El gobierno viene autorizando todos los meses subas en las tarifas de gas natural y electricidad en línea con la inflación para que los ingresos de las empresas reguladas (fundamentalmente de las distribuidoras) se mantenga estable en términos reales. Para el mes entrante se esperaba, a su vez, que se aplicara un ajuste adicional como resultado de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), un proceso que los entes reguladores vienen discutiendo desde hace meses con los compañías privadas a fin de definir cómo evolucionarán los ingresos de distribuidoras y transportistas durante los próximos cinco años. Sin embargo, fuentes oficiales y del sector privado indicaron a EconoJournal que esa actualización recién entrará en vigencia en mayo porque ni el ENRE ni el Enargas pudieron concluir el proceso de revisión. De esa manera, el 1° abril las tarifas volverán a incrementarse en línea con la inflación —el Valor Agregado de Distribución (VAD) de las distribuidoras gasíferas aumentaría cerca de un 2,5%— con el mismo criterio de evitar que se atrasen en términos reales frente a la nominalidad de la economía.
Desde la Secretaría de Energía se dejó transcender la semana pasada que la suba por sobre la inflación, una vez que esté terminada la Revisión Quinquenal Tarifaria, tendrá un techo de 9,9% para los hogares y se aplicará en tres cuotas para hacer más gradual el impacto sobre los precios, aunque fuentes privadas indicaron que en estos días podría revisarse el esquema de cuotificación. EconoJournal informó el pasado 18 de marzo que para poder cumplir con ese techo y al mismo tiempo garantizarles a las distribuidoras los ingresos necesarios para prestar el servicio se estaba evaluando aplicarles un incremento mayor en términos relativos para las industrias.
Incremento diferencial
Esa idea sigue en pie y en el gobierno buscan dejar en claro que ese rebalanceo entre industria y hogares no es arbitrario y tiene una justificación. Lo que sostienen las fuentes oficiales es que en los últimos 20 años el aumento promedio de la tarifa residencial fue significativamente mayor que la de los otros segmentos. Ese dato es el que permitiría justificar ahora un mayor aumento para las industrias y los usuarios de GNC. «Desde 2001 a la fecha (caída de la Convertibilidad) el aumento acumulado para los usuarios R1 (de menores consumos) y para los GUDI’s (grandes usuarios industriales) fue, en el caso de algunas distribuidoras, muy inferior que para los usuarios de mayor consumo como los R33 y los R34», explicó un alto ejecutivo del sector.
La RQT deberá detallar las inversiones que deberán asumir las licenciatarias y los parámetros de calidad a observar durante el quinquenio en los distintos segmentos, algo que solamente se observó en dos oportunidades desde la década del 90 cuando se dio forma a un nuevo sistema derivado del proceso de privatización de empresas de servicios energéticos.
Audiencias públicas
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) llevó adelante el jueves 6 de febrero una audiencia pública a fin de avanzar en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para los segmentos regulados de transporte y distribución de gas natural que estarán vigentes para el período 2025-2029.
En el caso de la electricidad, las audiencias públicas convocadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad se realizaron el 25 y 27 de febrero últimos. La primera abarcó a las compañías de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener) y de Transporte de Energía Eléctrica de Buenos Aires (Transba), así como las correspondientes a la Patagonia (Transpa); Cuyo (Distrocuyo), Neuquén (Epen), del Noreste (Transnea); del Noroeste (Transnoa) y del Comahue (Transcomahue). En el otro caso, sólo se abordó la situación de las dos mayores distribuidoras eléctricas del país Edenor y Edesur, que son las únicas bajo regulación nacional, y que abarcan los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano.
Tal como detalló Econojournal a comienzos de año, también queda pendiente el cambio en la política de subsidios que anticipó oportunamente el gobierno, lo que podría derivar en incrementos mayores para quienes pierdan el beneficio, aunque todavía no hay precisiones sobre ese tema.
