En una saga que bien podría ser una novela por entregas, el área energética del gobierno y Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, se trenzaron en una discusión técnico-legal sobre la forma en que la administración de Cambiemos realizó la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el período 2017-2021.

El Ente Regulador de Electricidad (ENRE), que hoy dirige Soledad Manin, publicó hace 10 días una auditoría que cuestiona duramente ese proceso y recomienda la anulación del mismo. Tres días más tarde Edenor envió una contestación a ese documento, en la que critica punto por punto los ejes centrales de lo auditado por el organismo eléctrico. EconoJournal publicó ayer una nota en la que aborda ese contrapunto.

Cuando parecía que el tema estaba concluido, ayer a primera hora de la tarde, el ENRE, que en los hechos depende de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, envió a este medio un documento en respuesta a Edenor, en el que retoma los argumentos esgrimidos por la distribuidora, que pertenece a Pampa Energía y está en proceso de venta al grupo Vila-Manzano-Filiberti. La cartera apuntó a defender argumentalmente la auditoría inicial realizada por el ente regulador. A continuación se presentan los principales títulos de la respuesta enviada por la Subsecretaría.

I) Grave situación económico-financiera de Edenor

• ¿Qué dice Edenor?

Mediante su carta el ENRE, la distribuidora planteó que «en la Auditoría Final se afirma equivocadamente que «detrás del lema de defensa de la transparencia», el gobierno de Cambiemos impulsó una política deliberada de «mejora de ingresos de las concesionarias”. “No hubo tal transferencia de ingresos a las distribuidoras sino un reemplazo de los subsidios que antes cobraban del Estado Nacional por una mayor participación de los usuarios en la cobertura de los costos del servicio prestado por las distribuidoras”, justificó la distribuidora.

• ¿Qué le respondió el ENRE?

“Resulta llamativo el enfoque que brinda Edenor sobre la ‘grave situación económica-financiera’. Si bien es real que, en el año 2015, la empresa recibió subsidios del Estado Nacional a través de la Res. SE Nº 32/2015, se debe resaltar que dicha resolución le permitió obtener un resultado operativo de $ 2.241,7 millones y un resultado neto de $1.142 millones garantizando una rentabilidad extraordinaria sin que se pudieran auditar el destino de los fondos involucrados ante el cambio de gestión».

«En efecto, a partir del año 2016 se comienzan a implementar estrategias para mejorar los ingresos de las distribuidoras. La primera de ellas es a través de la Res. ENRE Nº 1/2016 en donde se aplica el “Régimen Tarifario de Transición” y de la Res. MINEM 6/2016 que estableció nuevos precios de la energía», continuó.

«En este sentido, en un mes (de enero a febrero de 2016) un usuario residencial promedio pasó de pagar 30 $/mes a 183 $/mes por el consumo de energía eléctrica resultando en un incremento del 510%. No parecería ser una “tarifa ni justa ni razonable” en los términos de la Ley 24.065«, cuestionó la Subsecretaría. Y agregó: «Sin embargo, y tal como se expuso a lo largo del Informe, la RTI aplicada en febrero 2017 no resultó de la magnitud de los ingresos aprobados por el ENRE porque a través de una nota emitida por el Ex Ministro de Energía y Minería a las autoridades del ENRE, se decidió “topear” el incremento que le hubiese correspondido según la RTI a un 42% respecto de los ingresos del 2016».

«En consecuencia, existió una política que tuvo como objetivo mejorar el ingreso de las concesionarias, sólo que ante la adversidad de la situación que se estaba evidenciando por parte de los reclamos de los usuarios ante el “tarifazo” implementado en el 2016 (tanto en gas como en energía eléctrica) decidieron postergar parciamente la aplicación de los ingresos reconocidos a las empresas, pero manteniendo dicha diferencia inalterable en términos reales para la distribuidora, no así para los hogares, comercios e industrias que vieron reducir su poder adquisitivo», señaló la Subsecretaría.

«Por su parte, el incremento significativo de las pérdidas no técnicas es parte de la responsabilidad empresarial y, en efecto, parte de los ingresos reconocidos son para llevar adelante una gestión de cobranzas eficiente. En consecuencia, se evidenciaban graves errores de estimación, al suponer que la quita de subsidios más el reconocimiento de mayores ingresos a las distribuidoras no iban a impactar en el consumo energético de la población tal como se verificó especialmente a partir de 2017, en particular al segmento industrial”, analizó la Subsecretaría.

Base de capital: A. Utilización del método del VNR

En este punto Edenor afirma que en el Informe se adoptó la metodología del VNR en detrimento del Flujo de Fondos de donde surge esa justificación. “Si bien el ENRE no realizó un detallado análisis técnico de los métodos involucrados, expresamente señaló que eligió el método del VNR porque el de Flujo de Fondos arrojaba una tarifa sustancialmente mayor. En este sentido, el ente regulador reconoce que este último método «terminó arrojando como resultado un requerimiento de ingresos elevado (47% superior al finalmente aprobado), por lo que se lo terminó desestimando”, afirmó Edenor.

Respuesta del organismo regulador: “La utilización del método de flujo de fondos fue desestimado por el ENRE, no a través de un análisis exhaustivo del método, sino como “justificación” para considerar la propuesta de la Concesionaria que optó por el VNR porque consideraba que “la base de capital basada en valores contables ajustados por índices de actualización no es representativa del valor de los activos requeridos para prestar el servicio en las condiciones de calidad establecidas en el Acta Acuerdo, por lo tanto no se efectuó la determinación de su valor”. (1 Informe “Revisión Tarifaria Integral (RTI) -2016 Propuesta Tarifaria”. EDENOR, 05/09/2016.)

En ese sentido, el ENRE, a partir de los costos “aprobados” por el organismo los incorporó en un flujo de fondos sin justificar por ejemplo el cálculo de impuestos, lo que efectivamente determinó un ingreso superior al aprobado. En realidad, más que la selección de un método, lo que se estaba avalando eran los costos propuestos por la distribuidora, sólo que, por medio del flujo de fondos, los resultados hubieran sido completamente inaplicables, aún más de los que efectivamente se aprobaron y tampoco pudieron llevarse a cabo en forma total”.

B. Error al analizar la base de capital

Edenor interpretó que: “En el Informe Final el ENRE sostiene que, si bien no hay diferencia significativa entre el VNR presentado por Edenor y el calculado por el ENRE, se observa un comportamiento totalmente distinto respecto de las depreciaciones: las aprobadas por el ENRE serían un 22% menores a las informadas por el distribuidor. Este análisis erróneo parte de no tener en cuenta que el ente regulador excluyo del VNR los activos totalmente amortizados. La tabla transcripta y estas apreciaciones muestran el desconocimiento de los autores del Informe Final acerca de la Base de Capital Regulatoria (BCR) de Edenor ya que se presentan datos incompletos sobre el VNR aprobado y se llega a conclusiones infundadas”, argumentó la empresa de Pampa Energía.

Sobre este punto, el organismo de Energía Eléctrica respondió que “resulta atractiva la respuesta de Edenor en relación a la Base de Capital Regulada aprobada por el ENRE en el marco de la RTI. Sin embargo, en el Informe de Auditoría hace referencia a que en la información vertida en los expedientes no se desprende que el regulador excluyó a los activos totalmente amortizados en cuyo caso debió ser $0. Sino simplemente hay valores arbitrarios que no reflejan las fórmulas de depreciación”. “En consecuencia, lo que allí está vertido como conclusiones, son las que se desprenden del análisis de la información disponible para la auditoría, no las que evidentemente Edenor le envío al regulador como “dato” para ser considerada en la RTI”, indicó.

C. Confusión sobre la rentabilidad sobre los activos

Edenor consideró que: “Se hacen afirmaciones confusas y tendenciosas sobre la rentabilidad que se obtiene sobre el capital invertido. Por ejemplo, se afirma que «si bien el accionista realizó un aporte inicial y puede hacer aportes a lo largo de la concesión, valuar su rentabilidad considerando los activos regulatorios y las inversiones que realizan con lo recaudado con la tarifa, implica rentabilizar a las distribuidoras por un esfuerzo económico que, en definitiva, realizan los usuarios”. Y agrega la empresa: “en el informe final, de forma confusa, parecen desconocerse los principios más elementales de cualquier regulación de servicios públicos (tanto en Argentina como en el mundo)”.

El gobierno recogió el guante y afirmó que “no es llamativo este tipo de explicación que proviene de una empresa privada cuyo objetivo claramente es la rentabilidad”. “No necesariamente en todas las metodologías de regulación de servicios públicos se ‘rentabiliza’ el capital invertido no importa su procedencia. En el caso de que la expansión se haga vía tarifas o vía subsidios, implica ciertamente una transferencia de ingresos de los usuarios a las empresas, quien, en realidad, a través de la propia rentabilidad debería invertir para expandir/renovar la red de distribución. No es el caso de Edenor, que se trató de una empresa del Estado que ha sido privatizada y todos sus activos son en realidad del Estado Nacional”, interpretó.

D. Contralor sobre el valor de los activos

En su presentación, Edenor indicó que “en relación con el valor de los activos considerados en la base de capital, en el informe (del ENRE) se afirma que «se aceptaron los datos provistos por las empresas sin hacer un relevamiento o contar con un seguimiento actualizado de los activos en cuestión»”.

“Si bien es cierto que no se realizó una auditoría de bienes, los precios de los bienes utilizados en el marco de la RTI resultaron de los precios en el mercado, de licitaciones realizadas por los distribuidores, de cotizaciones llave en mano, etcétera. Además, esos valores fueron verificados y/o modificados por Quantum, la consultora contratada por el ENRE para asesorarlo durante la RTI. Ello puede verificarse, por ejemplo, en las fojas 1187 y 1188 del expediente de la RTI”, indicó la empresa.

En relación con este punto, central para la determinación monetaria de la base de capital, la Subsecretaría de Energía Eléctrica informó que “se ha constatado en la auditoría que el capital físico existente al 31/12/2015 no fue relevado por el ENRE, sino que tomaron los datos de las empresas Distribuidoras (por sistema) o bien por muestreo de las consultoras contratadas por las Distribuidoras para tal fin, por consiguiente, que la valuación sea con “precios de mercado” no dice nada sobre su veracidad”. “En consecuencia, y tal como se expuso a lo largo del Informe de Auditoría, la valuación del capital físico es inverificable dado que se realizó a través de cotizaciones a proveedores que se desconoce su procedencia”, respondió.

Inversiones

Sobre esta cuestión, Edenor indicó que “en primer lugar, es incorrecto afirmar que el ENRE incorporó a la base de capital un promedio del 25% adicional en concepto de inversiones para el quinquenio, que se suman a la remuneración tanto de la rentabilidad como de amortizaciones”. “De acuerdo con la RTI, sólo se activan las inversiones realizadas. En efecto, las inversiones proyectadas no se incorporan a la base de capital regulatoria. Sólo se incorporan aquellas inversiones puestas en servicio y auditadas por el ENRE en el año anterior (a través del mecanismo del cálculo del Factor Q). En tercer lugar, el ENRE afirma (equivocadamente) que las inversiones de Edenor que sustituyen activos existentes «son sólo 10%». Las inversiones de sustitución de Edenor representan más del doble de ese valor. El ente regulador parece confundir el porcentaje no amortizado de las inversiones de renovación con la participación de esas inversiones en las inversiones totales. En cualquier caso, estos errores invalidan las conclusiones a las que se arriba en el informe final. En cuarto lugar, no existe duplicación alguna relación con la activación de intereses y personal”, cuestionó la empresa.

En lo que se refiere a este punto, la cartera que responde a Basualdo respondió que “como se menciona en el informe de auditoría, el Factor Q captura el incremento del CPD necesario para el año “n” para cubrir el costo de capital (remuneración al capital y depreciación) y los costos de explotación derivados de las inversiones realizadas por la empresa en el año “n-1” (con el criterio de puesta en servicio y no de los desembolsos)”. “El hecho de afirmar que las inversiones se incorporan a la base de capital no implica que se incorporen en la misma cuantía a la remuneración o reconocimiento de ingresos, como pretende tergiversar Edenor a partir de una exposición confusa de extractos del Informe”.

“En segundo lugar, es imprescindible identificar las inversiones destinadas a sustituir o mejorar activos existentes a diciembre 2015 para que no se suponga el costo de capital del activo existente y el que surge de las inversiones de renovación puestas en servicio. En este caso, no se pone en pie de igualdad el porcentaje de participación de las inversiones de renovación en las inversiones totales frente al porcentaje valor no amortizado del activo que la inversión de renovación viene a reemplazar, sino que se afirma que resulta sobresimplificada la forma de deducir las inversiones que sustituyen activos existentes. Teniendo en cuenta que era la primera RTI luego del inicio de la concesión y que el relevamiento de la infraestructura (no sólo su existencia sino su operatividad efectiva y vida útil remanente) fue presentado por la empresa y corroborado parcialmente por la empresa Quantum en un lapso de meses, no parece adecuado no realizar un análisis más profundo de este aspecto”, continuó la dependencia.

“Además como se menciona en el Memorandum del ENRE donde se presenta el análisis de la propuesta de la empresa, no es posible identificar para todas las inversiones por reposición el activo que sustituyen. Por último, cabe señalar que el ENRE aprobó el Plan de Inversiones presentado por la empresa con unos leves ajustes. Sin embargo, este Plan era por demás ambicioso (por ejemplo superó en más de $ 10.000 millones las inversiones propuestas por Edesur). La magnitud del Plan hacía suponer su difícil capacidad de ejecución y esto queda demostrado por el desempeño posterior de la empresa. A nivel global, en los años 2017 y 2018, Edenor no llegó a cumplir con la puesta en servicio de las obras comprometidas en el Plan de Inversiones, detrayendo parte de los ingresos que le hubieran correspondido si se habría cumplido la incorporación las inversiones. Si me toman las unidades físicas, en el período 2017-2019, Edenor puso en servicio el 56% de los kilómetros de línea de media y baja tensión que se había comprometido”, criticó el organismo.

Costos de explotación y mantenimiento

El ente señaló que “a lo largo de este apartado, Edenor esgrime argumentos en contra del informe de auditoría (en relación a las inversiones, a los costos de OyM) justificando que luego de 15 años de ‘congelamiento’ era urgente y necesario actualizar las tarifas y adaptar la red a la demanda”. “Es llamativo encontrar inconsistencias a lo largo de este “descargo” dado que la empresa da cuenta en muchos párrafos que han recibido ingresos por otras vías. En efecto, en la primera frase del informe comienza diciendo que la RTI se trató de una sustitución de ingresos de subsidios por tarifa (es decir traslado a los usuarios)”, añadió.

Evolución de las tarifas eléctricas

El ENRE indicó que “Edenor pretende decidir qué parte de la política tarifaria puede ser abordada en un informe de auditoría que está establecido bajo la Ley 27.541. El análisis de las tarifas de energía eléctrica, no se puede aislar de lo que efectivamente el usuario paga por todo concepto. En efecto, no tiene por qué saber los diferentes componentes de la factura y por lo tanto el análisis debe contemplar la totalidad de los costos”. “Lo que el informe da cuenta no es sólo la política en el segmento de distribución, sino la política tarifaria en todos sus aspectos. Claramente aislar los ‘conceptos’ sería un análisis parcial de lo sucedido entre 2015-2019 en este sentido”, agregó.

Calidad del servicio

• ¿Qué respondió la cartera eléctrica?

En relación con el apartado de calidad de servicio, la Subsecretaría indicó que “la nota de Edenor critica la auditoria, cuando lo único que allí se manifestó es una crónica de las resoluciones emitidas por el ENRE, donde efectivamente se establecieron senderos de calidad que eran de fácil cumplimiento para las distribuidoras los primeros años de la RTI, porque justamente el punto de partida fue a través de la selección de un período arbitrario que daba ‘aire’ a las empresas para que cumplan con los objetivos de calidad”.

Y continuó: “En consecuencia, la flexibilización de los parámetros para evaluar la calidad de servicio técnico derivó en que las distribuidoras obtengan un mejor resultado del que deberían haber tenido si se aplicaba la metodología anterior a la RTI, minimizando de esta forma las sanciones y otorgando así un grado de ‘éxito’ a la política tarifaria que no fue tal”. “En efecto, quedó visibilizado en el Informe de Auditoria el cambio significativo que se imprimió en la RTI, el cual estableció una subdivisión de cada una de las áreas de concesión en partidos de PBA y comunas de CABA, que acepta diferentes niveles de calidad para distintos usuarios dentro de una misma área de concesión. Es decir, que se establecieron múltiples objetivos de calidad de servicio para un mismo cuadro tarifario, avalando que usuarios con igual tarifa obtengan un servicio diferenciado. Aún donde el esfuerzo para mejorar los índices de calidad es mayor en los partidos con una peor calidad de servicio, las asimetrías establecidas en el Objetivo de Calidad de los indicadores quedan manifiestas”, argumentó. Y concluyó: “Claramente estás áreas pueden tener diferente topología de red (área o subterránea), sin embargo, Edenor justifica dichas asimetrías indicando que los usuarios con peor servicio recibirán una “bonificación” en sus facturas. De esta manera, considera que la falta de luz (servicio público) se compensaría con menor tarifa como si fuesen cuestiones intercambiables, mostrando a las claras que el servicio Público de energía eléctrica se trata de una mercancía más”.