“Las empresas tienen que ser privadas, salvo que haya una justificación clara para que sean públicas”. La reflexión, que corresponde a Julián Gadano, abrió el debate sobre la privatización de las firmas energéticas que tiene en carpeta el gobierno de Javier Milei, tal como admitió la secretaria de Energía, María Tettamanti, en la última edición del Energy Day.
En el cuarto episodio de Dínamo, espacio audiovisual que lleva adelante EconoJournal en busca de abrir la discusión sobre temas fundamentales del sector energético, el ex subsecretario de Energía Nuclear de la Nación señaló que “los recursos del Estado no deberían provenir de la realización de negocios, sino del cobro de impuestos. Ahora bien, si hay empresas públicas tampoco corresponde sacárselas de encima”.
En el caso de la Argentina, particularizó Gadano, la capacidad estatal para gestionar una firma pública es dudosa, limitada. “A nuestro Estado le cuesta mucho controlar a sus empresas, monitorear su funcionamiento e imponerles una agenda. Pero eso no significa que haya que liquidar activos que pueden ser muy valiosos en el mercado”, remarcó.
El proceso de privatización, prosiguió, debería darse bajo determinados niveles de competencia e institucionalidad. “En ese contexto, podría empezarse por las ventas más sencillas de efectuar. Por ejemplo, la de la participación estatal en Transener. A mi entender, sería deseable priorizar el formato de concesión”, opinó.
Vale aclarar que la discusión sobre la salida accionaria de Citelec, la controlante de Transener, no es nueva, sino que lleva largo años. No menos controvertida es la decisión que el Estado debería tomar sobre Dioxitek, cuyo proyecto de ampliación se encuentra demorado.
Al respecto, agregó Gadano, no tiene ningún sentido que haya empresas de combustibles nucleares en manos públicas. “Eso no ocurre en ningún país del mundo. Y se trata de un negocio rentable, por lo que estaría todo dado para establecer condiciones de privatización muy razonables”, señaló.
Ejemplos puntuales
En la misma dirección, Gustavo Lopetegui sostuvo que “hay que vender todo lo que pueda venderse”. “No casualmente en octubre de 2017 dictamos un decreto con esa finalidad, y nos desprendimos de dos centrales termoeléctricas (Ensenada Barragán y Brigadier López), activos con ocho años de uso, a los que les quedaban siete años de contrato, por los que el Estado cobró US$ 860 millones”, cuantificó el ex vicejefe de gabinete y ex secretario de Energía durante la presidencia de Mauricio Macri.
Con parte de ese dinero, detalló, se cancelaron los US$ 400 millones de deuda que se mantenía con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). “En la actualidad, tres empresas se distinguen como las más fáciles de vender en términos económicos, legales y políticos: Transener, el Gasoducto Perito Moreno y Metrogas”, enumeró.
Todavía más fácil, según Juan José Aranguren, sería desprenderse de las centrales térmicas José de San Martín y Manuel Belgrano, de 830 megawatts (Mw) cada una. “Enarsa controla el 63% de una y el 68% de la otra. Se trata de dos ciclos cerrados que pueden significar alrededor de US$ 1.000 millones para la empresa estatal”, proyectó el ex ministro de Energía, quien diferenció el caso de las centrales hidroeléctricas, las cuales demandan ciertas inversiones para su puesta en venta.
Excepción a la regla
En el rubro hidroeléctrico, justamente, reside un claro ejemplo de activos de los que el Estado no tendría que desprenderse, más allá de que el gobierno evalúa su traspaso al sector privado. Al menos así lo manifestó Nicolás Arceo, quien destacó que esas centrales hoy aportan al sistema el 11% de la generación a un valor de US$ 11 por Mw. “Salir a concesionarlas por 20 ó 30 años implicaría suscribir un contrato PPA por entre US$ 20 y US$ 30 por Mw, requiriendo un flujo de fondo para que alguien pague un monto a devolver en ese plazo, con una tasa de descuento tendiendo a infinito, y encima encareciendo el costo de generación”, advirtió el director de la consultora Economía y Energía.
Hay una brecha significativa, tal como expuso el especialista, entre realizar un negocio que financie un flujo futuro con un contrato PPA o algo similar, y licitar los servicios de operación y mantenimiento para que ser pagado por vía tarifaria, con un costo de entre US$ 6 y US$ 9 por Mw. “Privatizar en el segmento hidroeléctrico no tiene demasiado sentido, sobre todo en este momento”, recalcó.
El debate, por supuesto, no se agotó ahí. Los invitamos a conocer cómo prosiguió la charla en a través de este link.
