El anuncio de recorte de subsidios a la electricidad y el gas natural que realizó este martes el gobierno dejó más dudas que certezas por las enormes dificultades que evidenciaron los funcionarios al momento de detallar las novedades. Las evidentes limitaciones expresivas se combinaron con una presentación en Powerpoint que incluyó una serie de slides incomprensibles incluso para quienes estaban cerca de la pantalla y llegaban a leerlos, pues en muchos casos los cuadros no tenían las referencias básicas indispensables para tratar de descifrarlos. Pese a ello, EconoJournal, identificó cinco puntos clave de los que se va a hablar en los próximos meses, ya sea por lo que se sabe o por lo que aún resta saber.
Cambios sustanciales en el programa de origen.
El 16 de junio el gobierno publicó el decreto 332/22 de segmentación tarifaria con la firma del presidente Alberto Fernández. El artículo 2 distingue tres niveles: el Nivel 1, donde se ubica a los usuarios de mayores ingresos que perderán todo tipo de subsidio; el Nivel 2, con los usuarios de menores ingresos que tendrán un aumento con un tope anual equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; y un Nivel 3, con los usuarios de ingresos medios para los cuales el tope anual del aumento sería equivalente al 80% del CVS de 2021.
Fernández aseguró que la medida estaba inspirada en la ley 27.443 que el kirchnerismo impulsó en 2018 para para ponerle un freno al aumento de tarifas implementado por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. Aquella norma, que fue vetada por Mauricio Macri, establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el CVS.
“Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, sostuvo el presidente en marzo durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando anticipó la medida.
El kirchnerismo había filtrado en diciembre, sin el aval del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, que el aumento de tarifas durante 2022 tendría un tope del 20%. La referencia a la ley 27.443 que había impulsado la propia Cristina Fernández de Kirchner fue la manera que encontraron cerca del presidente para ir un poco más allá. Pese a ello, el kirchnerismo siguió resistiendo y el decreto 332/22 recién fue publicado en junio.
En el gobierno dicen que lo que están haciendo ahora es avanzar con la “implementación de decreto 332/22”, pero el anuncio de este martes introdujo cambios sustanciales en esa norma porque para el Nivel 3 de ingresos medios el aumento terminará siendo mucho mayor al tope del 80% del CVS de 2021, equivalente a una suba anual de 42,72%. Por lo tanto, deberían sacar otro decreto porque una resolución reglamentaria no será suficiente.
Lo paradójico es que uno de los encargados de presentar este martes el nuevo aumento en las boletas de luz y gas fue el flamante subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, uno de los que más resistió el incremento que impulsaba Guzmán, que era notablemente inferior al anunciado ahora.
Diferencia en el criterio del retiro del subsidio.
En el caso de la electricidad, el gobierno confirmó que los usuarios de los niveles 2 y 3 mantendrán el subsidio hasta un consumo máximo de 400 kwh por mes y pagarán tarifa plena por el excedente. A su vez, se elevará a 550 kWh en aquellas localidades que no cuenten con gas natural por redes.
El límite de 400 kwh mantiene a salvo del nuevo recorte a cerca del 80% de los usuarios. Sin embargo, en el gas el criterio que se aplicará es diferente. En el gobierno sostienen que la cantidad de gas demandada por los hogares no está vinculada al nivel de ingresos que tiene la familia, sino a las condiciones climáticas, la cantidad de personas que viven en el hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos. Por lo tanto, anunció que, para los hogares de ingresos medio, se subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimos y máximos de cada categoría y subzona. Un usuario R1 que tiene un mínimo de 0 y un máximo de 500 m3 anuales, tendrá subsidiado el 70% de un consumo equivalente a 250 m3. Es decir, 175 metros cúbicos. De este modo, la quita parcial de subsidios será transversal y alcanzará a más usuarios que en el caso de la electricidad.
Cuántos se quedan sin subsidio.
En el memorando de entendimiento que firmó con el FMI, el gobierno se comprometió a quitarle todo tipo de subsidio “al 10 por ciento de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago”. En la audiencia pública en la se presentó el plan de segmentación tarifaria, el pasado 12 de mayo, se volvió a insistir con ese porcentaje y cuando se publicó el decreto 332/22 los funcionarios insistieron en off the record con que solo el 10% perdería los subsidios. Una vez conocidos el tope de ingresos equivalente 3,5 canastas básicas por familia para poder conversar el beneficio, diversos analistas dejaron trascender que la quita de subsidios no alcanzaría solo al 10% de los usuarios sino a cerca del 30%, tal como publicó EconoJournal.
Sin embargo, en el gobierno siguieron insistiendo con ese porcentaje, hasta que el miércoles 3 de agosto Massa informó que se habían anotado en el registro de subsidios unos 9 millones de usuarios y otros 4 millones habían quedado excluidos voluntariamente, lo que significa que al menos el 30 por ciento de los hogares pasará a pagar la tarifa plena y no solo el 10 por ciento.
Este martes el gobierno dio mayores. En el caso del gas, sostuvo que 5.749.365 usuarios se inscribieron en el registro y 3.543.155 no lo hicieron. De ese modo, los que van a perder el subsidio al gas natural ya no son ni el 10% ni el 30% de los usuarios sino el 38%.
En electricidad, informaron que se anotaron 8.890.998 usuarios, pero no dieron el número exacto de cuántos quedaron afuera, probablemente porque no lo saben. Hasta ahora vienen diciembre que el total de hogares con electricidad son unos 13 millones. Por lo tanto, cerca de 4 millones se quedarían sin subsidio. No obstante, EconoJournal informó el pasado 8 de agosto que en la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) sostienen que hasta hace un par de años el total de hogares con electricidad era de 15,5 millones y fuentes de la Secretaría de Energía señalaron a este medio el mes pasado que estimaban que la cifra podía trepar a 17 millones. Aún si se toma el número más conservador de 15,5 millones de usuarios, hay 2,5 millones que no se sabe dónde están. Si los que se quedaron afuera del registro no fueran 4 millones sino 6,5 millones, los hogares que comenzarán a pagar la tarifa plena ya no serán ni el 10% ni el 30% sino el 40%.
Por ahora, el registro continúa abierto, pero si no hay cambios sustanciales los que perderían todo tipo de subsidios serían muchísimas más de los previstos inicialmente. En esos casos, deberán afrontar en un plazo de 6 meses una suba de la electricidad cercana al 200% y una suba del gas que estaría en torno al 90%.
Cuánto más se pagará y en qué plazo.
El gobierno informó que en los hogares de ingresos altos y medios (niveles 1 y 3) las subas del gas natural se aplicarán gradualmente en tres bimestres, a partir de los consumos de septiembre, noviembre y enero. El gobierno puso como ejemplo un hogar nivel 3 de ingresos medios que en junio pagó una factura por $1650 en promedio, en septiembre pagará $115 más; en noviembre, otros $160; y en enero, $221 adicionales. A los seis meses esa familia, la cual no se aclaró cuánto consume, pasará a abonar $2146 por el consumo de gas, 30% más que antes de los aumentos. Para un hogar nivel 1 de altos ingresos, esa misma factura subirá $338 en septiembre, $468 en noviembre y $649 en enero llegando a pagar $3105, un 88% más en un lapso de 6 meses.
En electricidad el recorte también se hará en tres tramos, pero en el primero sólo se reducirá el 20% del subsidio y en los dos siguientes el 40% en cada uno. «Estamos previendo que los costos de la energía eléctrica van a bajar en los próximos meses, por eso nos pareció conveniente hacer más accesible el primer tramo», sostuvo la secretaría de Energía, Flavia Royón. Los ejemplos que dieron para la electricidad fueron los de usuarios de distintas compañías que consumen 300 Kwh por mes y, si bien no se lo aclara, se supone que estarían dentro del Nivel 1 de mayores ingresos porque de acuerdo a ese nivel de consumo no deberían perder el subsidio si tienen ingresos medios o bajos. En el caso de una factura de Edesur, por ejemplo, de los $1467 de agosto, la tarifa pasará a costar $2285 en septiembre. Un salto de $818 en un mes o, visto de otra manera, de 55,7%, pero en ese mismo ejemplo no se informa cómo sigue la quita en los meses siguientes, aunque según la explicación oficial la suba en noviembre y enero debería ser mayor hasta dejar. Se estima que en electricidad la suba para quienes pierdan el subsidio estará en torno al 200%.
La quita de subsidios estará completamente implementada a partir del año próximo. En el gas esto significa que el principal impacto se sentirá recién en el invierno próximo. Esto significa que si no hay cambios “la bomba de tiempo” explotará en el medio de la campaña electoral presidencial.
Cuál será el ahorro fiscal
El ahorro fiscal que se conseguirá con la quita de subsidios en las tarifas electricidad y gas natural será de 47.500 millones de pesos este año y de $455.000 millones el próximo. «Es mayor al previsto inicialmente, porque se calculaba un 10% de usuarios de altos ingresos que perderían el subsidio, pero tenemos 4 millones de usuarios que no hicieron el pedido de mantener el subsidio», aseguró Royón. En Hacienda estiman que el ahorro del año próximo equivaldrá a medio punto del producto. La medida forma parte de los compromisos que el gobierno asumió con el FMI en el acuerdo de facilidades extendidas cerrado en marzo. Sin embargo, Royón lo presentó como “el resultado de una política redistributiva con sentido social». “El 50 por ciento de la población de mayores ingresos recibe el 60 por ciento del monto total de subsidios», argumentó.
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haría que explicarle al consumidor que de este aumento , las prestatarias de los servicios no ven 1 peso. Si se quiere invertir en servicios haca falta otro aumento. También habría que decir que la deuda de las distribuidoras con CAMMESA ronda los 400 mil millones de pesos. y contestar la siguiente pregunta ¿ si se acumuló esta deuda, que pasará de ahora en mas’. Tambie´n habría qe explicar que la inflación se devorará este esfuerzo, a menos que las nuevas tarifas se ajusten por inflación. Y que si los cosots de importación de energéticos aumentan, habrá que aumentar las tarifas. Sobre estas cuestiones el silencio es total