La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió el pasado 31 de marzo que el Estado argentino deberá indemnizar a Burford Capital por la expropiación de YPF concretada en 2012. Si bien todavía no se definió una cifra, especialistas que siguen de cerca el caso aseguraron a EconoJournal que Argentina deberá desembolsar como mínimo unos US$ 3000 millones. Lo que sigue es un detalle de cómo llegó Burford a demandar al país y de los acuerdos que fue cerrando con inversores que en su mayoría permanecen ocultos. Las complicidades del kirchnerismo que le allanaron el camino y la contratación que incomoda al macrismo.
Desembarco de Burford
El fondo inglés inició en 2015 el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, instrumentos radicados en Madrid con los que la familia Eskenazi había comprado el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011.
Gracias a un acuerdo que no tenía ninguna racionalidad económica, impulsado por el entonces presidente Néstor Kirchner, los Eskenazi habían financiado la compra de las acciones de YPF con créditos que insólitamente iban cancelando con los dividendos que obtenían de la compañía. Cuando el Estado argentino desembarcó en la firma en 2012, se dejaron de pagar dividendos y los Ezkenazi perdieron sus acciones a manos de los acreedores que le habían prestado el dinero, entre quienes figuraban Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard, Santander e incluso la propia Repsol.
El administrador concursal Luis Armando Betancor, del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, decidió entonces que la mejor forma de sacar valor del proceso era reclamarle al Estado argentino y a YPF una indemnización. El argumento central era que, cuando el 51% de la firma pasó a manos del Estado argentino, el estatuto societario de la compañía lo obligaba a hacer una oferta pública de adquisición por el 49% restante. Ante la falta de recursos para financiar el juicio, Betancor abrió un concurso y fue Burford Capital quien se terminó quedando con el derecho de litigar.
Qué es lo que tiene Burford
En el balance anual de 2015, Burford informó a sus accionistas que había sido designado para financiar a los liquidadores de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que quebraron luego de la expropiación, llevando adelante una demanda contra el Estado argentino e YPF en los tribunales de Nueva York. Allí reconoció que “Burford tiene derecho al 70% de la recuperación en el caso de Petersen (del cual Burford deberá pagar gastos significativos)”.
Se supone que el 30% restante de los beneficios quedará para la administración del concurso, la cual debería repartir ese dinero entre los acreedores del Grupo Petersen. No está claro si la familia Ezkenazi también podría percibir algún beneficio. Ellos lo han negado cada vez que tuvieron oportunidad, pero en el gobierno argentino, e incluso en el mundo empresario, hay quienes desconfían de que efectivamente hayan quedado al margen. Incluso se especula con algún tipo de acuerdo privado entre los Ezkenazi y Burford.
A su vez, Burford ha ido vendiendo partes de su porcentaje. En su balance anual de 2016, el fondo inglés aseguró que su inversión inicial había sido de US$ 17 millones y que esperaba obtener “una recuperación de múltiplos sustanciales de esa cantidad”.
En ese mismo balance revelaron que en diciembre de 2016 vendieron el 1% de la participación en las ganancias que pudiesen llegar a obtener en este caso por US$ 4 millones a «dos inversionistas globales”. Allí también informaron que a comienzos de 2017 cerraron otra transacción con “inversores institucionales” y en total terminaron vendiendo el derecho a quedarse con el 10% de las ganancias por US$ 40 millones. De ese modo, valoraron su inversión, por la que habían desembolsado US$ 17 millones, en US$ 400 millones.
En junio de 2017, vendieron un 15% adicional de su participación en las ganancias por US$ 66 millones. En total, a esa altura ya habían embolsado US$ 106 millones, lo que valoró la inversión en US$ 440 millones.
En el balance de 2017, reconocieron además que durante ese año siguió habiendo ventas en el mercado secundario a niveles de precios variables, con un precio promedio ponderado que elevó el valor de su inversión original a US$ 660 millones.
En junio de 2018, Burford se desprendió de otro 3,75% por US$ 30 millones. Para ese entonces ya habían vendido el 28,75% de las potenciales ganancias de su inversión por US$ 136 millones, lo que elevaba la inversión total a US$ 800 millones.
Por último, en junio de 2019 vendió un 10% adicional por US$ 100 millones a “inversores institucionales”. Así llegó a ceder el 38,75% de las potenciales ganancias por US$ 236 millones. De ese modo, el valor de la inversión trepó a US$ 1000 millones. En su balance de 2021, Burford aseguró que durante 2020 y 2021 no se desprendió de ninguna otra porción de sus derechos y la valorización del activo se mantuvo sin cambios respecto de 2019. Es seguro que luego del fallo de Preska esa valorización subió.
Acuerdo con Eton Park
Burford financió además la demanda de Eton Park, el tercer mayor accionista de YPF después de Repsol y Petersen en el momento de la expropiación. En su balance anual de 2019 el fondo inglés aseguró que llevaba invertidos US$ 26 millones en los reclamos de Eton Park, “que son esencialmente idénticos a los reclamos de Petersen y siguen el mismo camino de litigio en EE. UU”.
A su vez, reveló que en ese caso había acordado embolsar el 75% de los ingresos que pudieran recuperarse a partir de la demanda. Por lo tanto, se supone que Eton Park se quedará con el 25% restante. Por último, Burford aclaró que no había cedido ningún porcentaje de su reclamo en lo que respecta a la demanda de Eton Park.
Cravath y Pepín Rodríguez Simón
El fallo reciente de Preska volvió a dejar en evidencia el acuerdo ruinoso que impulsó Néstor Kirchner con los Ezkenazi y los errores que se cometieron durante el proceso de expropiación. Desde Juntos por el Cambio, se aprovechó la ocasión para cuestionar con dureza al kirchnerismo, pero hay un acuerdo impulsado durante la presidencia de Mauricio Macri que evidencia una sospechosa cercanía con Burford.
Pocos meses después de que Macri asumiera la presidencia en diciembre de 2015, YPF decidió cambiar al estudio de abogados que llevaba adelante la causa iniciada por Burford. Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton le cedió su lugar a Cravath Swaine & Moore LLP. Quien estuvo detrás de esa decisión fue el entonces director de Legales de YPF, Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, actualmente prófugo de la justicia argentina.
La elección de Cravath llamó la atención porque tres importantes ejecutivos de Burford Capital habían trabajado antes en Cravath: Christopher Bogart, el CEO; Craig Arnott, Deputy Chief Investment Officer, y Aviva Will, Co-Chief Operating Officer.
El escándalo terminó de estallar en octubre de 2020 cuando se hizo público que el estudio Cravath asesoró a Burford en su salida a la bolsa de Nueva York. Desde Cravath informaron entonces que para evitar el intercambio de información privilegiada habían implementado al interior de la empresa una barrera virtual, a la que denominaron «Chinese Wall», pero YPF, ya durante el gobierno de Alberto Fernández, terminó reemplazando a ese estudio por Debevoise, que también tenía vínculos con Burford.
Cuando YPF solicitó la sustitución de Cravath por Debevoise, el bufete de los demandantes, Kellogg Hansen, presentó una carta al Tribunal informando que la contratación de Debevoise suponía varios problemas porque los especialistas de Debevoise habían negociado con Burford para ser abogados de los demandantes en el caso Petersen, porque habían asesorado a Burford en materia de políticas de conservación de documentos y porque son abogados corporativos de Burford.
Sin embargo, luego de una serie de negociaciones llevadas adelante con Debevoise, los abogados de Burford escribieron nuevamente al Tribunal en enero de 2021 diciendo que finalmente no se opondrían al ingreso del nuevo estudio porque los abogados de Debevoise que representarían a YPF no eran los mismos abogados que estuvieron involucrados en las conversaciones para la posible representación de los demandantes. A su vez, Debevoise aseguró a los demandantes que implementarían una barrera de información para evitar que los abogados de Debevoise de YPF recibieran información de otros abogados de Debevoise sobre las conversaciones con Burford.
Un comentario
Con saber quiénes fuero esos «inversores institucionales» muchas cosas se podrían explicar. Lo más probable es que el tan mentado Pepín esté metido en eso.
Por su parte, la entrada de los Ezkenazi es inexplicable.