La Secretaría de Energía le dio tiempo hasta este viernes a un grupo de 11 proyectos del programa RenovAr que no se construyeron y que aceptaron la salida que otorgó el Ejecutivo mediante la resolución 1260, (publicada a fines de diciembre), pero que presentaron distintas objeciones al marco legal para rescindir los contratos PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés). Se trata de proyectos que desistieron de continuar “pero con reservas” a fin de reducir el monto de penalidades a pagar, según indicaron fuentes oficiales a EconoJournal. Hasta ahora son 91 proyectos del programa RenovAr que no se concretaron pero que están en distintas instancias administrativas.
La resolución 1260 que publicó el gobierno a fines de diciembre otorgó un marco de salida para los proyectos del programa RenovAr que no se construyeron, principalmente por la falta de financiamiento después de la crisis económica desatada a partir de 2018. La intención de la cartera conducida por Darío Martínez es purgar el universo del RenovAr para liberar prioridad de despacho de energías renovables que estos proyectos tienen retenida, un reclamo del sector que permitiría nuevos proyectos e inversiones.
Las objeciones adicionales del grupo de 11 proyectos al marco de salida que implementó el gobierno son variadas, pero muchas tienen que ver con los montos de las multas, según pudo averiguar EconoJournal de distintas fuentes. Tienen tiempo hasta mañana para avanzar en la presentación o rectificarse. El equipo de abogados de la Secretaría de Energía está trabajando sobre esto.
Las multas
Según la resolución de diciembre, las empresas adjudicatarias que quieran abandonar el desarrollo deberán pagar una multa de 17.500 dólares por cada MW de potencia para las tecnologías eólicas y solares y 12.500 dólares por MW para el resto de las energías renovables. Las multas de esta resolución representan, en el caso de los parques eólicos, casi un 7% del costo original de las penalidades, ya que en los contratos PPA del RenovAr estaba previsto una sanción económica de 250.000 dólares por MW no construido, que la resolución 1260 lo bajó a 17.500 dólares. Esto significa que, si una empresa que tenía 100 MW adjudicados tenía que abonar 25 millones de dólares por MW no construidos (según el contrato original), con la nueva resolución de diciembre podrá pagar sólo 1.750.000 dólares para salir del RenovAr. Es decir, casi 15 veces menos de lo que tendría que pagar según el contrato original firmado, un gesto económico significativo que implementó el gobierno para fomentar la salida de proyectos para liberar prioridad de despacho renovable en el transporte eléctrico con el objetivo de sumar nuevos parques.
El programa RenovAr fue un plan impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para desarrollar las energías renovables en el país mediante contratos en dólares a 20 años. Fueron cuatro subastas donde se licitaron poco más de 5.000 MW de potencia renovable. La crisis económica y financiera desatada en 2018 impidió que alrededor de una centena de proyectos del programa Renovar no se construyeran. Según cálculos del sector, suman alrededor de 1.500 MW de potencia adjudicada sin construir.
Los proyectos no construidos del RenovAr
Según fuentes del gobierno, hasta el momento sólo 6 proyectos presentaron un pedido de prórroga (o reconducción contractual bajo las condiciones de los artículos 2 y 3 de la resolución 1260), que implica achicar el contrato y acotar la potencia de generación renovable. Además, hay 25 proyectos que presentaron la documentación para rescindir los contratos PPA del RenovAr bajo el paraguas del artículo 1 de la resolución 1260. Varios de este lote plantearon pagar las multas en cuatro cuotas, una posibilidad que podría tener el visto bueno oficial.
Hay otros 11 proyectos que quieren salir del programa, pero pusieron condicionamientos adicionales a los que establece la resolución 1260. Es decir, aceptan irse del RenovAr, pero objetan la salida habilitada por el gobierno. La mayoría son de la Ronda 3, que fue una subasta para proyectos de baja potencia y no acumularían tantos dólares de penalidades. La Secretaría de Energía les dio un plazo de cinco días (vencería mañana). Cammesa rechazó los planteos de estos 11 proyectos y llamó a rectificar o confirmar la presentación. En el caso de que los proyectos confirmen la presentación, lo más probable es que se transforme en un derrotero administrativo y continúe en la Justicia, donde el Estado intentará cobrarles todas las multas previstas en los contratos.
También, hay un grupo de 34 proyectos que todavía no respondieron a la resolución 1260. Además, hay otros 10 proyectos que manifestaron la posibilidad de adherirse a los artículos 2 y 3 de la resolución, aunque técnicamente no podían hacerlo y es muy probable que estos reclamos sean rechazados. Por otro lado, hay 5 proyectos que directamente objetaron los términos de la resolución 1260 y la consideran improcedente y hasta inconstitucional. De este grupo de 5, hay 3 proyectos que efectivamente ya hicieron la presentación administrativa en la Secretaría de Energía para objetar la resolución del gobierno y los otros 2 presentaron una medida cautelar en la Justicia para frenar la resolución de diciembre. Esto último es lo que más preocupa en la cartera energética porque si la medida cautelar avanza podría generar un precedente para que otros proyectos hagan lo mismo mediante amparos.
Un comentario
Lo que no tiene en cuenta el artículo es que la baja de la penalidad es por devolver el proyecto con el PPA y a ese costo hay que adicionar el capital invertido de gastos de desarrollo y pólizas que mínimo son USD 35.000/ MW, lo cual lo transforma en una penalidad en si misma. Si consideramos que los cierres financieros no se cumplimentaron por la condición del país. Al ser de causas externas a cada Compañía la vara no puede solo cortar a las empresas titulares de los proyectos adjudicados. Por otro lado, hay que considerar que solo hay posibilidades de cierre financiero con capitales externos no hay forma ni modo de hacerlo internamente. Se agrava además con las restricciones del mercado cambiario y los cambios de tiempos y precios para la construcción de los parques post pandemia. Las marítimas fleteras están quebradas, los costos aumentados y la cadena productiva demorada. Imposible cumplir los plazos de 1 año. La resolución 1260/21 es de cumplimiento imposible. Los proyectos grandes son los que mas sufren su consecuencia atendiendo además a que la poca y casi nula devolución de los mismos están ligadas al amparo de Provincias o de sus propias SAPEM, en un contexto que hacen inviable competir con privados, también lo son las compañías estatales o que cotizan en bolsa.