La Subsecretaría de Energía Eléctrica, que dirige Federico Basualdo, se reunió la semana pasada con representantes de Ageera, la asociación que concentra a las principales empresas eléctricas (Pampa Energía, Central Puerto, Enel y AES, entre otras), para avanzar en el principal reclamo de los privados: la actualización de la resolución 31/2020, que define cuánto cobran los generadores por producir energía en las centrales térmicas e hidroeléctricas que no cuentan con un contrato en dólares con Cammesa.
Esas plantas, que en su gran mayoría ya están amortizadas y se conocen en el mercado como ‘potencia o generación vieja’, son remuneradas sobre la base de precios y valores definidos por la Secretaría de Energía. Son cifras que están expresadas en pesos en la resolución 31/2020, que contempla también una fórmula de ajuste automático por inflación e IPIM.
Sin embargo, en marzo del año pasado, cuando se declaró la primera cuarentena por la expansión del Covid-19, el ex secretario de Energía Sergio Lanziani firmó una medida que suspende la actualización automática de las remuneraciones. En la práctica, los ingresos que perciben las generadoras por la operación de las ‘centrales viejas’ están congelados desde hace 11 meses.
¿Qué plantean las empresas?
Argumentan que por la inflación —cerró en un 36,1% en 2020— y la depreciación del tipo de cambio, se les complica costear las tareas de mantenimiento de las centrales y la reposición del stock de repuestos. Una parte de esos insumos (fundamentalmente los ligados al acero o al hierro) cotizan a valor del dólar paralelo, que el año pasado prácticamente duplicó su valor.
Por el deterioro de su caja, las empresas discontinuaron inversiones. ¿Qué significa eso en los hechos? Que el parque de generación termoeléctrica es hoy más frágil que un año atrás. La capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto es más endeble.
Como las compañías dejaron de reponer los repuestos que se usan, las chances de solucionar nuevos desperfectos se irán reduciendo. Muchas de las históricas centrales del AMBA —que son importantes para garantizar los picos de consumo en el área metropolitana— atraviesan ese dilema.
“La realidad es que los ingresos no alcanzan para pagar los costos de mantenimiento en varias máquinas que siguen siendo necesarias para el sistema”, explicó el directivo de una generadora.
A nivel federal
EconoJournal publicó ayer que la Subsecretaría de Energía Eléctrica está explorando alternativas para garantizar la continuidad de la Central Térmica Patagonia, propiedad de la empresa Energía del Sur. La empresa tenía un contrato con Cammesa bajo el paraguas de la resolución 220/2007 (con una TIR del 11% auditada por el Ministerio de Energía), que expiró en septiembre del año pasado. Con esos ingresos en dólares —facturados por la operación de una turbina de vapor que cierra el ciclo de la planta— subvencionaba los costos de dos turbinas de gas que se remuneran a través de la resolución 31/2020.
El resultado acumulado de los últimos 10 balances de la empresa, a los que accedió este medio, fue una pérdida de 37,5 millones de pesos. Por eso, Energía del Sur —que es controlada por accionistas locales y británicos— nunca liquidó dividendos entre sus propietarios.
¿Qué evalúa el Estado?
Basualdo está revisando los números antes de tomar una decisión. Si repusiera la fórmula de ajuste de la resolución 31/2020, los ingresos de las generadoras deberían aumentar un 31% (hasta diciembre de 2020) o un 35% (hasta enero de 2021). Desde la Secretaría de Energía evitaron realizar comentarios ante la consulta de este medio
- La resolución 31/2020 remuneró un 57,4% de la energía que se generó en 2020. El 42,3% restante se pagó por medio de contratos PPA firmados con Cammesa.
Según un informe de Adeera, la asociación de distribuidoras eléctricas, el costo de la energía representa un 41% de la factura final que pagan los usuarios. La mayor parte de ese número (casi un 50%) se destina a la compra de combustible, que está casi monopolizada por el Estado.
El presupuesto que implica el costo de la resolución 31/2020 (que remunera la generación vieja) representa un 4,5% de la factura final que pagan los usuarios de la electricidad.
“Es sólo una décima parte de ese 41% al que hace referencia Adeera. Es decir que la resolución 31 permite generar casi un 60% de la energía que consume el país, pero sólo se lleva un 11% del costo total de generación del país”, explicaron desde una empresa.
De esos números se desprende que un aumento cercano al 30% de los valores que figuran en la resolución 31/2020 tendría un impacto de entre un 1% y un 2% para los usuarios finales o un proporcional en subsidios del Estado si esa suba no se traslada a las tarifas.
Con todo, la Subsecretaría de Energía Eléctrica no tiene definido qué hacer. Es probable que se aplique un ajuste de los precios a partir de febrero, pero ese cambio podría anunciarse el mes que viene de manera retroactiva.
