No hay antecedentes de algo así. Cuatro horas antes de que entren en vigencia, sobre las ocho de la noche de ayer, la Secretaría de Energía anuló de manera intempestiva los contratos de transporte de combustibles para centrales eléctricas que se habían firmado hace apenas unos días. Con un agravante: esos contratos, que debían empezar a regir desde hoy 1º de octubre, iban a reportarle al Estado un ahorro millonario en los costos de generación de energía, a raíz de la baja del valor del flete fluvial y marítimo de gasoil que consumen las usinas.

La decisión afecta a dos empresas: Antares y Horamar, que habían sido los grandes ganadores de la compulsa ahora desafectada, con tres líneas de servicio cada una. Y favorece en especial a Maruba, la empresa históricamente asociada al SOMU, el gremio que condujo durante años Omar ‘Caballo’ Suárez, que en la compulsa había perdido dos líneas de servicio, y también a las empresas armadoras Bahía Grande, vinculada al empresario cordobés Horacio Miró, y National Shipping.

EconoJournal consignó esta semana que existía una fuente disputa entre esas empresas navieras, acentuada además por una denuncia contra Antares por la presunta presentación fuera de plazo de documentación respaldatoria de los buques ofertados. Sin embargo, más allá de ese trasfondo espeso, nada hacía suponer una resolución tan inesperada.

Pérdida de credibilidad

La anulación del concurso no hace más que detonar la autoridad de los actores involucrados en el proceso en representación del Estado. Hace apenas 48 horas un colaborador directo de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y principal referente de La Cámpora en la materia, destacó a este medio que los nuevos contratos de servicios de logística de combustibles para el parque termoeléctrico iban a significar una reducción de los subsidios que paga el Tesoro por US$ 54,35 millones en el período 2021-2024. “Conforme el resultado de la convocatoria se estima una reducción de 10,79% (US$ 13,49 millones por año) en el costo total de contratación respecto de la tarifa actual”, detalló el martes de esta semana.  

La licitación para contratar buques tanque para la flota de alijadores que maneja Cammesa ya había sido aprobaba por el Directorio de la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En ese espacio tienen representación tanto Basualdo como el secretario de Energía, Darío Martínez. Sin embargo, ayer a última hora el funcionario neuquino envió una nota a Cammesa en la que ordena que la licitación en cuestión quede sin efecto.

Utilizó la siguiente contorsión argumental: “Si bien en la compulsa referenciada se continúa por el sendero de baja de costos de fletes navales, es para esta Secretaría necesario profundizar en acciones y procesos que redunden en una disminución en general de los costos operativos de Cammesa, y del costo fiscal asociado, valorando y protegiendo siempre el esfuerzo de los trabajadores. En tal sentido, corresponde instruir a Cammesa a que procure un nuevo proceso competitivo a fin de obtener mejores condiciones económicas para la prestación del servicio de transporte marítimo y fluvial de gasoil y fueloil para el abastecimiento de centrales térmicas del MEM. Por ello, se instruye a Cammesa a dejar sin efecto la convocatoria de la referencia”.

Irregular

Por una cuestión procedimental, la nota está firmada por Darío Martínez, pero en los hechos la decisión se tomó fuera de la Secretaría de Energía y explota en la estructura de poder que responde a Basualdo. ¿Por qué? Porque después de que La Cámpora desplazara a Ariel Kogan, mano derecha de Martínez, de la vicepresidencia de Cammesa, en junio de este año, el subsecretario de Energía Eléctrico tomó el control total de la compañía encargada del despacho eléctrico. Darío Martínez firmó la resolución que la cancela, pero en términos operativos esta licitación la gestionó Sebastián Bonetto, gerente general de Cammesa y hombre de confianza de Basualdo, que hoy queda en el centro de escena.

Hasta el martes Basualdo defendía la transparencia del proceso licitatorio. Pero ayer recibió una instrucción vertical desde un escalafón superior en el armado cristinista para que cancele la licitación, arrastrando también a Martínez, que accedió a firmar la nota porque por una cuestión administrativa estaba entre sus competencias, según pudo reconstruir este medio a partir del testimonio de fuentes privadas y estatales.

La desprolijidad en lo formal es de sentido común: la Secretaría de Energía canceló contratos a horas de que entren en vigencia. De hecho, los barcos de Antares y Horamar ya estaban navegando hacia las terminales de carga de combustibles dispuesto por Cammesa para comenzar a operar a partir de las 7 AM de hoy. Un directivo de esas empresas admitió a EconoJournal que en el transcurso de esta mañana analizarán el tema con abogados para evaluar acciones legales contra el Estado por los daños y perjuicios ocasionados.

Inentendible

Si los tiempos de anulación son llamativos, la decisión de extender los contratos vigentes por 60 días —tal como está estipulado en la nota de Martínez a Cammesa— directamente es incomprensible. ¿Para qué extender contratos que incluyen costos logísticos más caros que los que habían surgido de la licitación?

Tendría sentido, en todo caso, si se hubiesen detectado irregularidades y fallas administrativas. Pero la nota del Secretario de Energía no hace referencia a nada de eso. Al contrario, destaca lo actuado por Cammesa. Pero, contra toda lógica, al mismo tiempo que sostiene la necesidad de “profundizar en acciones y procesos que redunden en una disminución en general de los costos operativos de Cammesa”, la nota exhorta a Bonetto a prorrogar por dos meses los contratos vigentes, que implican un perjuicio económico para el Estado.

¿De cuánto? Allegados a Basualdo cuantificaron que los nuevos contratos implicaban un ahorro para el Estado de casi US$ 13,5 millones por año. Al extender los anterior por dos meses y sobre la base de que una nueva licitación demandará, como mínimo, un mes más, la decisión de los autoridades de Energía provocará que el Tesoro pierda, en el mejor de los casos, unos US$3,5 millones de manera inentendible.

“Es vergonzoso. Si la idea era buscar una reducción mayor de los costos, lo esperable hubiese sido que autoricen los nuevos contratos, que ya de por sí acarrean una mejora del 10% del precio de los fletes, y en dos meses o cuando sea lanzar una nueva licitación. Pero, en cambio, se decidió extender la opción más cara aún cuando ya habían firmado una alternativa más barata con los contratos que ya estaban adjudicados y notificados”, analizó un ex funcionario que pasó por la Secretaría de Energía.

Este medio contactó al subsecretario de Energía Eléctrica y al secretario del área, pero ambos declinaron de realizar comentarios.