El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, presentó la semana pasada la Ley Impositiva, en forma conjunta con el Presupuesto oficial de la Provincia para el año que viene, ante la Legislatura. En la propuesta, la gobernación de Axel Kicillof fijó un incremento del 120% en el impuesto adicional sobre Ingresos Brutos que grava las operaciones de los puertos en la Provincia. Fuentes cercanas al gobernador aclararon que el proyecto enviado «no incrementa la carga tributaria en los sectores productivos. Las alícuotas del Impuesto de Ingresos Brutos no se modifican. Lo que establece es una actualización del cargo fijo del adicional por tonelada en terminales portuarias en línea con la evolución de precios registrada en 2024«.
La medida generó especial controversia entre las empresas que operan en el puerto de Bahía Blanca – empresas exportadoras de crudo, petroquímicas, compañías dedicadas a la carga y descarga de cereales y armadores de barcos, entre otras-, ya que fuentes privadas aseguraron a este medio que la decisión afectará la competitividad de los puertos bonaerenses, complicando la llegada de nuevas inversiones. A su vez, agregaron, que tendrá un impacto en las cadenas estratégicas de las economías regionales y nacionales por la alta carga impositiva.
Un directivo de una empresa energética lo puso en estos términos: “De ser aprobado este incremento del 120% en el impuesto adicional, el impacto que deberemos afrontar los usuarios del sistema de transporte de hidrocarburos será del orden de 8.000 millones de pesos por año”.
El impuesto
Este impuesto sobre los ingresos brutos aplicados a la actividad portuaria de la provincia se creó en 2020. En el artículo N°100 de la Ley Impositiva presentada ese año, en plena pandemia, se estableció con carácter extraordinario un incremento en el impuesto sobre Ingresos Brutos en lo vinculado a la explotación de terminales portuarias ubicadas en puertos de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, con el objetivo de obtener una mayor recaudación frente al escenario que se había desatado por la crisis sanitaria, la provincia había establecido diferentes montos adicionales que debían abonar de forma mensual las empresas que operan en el puerto.
Las compañías debían pagar $47 por cada tonelada o fracción superior a 500 kilos de mercadería cargada en buques durante el mes, $139 por la mercadería descargada de buques y $23 por la mercadería removida durante el mes. Si bien, como se marcaba en la normativa, al inicio se trataba de un tributo con carácter extraordinario, ahora la administración provincial decidió fijar ese impuesto y aumentar sus montos base en un 120 por ciento.
En el proyecto de la Ley Impositiva 2025, el gobierno provincial determinó que, por cada tonelada o fracción superior a 500 kilos de mercadería cargada en buques durante el mes, las empresas deberán pagar un adicional de $1.135. Por cada tonelada o fracción superior a los 500 kilos de mercadería descargada $3.405 y por mercadería removida durante el mes $545.
Desde la gobernación provincial explicaron que «la suma fija del adicional por por tonelada en las terminales portuarias se debe actualizar porque si no se desvaloriza su función. Lo que se hizo desde la Provincia es plantear un aumento que está en línea con la inflación de 2024«.
Impacto
Frente a esta decisión, los actores privados del puerto de Bahía Blanca, exportadores e importadores, marcaron el impacto que tendría esta decisión y argumentaron a este medio que “el monto adicional de las operaciones portuarias, que se cobra para aumentar los recursos de la provincia, carecería de legalidad debido a que, al adherirse a la Constitución Nacional, la provincia de Buenos Aires le cedió al gobierno federal la regulación de los derechos de importaciones y exportación”. De hecho, existen unas 10 causas judiciales a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que discuten la aplicación del tributo.
En esa misma línea, las fuentes consultadas explicaron que la aplicación de un impuesto adicional sobre los ingresos brutos afecta directamente los costos logísticos de las empresas que dependen de los puertos de la provincia, lo que se traduce en un encarecimiento de las operaciones y una consecuente disminución de su atractivo frente a otros puertos de la Argentina frenando el crecimiento de las empresas que ya se encuentran radicadas en los puertos de la provincia.
Desde una empresa naviera indicaron que “las políticas fiscales restrictivas desalientan la llegada de nuevas empresas al territorio bonaerense. Esto genera un escenario adverso para la inversión en infraestructura clave, como el desarrollo de cadenas logísticas eficientes. Las decisiones fiscales recientes refuerzan la percepción de incertidumbre en el ámbito empresarial, lo que complica la planificación de inversiones a mediano y largo plazo”.
También, fuentes del sector precisaron que el aumento de costos en los puertos bonaerenses encarecerá aún más las exportaciones y al mismo tiempo disminuirá la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales.
La respuesta de la Provincia
Frente a este escenario, las fuentes del Gobierno provincial remarcaron que «como el adicional no es un porcentaje, sino una suma fija, si no se aumenta pierde su función. Por eso se decidió este aumento. Además, el adicional tiene un tope».
Esto es así porque, según precisaron desde el Ejecutivo provincial, «el importe a abonar en ningún caso puede superar el 5% de la base imponible de las actividades alcanzadas, quedando determinada de esa manera por la variación de la base imponible para el impuesto sobre los Ingresos Brutos».
