Las cuatro licitaciones del programa RenovAr, un plan elaborado por el gobierno de Mauricio Macri para impulsar las energías renovables, dejó hasta el momento 91 proyectos sin construirse como consecuencia, en gran medida, de la crisis económica desatada en 2018 en el país. En total, suman alrededor de 1.000 MW (aunque podrían ser más) que el Estado adjudicó para habilitar parques de generación con prioridad para inyectar energía renovable en el sistema eléctrico nacional.

La multa por cada MW no construido ascendía, según la regulación original, hasta los US$ 250.000, según los contratos PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) que firmaron las compañías adjudicatarias en las cuatro licitaciones que hubo del RenovAr. Es decir, los 91 proyectos que totalizan aproximadamente 1.000 MW no construidos deberían abonar US$ 250 millones en penalidades. Ese es el monto que el Estado tendría que recibir según las sanciones tipificadas en los contratos iniciales. Sin embargo, finalmente el Estado va a terminar recibiendo, en el mejor de los casos, menos del un 10% de ese cifra.

¿Por qué?

Según la resolución 1260 que publicó en diciembre pasado el gobierno nacional para darle una salida a los proyectos que no se construyeron, las empresas adjudicatarias que quieran abandonar el desarrollo deberán pagar una multa de US$ 17.500 por cada MW de potencia para las tecnologías eólicas y solares y US$ 12.500 por MW para el resto de las energías renovables.

Esto significa que, si una empresa que tenía un proyecto eólico de 100 MW adjudicados tenía que abonar US$ 25 millones si no lo construía (100 MW multiplicado por US$ 250.000) según el contrato original, con la nueva resolución podrá pagar sólo US$ 1,75 millones para salir del RenovAr. Es decir, casi 15 veces menos de lo estipulado en el contrato inicial, un gesto económico significativo que implementó el gobierno para fomentar la salida de proyectos y liberar prioridad de despacho y capacidad de transporte en el sistema eléctrico con el objetivo de permitir que otras compañías construyan nuevos parques.

Problemas en la macro

Desatada la crisis, el dólar subió un 100% solamente en 2018 y el riesgo país se disparó fuertemente (en enero de 2018 estaba 360 y hoy se sitúa en 1.700 puntos) con un impacto directo en el financiamiento de los proyectos porque son elevadísimas las tasas de interés.

Así, el área energética del gobierno de Alberto Fernández se encontró en una situación incómoda administrativamente para reclamar la totalidad de las multas porque las empresas que no llevaron adelante sus proyectos alegan que no pudieron acceder al financiamiento porque el Estado argentino no fue capaz de mantener una economía estable.

Al igual que en otras regulaciones que se implementaron para ampliar el parque de generación como las resoluciones 220 y 1281, las penalidades incluidas en los contratos PPA no son fáciles de liquidar y cobrar por parte del Estado. Dicho de otra manera: no es que el gobierno renunció por motus propio a cobrar US$ 250 millones, sino que por la naturaleza de las multas aplicadas en los PPA’s (que, en última instancia, son seguros de caución y no garantías de primer requerimiento) y la propia incapacidad de la Argentina de mantener las condiciones de borde de la macroeconomía, terminó quedando en una posición de debilidad para percibir esas compensación millonaria por el incumplimiento de los privados.

«Al no ser capaz de mantener la estabilidad macroeconómica como lo demuestra la disparada de los principales indicadores como la inflación, la variación del tipo de cambio y el riesgo país, entre otros, el Estado quedó también en una situación de incumplimiento contractual frente a los proyectos«, admitió una fuente oficial.

Seguros de Caución

Al mismo tiempo, es cierto que las garantías que se plasmaron en los contratos PPA (como también en las resoluciones 287, 21 y la 220 durante el kirchnerismo) funcionan como seguros de caución. No se trata de una garantía que tiene un requerimiento inmediato de liquidez.

Este mecanismo implica que para el Estado es muy complejo cobrar este tipo de garantías, no sólo porque en los últimos años no pudo mantener la estabilidad macroeconómica, sino porque, además, por más que el gobierno quiera ejecutar esas multas, al ser seguros de caución tiene detrás un complejo camino procesal con alto riesgo de judicialización. Probablemente sea muy difícil que el Estado pueda cobrar la totalidad de las penalidades según están redactadas en los contratos del programa RenovAr.

Diseño original

El programa RenovAr estuvo diseñado por el equipo de Sebastián Kind, el exsubsecretario de Energías Renovables de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Desde un principio, el equipo de Kind descontaba que en las distintas licitaciones para adjudicar parques de generación de energía renovable iba a haber una cantidad de proyectos que iban a quedar en el camino porque no se iban a concretar. Según los cálculos del sector en ese momento, un 20% de los proyectos del RenovAr no se iban a construir, según detalló a EconoJournal un ex colaborador de Kind.

¿Por qué se avanzó entonces con este esquema de multas?

La idea era que con este esquema de las garantías haya más oferentes que se animen a entrar al programa con precios de la energía más bajos. Es decir, la idea de flexibilizar las garantías es que así se permita más competencia (precios más bajos) que, a su vez, al estar traccionada por actores más endebles, provoquen una baja en el precio de referencia de las distintas subastas del programa RenovAr.

En concreto, el gobierno de Macri que impulsó el RenovAr flexibilizó las garantías para que haya competencia y baje el precio, que fue lo que terminó sucediendo con las Ronda 1, 1.5, 2 y 3. Incluso, si no se hubiese desatado la crisis financiera y económica de 2018, la participación en las licitaciones de estas empresas que no contaban con una presencia histórica en el sector de energías renovables (por el contrario, tenían un perfil más aventurero y apostaron a hacer un negocio financiero), hizo cumplir con el objetivo de bajar los precios en dólares de la energía generada por los proyecto.