Pablo González, presidente de YPF, está negociando con la primera plana del gobierno un acuerdo que ordene cómo evolucionarán los precios de los combustibles durante los próximos meses. Se trata, en los hechos, de conseguir el aval del presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para establecer una escalera de subas que se concretarán entre marzo y julio, antes de que se instale definitivamente la agenda electoral. Está implícito que a partir de ese mes se obturará la posibilidad de actualizar los precios en surtidores para no afectar el ánimo de la opinión pública de cara a los comicios legislativos.

¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo que persigue YPF?

Con Economía se está acordando que el Estado resigne parte de la recaudación de los impuestos que gravan el expendio de combustibles. En los primeros dos meses del año, las refinadoras —YPF, Axion Energy, Raízen y Trafigura— funcionaron como una especie de agentes de retención.

La mayor parte de los aumentos de estos meses sirvieron para trasladar a surtidores:

a) el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono.

b) la depreciación del tipo de cambio

Y c) la actualización del precio de los biocombustibles que se mezclan con las naftas y el gasoil.

En definitiva, en los últimos meses, YPF y el resto de las petroleras pagaron el costo político de realizar subas consecutivas (pequeños aumentos) que se originaron en cuestiones exógenas a la variación del precio del crudo. El mandato es que eso cambie a partir de ahora. ¿Qué implica eso? Básicamente, que el Ministerio de Economía negocie un esquema de aumentos para los próximos tres o cuatro meses en lugar de ir definiendo mes a mes qué hacer con los precios en surtidor. Esa fórmula no funciona, ni sectorial ni políticamente.

Postergación de impuestos

El importe del ICL debería actualizarse mañana en función de la inflación registrada en el último trimestre. Según pudo saber EconoJounal, se acordaría con Economía que ese ajuste —que por sí sólo motivaría un salto del orden del 2,5% del precio final de las naftas— no se aplique o, al menos, no por completo.

El Estado resignará esa recaudación para hacerle lugar a la recomposición del margen de refinación de las petroleras, que se vio afectado desde mediados de febrero por el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que hoy cotiza casi a 70 dólares (en diciembre cotizaba a US$ 55). El escenario de máxima que se negocia con Economía es que la actualización del ICL se postergue hasta noviembre (después de las elecciones). O al menos hasta junio.

Achicar el atraso en surtidor

Con el Brent orillando los 70 dólares, el atraso del precio local del crudo —que en marzo se pagó entre 51 y 52,50 dólares— y el export parity ronda el 20 por ciento. La ventana de oportunidad para achicar esa brecha expira en julio, coinciden en la industria, antes de las PASO previstas para agosto. Después, habrá que esperar hasta fines de octubre o principios de noviembre (después de las elecciones) para volver a mover los precios en surtidor.

Es difícil ordenar ese desbalance en un escenario en el que el tipo de cambio se corre entre un 2% y un 4% por mes. Pero, en YPF y el resto de las petroleras, el objetivo es limar un poco esa diferencia o, en el peor de los casos, evitar que se incremente por la devaluación.

Lo más probable, entonces, es que si el aumento de los combustibles se concreta este fin de semana, como es muy probable, la suba se ubique en torno al 5 por ciento. Algunas de las fuentes del mercado de refinación consultadas por este medio se animan a pronostica un aumento más cercano al 6% o 7%. Más allá de esa discusión final, en lo conceptual la idea es que las naftas vuelvan a aumentar al menos dos veces más antes de las elecciones, también en la banda del 5 por ciento. Si eso sucede, la intención oficial es que el precio interno neto del crudo se ubique cerca de los 52 dólares.

“Con el dólar deslizándose a esta velocidad mensual, hay que aplicar un aumento de al menos un 5% para recortar la distancia que nos separa con los precios de paridad exportación. No sirve subir un 3% como viene sucediendo porque igual quedaríamos muy lejos”, advirtió el ejecutivo de una petrolera.

Otro de los puntos que YPF puso sobre la mesa es la necesidad de congelar el precio regulado de los biocombustibles. En enero, la Secretaría de Energía autorizó una suba gradual de hasta un 90% del bioetanol y biodiesel que se mezclan con las naftas. Ese incremento terminará de efectuarse, según lo establecido por resolución, en mayo. Una vez en ese punto, la tonelada de biodiesel costará casi el doble que la de gasoil. La hoja de ruta sobre la que trabaja el gobierno es que el importe de los bios que define Energía quede congelado hasta después de las elecciones.

El costo de no actualizar los precios

YPF, el mayor productor de hidrocarburos del país, anunció la semana pasada inversiones por US$ 2700 para 2021. Cerca del 60% de la facturación de la compañía proviene de la venta de naftas y gasoil. Si el precio de los combustibles no acompaña la depreciación del tipo de cambio y sigue la tendencia del precio internacional, la petrolera bajo control estatal no podrá asegurar la caja necesaria para realizar esos desembolsos.

Para las refinerías no integradas, como Raízen y Trafigura, un escenario de congelamiento o acentuación del atraso en los precios las obligaría a reducir el nivel al que corren sus destilerías. Pueden vender combustibles con escaso margen durante algunos meses, pero no durante todo un semestre. Con lo cual, si no hay una recomposición de los precios, lo más probable es que el mercado se empiece a cuotificar de forma tal que cada refinador entregue la menor cantidad posible de productos, tensando el abastecimiento fundamentalmente del mercado mayorista.