La Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Distribuidoras Eléctricas (Adeera) manifestaron su preocupación ante la escalada oficial contra la empresa distribuidora de electricidad Edesur.
La Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, fundada en 1884, expresó en un comunicado: “Expresamos nuestra fuerte preocupación con respecto a la información que en los últimos días está circulando, según la cual se podría revocar la concesión y estatizar a la empresa Edesur, perteneciente al grupo italiano Enel, cuyo principal accionista es el Estado Italiano”. Y agregó: “El compromiso de Edesur con la prestación de un servicio de calidad en las comunidades donde opera, que incluyen las áreas más críticas y vulnerables del conurbano, ha sido ampliamente demostrado con 720 millones de dólares de inversión en los últimos 4 años, destinada a optimizar la red de tendido eléctrico, incluyendo obras de re-potenciamiento de 10 subestaciones, 359 centro de trasformación, 1.032 telemandos y 1.100 km de red en la Provincia de Buenos Aires. Como resultado de las obras, desde 2016 a la fecha se han reducido los cortes de energía en un 40%”.
“A pesar de todo lo hecho, queda por resolver –como señalado por la empresa en reiteradas ocasiones- el problema estructural de las 81 bocas de expendio en las que es necesario que las autoridades municipales normalicen los barrios carenciados, que además adeudan su consumo desde el año 2011, por un monto que asciende a los 3.000 millones de pesos, que con el congelamiento tarifario reducirá las posibilidades de la empresa de encarar nuevas inversiones”, añadió.
Por su parte, la CAC expresó su “preocupación ante los pedidos para que le sea quitada la concesión del servicio eléctrico a la empresa Edesur. El respeto por la propiedad privada y la normativa vigente son elementos claves para fomentar la inversión productiva, materia en la que Argentina registra un rezago notable y que es un pilar fundamental de los procesos de crecimiento de las naciones. Es por ello por lo que aquellas acciones tendientes a incumplir los contratos resultan negativas no solamente para las partes directamente perjudicadas sino también para el conjunto de la Nación, que de este modo se aleja del progreso económico y social al que aspira. Ante los reiterados cambios en materia regulatoria que afectan al sector eléctrico, se impone un proceso de negociación que no afecte la seguridad jurídica. La CAC aboga por que sea el diálogo el canal para la resolución de las diferencias, procurando lograr una adecuada prestación del servicio para el público usuario y el pleno respeto de los derechos de la empresa concesionaria”.
Por último, Adeera manifestó en un comunicado con el título “Las distribuidoras eléctricas requieren de un marco estable para fomentar las inversiones”, que: “Este escenario se sostiene a pesar de la importante caída en la recaudación de los últimos meses y de las dificultades que las actuales circunstancias producen sobre la operación del servicio. Todo esto se ve potenciado por el hecho que las distribuidoras tuvieron que asistir a muchos de sus usuarios, a través de planes de financiación, postergación de los cortes por falta de pago e inclusive reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios, como así también la implementación en tiempo récord de sistemas de atención virtual”.
También, destacó: “En este sentido resulta necesario aclarar que del importe total de las facturas de electricidad que reciben los usuarios, sólo el 30%, en promedio, corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que representa el único ingreso que reciben las Distribuidoras para operar, mantener y ampliar las redes que permiten mantener el servicio eléctrico. Asimismo, el VAD no se actualiza desde hace dos años en la mayoría de las distribuidoras del país, ya sean estas públicas, privadas o cooperativas, en un contexto de inflación. La problemática antes mencionada resulta de tal magnitud que dificulta sensiblemente la normal prestación del servicio con independencia de quien tenga a su cargo la gestión del mismo, sea éste un actor público o privado, produciéndose además graves repercusiones fiscales”.
Y concluyó: “ahora más que nunca las distribuidoras requieren garantizar el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria, de tal manera de poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo”.
