La presentación del proyecto de Ley de Hidrocarburos se recordará como el instante previo al estallido de la crisis política que estuvo cerca de poner fin al Frente de Todos y dejó al gobierno al borde del abismo. En las primeras filas del Museo del Bicentenario estaba el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien siguió con atención el anuncio del presidente Alberto Fernández y minutos después puso su renuncia a disposición ante los medios, conducta que fue imitada por otros funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El factor desencadenante de esa jugada, que dejó la interna expuesta en carne viva y forzó la renovación del gabinete, fue la histórica derrota que el peronismo había sufrido en las PASO tres días antes, pero la ley de Hidrocarburos quedó en el medio de esa erupción y desde entonces en el sector nadie termina de tener claro si el proyecto quedó enterrado el mismo día de su presentación o si conserva alguna chance de convertirse en ley.

La respuesta a esa pregunta no hay que buscarla cerca del presidente sino de su vice, que controla la mayor parte de la bancada oficialista y su última intervención pública fue una carta furibunda dirigida a Alberto Fernández donde le dejó en claro que fue ella quien lo puso ahí y le terminó pidiendo que honre aquella decisión.

Las críticas del cristinismo

El periodista Horacio Verbitsky dio una primera pista sobre la suerte que podría correr la iniciativa al asegurar el domingo pasado en su editorial dominical que “el proyecto de ley de hidrocarburos podría consolidar, por su parte, la dolarización de la energía, incluyendo el gas, lo cual sería un obstáculo a su posible uso para el crecimiento industrial”.

EconoJournal conversó con fuentes cercanas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las cuáles confirmaron que no hay consenso en torno al proyecto, tal como fue presentado. “La sociedad nos pegó una piña y tres días después el Ejecutivo anuncia un proyecto que institucionaliza por 20 años un plan que dolariza la producción de gas. Hay muchos puntos que se van a discutir. No va a estar aprobado a libro cerrado”, aseguraron.

El Plan Gas.Ar, que fue presentado por Fernández a fines de noviembre de 2020, les garantiza a los productores un precio de 3,55 dólares por millón de BTU. Durante el debate interno, el cristinismo cuestionó con dureza que se concediera ese precio del fluido por considerarlo excesivo. Quien más se opuso fue el interventor del Enargas, Federico Bernal, tal vez la cara más visible de la vicepresidenta en el área energética, aunque no la única. “Bernal es la persona de más exposición en relación con este tema, pero también hay diputados y senadores. Por eso te digo que la ley no va a transitar por un camino asfaltado”, agregan. El proyecto inició ayer su recorrido parlamentario con la exposición que el secretario de Energía, Darío Martínez, realizó en la comisiones de Energía, Minería y Combustibles y Presupuesto y Hacienda del Senado.

Como aclaró el propio Martínez a los periodistas el día de la presentación en el Museo del Bicentenario, el proyecto enviado al Congreso no hace referencia a precios. No obstante, incluye un “Régimen general de promoción de actividades de exploración y producción de gas natural” que prevé una contractualización mínima de 3 años, previsibilidad en el precio, garantía de volúmenes comercializados, exportaciones en firme, libre disponibilidad de divisas del 50% de las exportaciones y eximición del impuesto por la cesión parcial de la participación de un área concesionada. Esa institucionalización del Plan Gas.Ar es uno de los puntos sobre los que no hay consenso.

Precios

En lo que refiere a los precios, sigue habiendo diferencias que seguramente volverán a la superficie en las próximas licitaciones del Plan Gas.Ar. Cerca de la vicepresidenta señalan que se puede pagar menos y seguiría siendo un buen negocio para las empresas productoras.

El riesgo real de ofrecer un precio menor es que eso desincentive la producción y se terminen teniendo que incrementar las importaciones a precios sustancialmente mayores a los 3,55 dólares por millón de BTU que se le concede a la producción local. Frente a ese planteo, desde el cristinismo remarcan que la clave pasa por cómo se negocia desde el Estado con las petroleras y subrayan que la vicepresidenta ha dejado en claro en las pocas intervenciones públicas que tuvo en el último año y medio las directrices de política que se deben seguir.

Incluso recuerdan que uno de los puntos en los que puso énfasis es en la necesidad de que los funcionarios mejoren su desempeño. “Los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar las manos y los brazos ante el mínimo impedimento. Cuando uno es funcionario tiene que ser terco, no para no escuchar, no para no debatir sino para que en la primera que te sale mal o que te sale uno a cruzar, no abandones y te vayas a otra cosa porque te da temor seguir con lo que tenés que hacer”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner en el cierre de campaña en Tecnópolis.

Por último, cerca de la vicepresidenta aclaran que si bien hay sectores dentro del kirchnerismo que por sus responsabilidades de gestión tanto en la secretaría de Energía como en YPF pueden llegar a respaldar públicamente el proyecto, hay otras visiones dentro del mismo espacio que plantean diferencias y que son las que se pondrán de manifiesto en la discusión parlamentaria.