido como presidente de manera anticipada en medio de la crisis hiperinflacionaria y los saqueos. Esa norma autorizaba la privatización de numerosas empresas y el artículo 16 señala que el Poder Ejecutivo podrá otorgar preferencias en la adquisición de las empresas sujetas a privatización a quienes ya sean propietarios de parte del capital social y a quienes sean empleados del ente a privatizar, de cualquier jerarquía, con relación de dependencia, organizados o que se organicen en un Programa de Propiedad Participada. Ambas posibilidades están descartadas.